Algunas consideraciones macroeconómicas

El covid-19 ha cambiado la realidad mundial en pocos días. La atención y las medidas de política pública están centradas en la capacidad de los sistemas de salud para dar respuesta al rápido contagio del virus. Aunque ese foco de atención es totalmente justificado, es importante empezar a diseñar medidas de mediano plazo para atenuar las implicaciones económicas de las decisiones internas de El Salvador, así como de los posibles impactos macroeconómicos por las implicaciones del virus en el resto del planeta. De dejar estas medidas para después, los costos económicos —que de cualquier forma no se pueden evitar— podrían impactar incluso más que la misma crisis de salud.

Dada la rápida evolución de la pandemia, existe poca información y proyecciones del impacto económico a nivel global. Sin embargo, ya se han publicado algunos ensayos que nos brindan información. Michael Nikiforos señala que, debido a la reducción de la producción en China, la economía de Estados Unidos podría caer en 4% del PIB. A esto habrá que sumarle la caída de la producción por las dinámicas internas del país norteamericano.

Lo anterior tiene dos implicaciones directas para la economía salvadoreña: la caída de las exportaciones y la de las remesas. El dinero que entra en un país debe ser igual al que sale, por simple identidad de cuentas nacionales. En El Salvador, por ejemplo, lo que importamos es mucho mayor a lo que exportamos. Esto únicamente es posible porque contamos con las remesas, que cubren la brecha entre ambos. Otra forma de adquirir dinero proveniente del exterior es por medio de financiamiento público o privado.

Por lo anterior, la caída de exportaciones y remesas disminuye la capacidad de importación del país en su conjunto. A nivel microeconómico, esto puede verse reflejado de la siguiente manera: los mercados y los supermercados cuentan con bienes, pero la gente no tiene dinero para acceder a ellos, por lo que esto obliga a dejar de importarlos. La adquisición de deuda externa de parte del Estado y las transferencias de $300 permitirán que las importaciones se mantengan. Como medida de corto plazo, esto es importante, pero no sostenible.

Como se sabe, las finanzas del Estado se encuentran en una situación delicada. Las transferencias de $300 implican una carga de $450 millones, equivalente al 1.7% del PIB de 2018. Por lo que se ha mencionado anteriormente, el PIB del país seguramente presentará una tasa de crecimiento negativa. Esto implica una menor recaudación fiscal de la prevista. Todo lo anterior, sumado a la necesidad de un mayor gasto público, implica un mayor nivel de deuda como porcentaje del PIB. Esto comprometerá nuestra capacidad de adquirir deuda en el mediano plazo, especialmente porque la economía a nivel global estará en crisis: muchos países buscarán adquirir dólares y serán pocos los interesados en prestar.

Para disminuir este impacto y también reducir la necesidad de transferencias y deuda pública externa, la economía de El Salvador deberá producir el próximo año algunos de los bienes que nuestro mercado interno importa, entre los cuales destacan los alimentos. En este punto, únicamente puedo hablar de las implicaciones económicas, pero se necesita a alguien que conozca a fondo el sector agrícola nacional. La producción toma tiempo. Mientras más nos tardemos en empezar a producir lo que necesitamos, mayor será la importación y el endeudamiento. La productividad de nuestros pequeños agricultores es baja, por lo que el Estado debería liderar esta actividad para realizarla a gran escala, buscando garantizar, en la medida de lo posible, las mejores condiciones para los trabajadores. Las transferencias de $300 podrían utilizarse para salarios de los trabajadores agrícolas, dinamizando la economía no solo por el lado de la demanda, sino también de la oferta.

Otros servicios, como transporte y venta, también podrían estar a cargo del Estado para garantizar la mayor cantidad de salarios, en lugar de transferencias. De ser posible, el Estado debe fijar precios que otorguen un margen de excedente para financiar su funcionamiento, dada la caída de los ingresos fiscales señalados anteriormente.

En Estados Unidos, por ejemplo, importantes economistas, como Matias Vernengo y James K. Galbraith, han propuesto considerar la producción directa de medicina por parte del Gobierno. De existir las capacidades humanas y materiales, esto debería considerarse también en El Salvador, estudiando las particulares del sector. Reforzando el argumento desarrollado hasta este punto, es primordial la disponibilidad de divisas para la adquisición de bienes y equipo médico que no se produce acá.

Dada la delicada situación de nuestro país, la medida de otorgar un bono de $150 a los funcionarios públicos involucrados en la crisis es, a mi consideración, justa, pero poco eficiente. Los trabajadores públicos se encuentran en una mejor posición que la gran mayoría de trabajadores informales. Adicionalmente, muchos de los primeros intentarán ser precavidos y ahorrarán ese bono. En el corto plazo, eso no conviene, pues disminuye la demanda interna y, por tanto, la producción. El reconocimiento debe ser estructural e implementarse cuando se supere esta crisis, no durante esta coyuntura.

En suma, para evitar la improvisación en las medidas económicas de mediano plazo, es necesario empezar a discutir estos temas de inmediato; de esta forma, el impacto económico podría atenuarse. De igual manera, es importante reflexionar sobre la vulnerabilidad de nuestra economía y la necesidad de una mayor participación del Estado en ella. La lógica de lucro no ha mejorado la calidad de vida de la mayoría de nuestra clase trabajadora, mucho menos lo hará en la coyuntura actual.

* Armando Álvarez, docente del Departamento de Economía.