Al servicio de los poderosos

La inaudita sentencia de la Cámara Primera de lo Penal ha conmocionado a la sociedad; en particular, a las mujeres, que han alzado su voz para denunciar el escándalo. Los magistrados en cuestión concluyeron que su colega, otro magistrado, no cometió el delito de agresión sexual al tocar los genitales de una niña de diez años, porque el hecho ocurrió en público, porque el tocamiento fue breve, no violento y no habría afectado la integridad de la víctima. No pueden negar lo que llaman “tocamiento impúdico”, pero lo juzgan una falta leve a causa de las circunstancias. Aparentemente, la práctica vigente admite justificar esta sentencia con una leguleyada. De ahí que varias diputadas exijan reformar la ley. Pero eso no es suficiente. La normativa vigente debe ser revisada totalmente para superar la obsolescencia y la perspectiva machista.

La sentencia deja en evidencia a un sistema judicial que tiende a amparar al poderoso. En este caso, dos magistrados quitan fuerza a un delito de agresión sexual cometido por un tercer magistrado, los tres hombres. Esos mismos magistrados no hubieran sido tan condescendientes con un acusado sin poder, mucho menos con una mujer. Una sentencia anterior recetó varios años de cárcel a un ciudadano común y corriente acusado de un delito similar. El sistema judicial se ensaña con las mujeres que sufren embarazos malogrados. Sin mayores contemplaciones, las acusa y condena por aborto, un delito penado con cárcel. Extrañamente, todas las condenadas son mujeres pobres.

Cuando la justicia exige severidad por tratarse un funcionario público con fuero, mira para otro lado y reduce la agresión a simple falta a partir de una serie de presunciones arbitrarias. Tan absurdas y grotescas que han provocado una reacción tan inesperada como necesaria. La contestación de la sentencia ha descolocado a los magistrados, que se revisten de la majestuosidad de la ley y del cargo para evadir su responsabilidad. Con su sentencia, ellos mismos han colocado en entredicho su honorabilidad, integridad e independencia. La injusticia, aunque sea judicial, no debe ser tolerada.

Hace ya bastantes décadas, Mons. Romero denunció desde su cátedra la venalidad de los jueces, quienes, en ese entonces, reaccionaron de igual manera. La justicia es como la serpiente: solo muerde a los descalzos. Poco ha cambiado la administración de justicia, a pesar de los acuerdos de 1992. La Corte Suprema de Justicia no permitió la extradición a España de los militares acusados de la masacre en la UCA, de la cual se cumplen este sábado treinta años. El Ejército los acogió en sus cuarteles para impedir la captura de Interpol.

El rumbo que ha tomado el juicio de la masacre en El Mozote con el testimonio de dos soldados muestra la trascendencia de la búsqueda de la verdad y la justicia. No es eso lo que buscan los diputados que se disponen a aprobar una nueva versión de la amnistía anulada, disfrazada de justicia transicional. Los diputados también trabajan para proteger a los criminales de guerra. Así se explica que la justicia ampare al poderoso y abandone a las víctimas a su propia miseria.

La posición adoptada por el presidente Bukele es reprobable por su oportunismo. En solidaridad con las protestantes, envió un centenar de mujeres policías para que les brindaran protección. Algunas detuvieron el tráfico, pero otras posaron para las cámaras de Casa Presidencial, bajo la dirección de su personal. Una pancarta agradeció la presencia de las policías, pero agregó que estaban de más. Otra voz preguntó por el paradero de la agente asesinada por sus colegas a finales de 2017. Las mujeres han defendido una vez más su dignidad con una fuerza y un coraje admirables. El Gobierno llega tarde e inoportunamente. Si su compromiso con las víctimas es veraz, la defensa debe incluir a las víctimas de los crímenes de la guerra. Pero para dar este paso se necesita la determinación y el arrojo de las mujeres, porque la lucha no es contra cualquier adversario, sino contra los económica, política y socialmente poderosos.

La lucha es muy desigual, pero inevitable si lo que se persigue es erradicar la injusticia estructural. Podría avanzarse más rápido si el presidente Bukele actuara con la misma determinación con la que ha ordenado al ministro de Defensa investigar el comercio de armas de los dirigentes de Arena. La justicia demanda que el comandante del Ejército ordene abrir los archivos militares y comprometa la colaboración de los militares en el esclarecimiento de los crímenes de guerra. Asimismo, debiera adelantarse a la aprobación legislativa de la nueva versión de la amnistía.

En realidad, en estos asuntos, el presidente pone todos los medios, menos aquellos necesarios para quebrar el orden establecido que protege a los poderosos y se ensaña con las víctimas. Todos los comercios de armas de fuego debieran ser investigados y supervisados de cerca. Si se limita a las dos empresas señaladas, la decisión tiene mucho de vendetta personal. Restringir drásticamente el comercio de armas de fuego contribuiría eficazmente a reducir la violencia social.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.