Acuerdo a conveniencia

Flanqueado durante cerca de diez horas por su secretario de Asuntos Jurídicos —lo cual es lógico—, pero extrañamente también por el director del Organismo de Inteligencia del Estado, Mauricio Funes condujo el pasado martes 24 de julio una reunión para —según el sitio electrónico de Casa Presidencial— poner a disposición sus buenos oficios y "facilitar el diálogo y el entendimiento", de cara a "la situación crítica que tiene origen en el conflicto de poderes entre la Honorable Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia". Al final, lo que pudimos observar no fue más que un nuevo parto de los montes.

De la primera lectura del documento producido durante la encerrona se concluye que, con los compromisos adquiridos ese día y plasmados en esa acta, no se busca salir de la crisis coyuntural para comenzar un proceso serio encaminado a evitar que estas situaciones se repitan. Lo que se advierte más bien les la decisión de darle largas al asunto y esperar que —tras la vacaciones en ciernes— la mano que mece la cuna ya no esté tan pendiente de esta crisis.

Antes de convocar a ese encuentro, Funes logró resistir la avalancha de críticas que recibió por los desaciertos en que incurrió; desaciertos con los que avaló el impresentable proceder de la alianza parlamentaria y mediática del FMLN y sus comparsas de turno. Pero no aguantó que la embajadora estadounidense en el país, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, se convirtieran en la mano que mece la cuna de las instituciones nacionales y de los funcionarios que las dirigen de tan mala manera, al punto de poner en peligro recursos que necesita El Salvador y que provienen de la ayuda internacional.

Por ello, lo esencial de esa acta de compromiso no es lo que aparece en su primer numeral, sino lo que se dice al final, en el sexto: "Todos los participantes de esta mesa compartimos los anhelos de nuestro pueblo de continuar con el acceso a los diferentes programas institucionales, en especial los de cooperación internacional que benefician a los grupos poblacionales más vulnerables". Y es que esos dineros, sobre todo los del Fomilenio II y del Asocio para el Crecimiento, los necesita Funes para terminar sin mayores sobresaltos lo que le queda de su período y no dejar tan mal su imagen. Y gane quien gane las próximas elecciones, también servirán para la gestión presidencial por venir y para beneficio del partido del caso.

Es, pues, una iniciativa impulsada más bajo presión que por la convicción de un mediador parcializado y de unas partes interesadas más en lo suyo que en el país, quizás con la única excepción de Cambio Democrático. Y cuando las cosas se hacen por lo primero y no por lo segundo, van acompañadas casi siempre de trampa, subterfugios o —dicho en buen salvadoreño— maña, lo que se observa en el contenido de los otros compromisos incluidos en la mencionada acta.

Para apaciguar a la mano que mece la cuna, los partidos políticos se comprometieron a "normalizar el funcionamiento del sistema de administración de justicia en el más corto plazo posible" mediante "acuerdos políticos dentro del marco constitucional y legal". Primer cuestionamiento: quienes han alterado el buen funcionamiento del sistema han sido, precisamente, los políticos que, por un lado, se empeñan en desobedecer las sentencias de la Sala de lo Constitucional —con la complicidad de Casa Presidencial— y que, por el otro, buscan jalar agua para su molino dándose baños de pureza en medio del relajo.

Además, dicen que van a acatar los fallos de constitucionalidad o inconstitucionalidad bajo las siguientes condiciones: respeto al texto de la Constitución y a "la separación de atribuciones e independencia de los órganos de gobierno", así como al "reconocimiento de que el único mecanismo para modificar la Constitución de la República es el previsto en el artículo 248 de la misma". De esa forma, corregida y aumentada versión del decreto 743, están volviendo a la carga contra la Sala de lo Constitucional; así, hoy, están legitimando en el ámbito de la política partidista el decidir si acatan o no sus sentencias. Es, como dijo alguien por ahí, "un giro de 360 grados".

Mucho cuidado. Es posible que aquellos que han presionado no se traguen este cuento y terminen más molestos. Si a lo anterior se agrega que todo lo pretenden hacer a escondidas, en reserva, están jugando con fuego, porque eso abre las puertas a otro reparto del pastel a conveniencia, para que desde sus intereses mezquinos no hayan, como dice Funes, ni vencedores ni vencidos.