Al oído de José Miguel Insulza

Señor Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, mejor conocida como la OEA, sabemos que su presencia en nuestro país este jueves 12 de julio no tiene que ver con lo que queremos comentarle. Más adelante se verá si resultan provechosas para El Salvador y la región sus reuniones con los líderes de las maras o pandillas salvadoreñas, y con los promotores visibles de la afamada tregua entre estas; también con Mauricio Funes y funcionarios de su Gobierno que antes escondieron la mano y hoy la alzan orgullosos para agradecer a quienes alaban su éxito. No es de ellos que vamos a hablarle, sino de delincuentes con saco y corbata, porque es un delito contra la patria lo que se está haciendo con nuestra Constitución.

Todo funcionario, civil o militar, empeña su palabra de honor cuando al tomar posesión de su cargo se compromete a cumplir y hacer cumplir la Carta Magna. Eso lo manda con toda claridad el artículo 235. A ello debe agregarse algo que no deja ningún margen de interpretación y mucho menos de error, a menos que haya una buena dosis de picardía: según el artículo 183 de nuestra ley fundamental, es la Sala de lo Constitucional el único tribunal competente para declarar inconstitucionales leyes, decretos y reglamentos, tanto en forma como en contenido, de manera general y obligatoria. Y lo puede hacer o no dependiendo de su estudio y criterio, tras la solicitud de cualquier persona en el ejercicio de sus derechos ciudadanos.

Hay dos artículos más que consideramos necesario que usted conozca, señor Insulza. El 86 establece, con la precisión del caso, que los funcionarios gubernamentales "son delegados del pueblo" —no de poderes evidentes u ocultos— cuyas facultades son únicamente "las que expresamente les da la ley". Para las personas, en el marco de sus derechos individuales, el artículo 8 no da lugar para perderse ni siquiera un poco cuando determina lo siguiente: "Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni a privarse de lo que ella no prohíbe".

Además de un insulto a la inteligencia, una falta de respeto y un atropello a la razón, sería fatal que prevaleciera lo que falsamente sostienen las bancadas legislativas del FMLN, GANA, CN y PES: que pueden hacer lo que quieran, lo que les demande su desmedido apetito político, mientras la ley no se los impida de manera literal. Así, se pasearían por encima de los dos últimos artículos constitucionales citados y sobre las instituciones, revelando a todas luces su desobediencia indebida. Esos cuatro preceptos, estimado visitante, no dan pie a la mínima confusión. Al menos para mucha gente que intenta ser decente. Ese turbio escenario nacional actual, que con oscilaciones ha sido el de las dos décadas sin guerra, tiene como protagonistas a los bandos que firmaron los acuerdos para finalizarla. Lo que cambia son las comparsas, entre las cuales no debe incluirse al único partido que —más allá de sus fallas conocidas— no ha sido parte de estos chanchullos: Cambio Democrático.

En ese marco se debe aclarar, secretario Insulza, que René Fortín Magaña y María Silvia Guillén no son areneros. ¿Por qué se mencionan estos dos notables ejemplos? Porque quienes integran esa alianza capitaneada por lo que en algún momento fue una fuerza insurgente respetable, el FMLN, acusan precisamente de eso a todo aquel que no les agache la cabeza para todo, es decir a quien no está atado al clientelismo partidista y a quien haya desarrollado —para su bien— el pensamiento propio más allá del pensamiento único, porque hay gente que repite esa y otras acusaciones de modo automático.

Eso a nadie debería extrañar ni molestar. Pero sí exige una protesta más que una aclaración cuando quien lo hace es el presidente de la Asamblea Legislativa. Que nosotros recordemos, estimado señor Insulza, es Sigfrido Reyes el único titular del Parlamento a quien llaman "presidente", a secas, sin mencionar luego a la institución. Fuera de lo que podrían ser simples ínfulas provincianas, hoy en la mañana —presuntuoso ante las cámaras, pero generoso con sus vasallos— dejó claro que algunas personas con una posición distinta a la suya quizás actuaban de buena fe, con una "ingenuidad honesta"; casi nos dijo, como acostumbraba hacerlo antes la derecha obtusa, "tontos útiles". Como usted sabe, buena fe no significa eso, sino rectitud, honradez; es, según el diccionario, un criterio de conducta al que ha de adaptarse el comportamiento honesto de los sujetos de derecho. Contrario a lo anterior, la mala fe es engaño e intriga, malicia o necedad. Después, este funcionario descalificó a quienes sostienen que la Corte Centroamericana de Justicia es un organismo venido a menos; "disminuido", dijo él. Sostuvo que las personas que afirman lo anterior, lo repiten como "pericos".

En algún momento, para que esté enterado, el diputado en cuestión ocupó un sitio en la llanura legislativa dentro de la bancada del FMLN. Sin ocupar el trono de su actual reinado, fue uno de los que en abril de 2009 dejó clara su radical oposición y la de su partido al nombramiento de Ástor Escalante como Fiscal General de la República; se la restregó en la cara a su entonces enemigo acérrimo y hoy uno de sus principales aliados: Guillermo Gallegos, antes de Arena y ahora de GANA. "Si la decisión es vetar esta lista e insistir en Ástor" —sostuvo— "estamos en un entrampamiento serio, porque no habrá fuerza en el mundo que nos haga votar por el señor Escalante; y ustedes tendrán que asumir esa responsabilidad".

Como bien dice la gente, señor Insulza, se ven y se verán cosas. Y como bien afirmó George Bernard Shaw: "A los políticos y a los pañales hay que cambiarlos seguido... Y por las mismas razones". Por eso, estimado Secretario General de la OEA, es crucial que tenga usted una visión integral y no parcial de lo que ocurre en el país; que cuente con suficientes elementos de juicio para construir su opinión y, quizás, hacer algunas recomendaciones. Su palabra al respecto, después de esta visita, puede decantar las cosas para bien; pero también para mal, considerando que quienes atacan a esta Sala de lo Constitucional salvadoreña, independiente y valiente, jurídica y no política, juegan muy sucio.

De no resolverse este asunto, que tiene su antecedente visible inmediato en el decreto legislativo 743, de junio del año pasado, no es ciencia ficción vaticinar las mayores y más graves regresiones. Tener controladas políticamente la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República, que también están en disputa, sin contar con una Sala de lo Constitucional decente a la cual recurrir cuando no se investiguen delitos como la corrupción y otros, es demasiado arriesgado. Y si, además, se tiene copado el Tribunal Supremo Electoral... Ignoramos si lo sabe, secretario Insulza, pero fue con unos comicios fraudulentos con los que se comenzó a calentar el país hace cuarenta años. Y el estallido se nos vino encima, casualmente, cuatro décadas después de la matanza de 1932.