Alternativa a las medidas extraordinarias

Las llamadas medidas extraordinarias lo único que tienen de extraordinario es autorizar la violación de los derechos fundamentales de los detenidos, al recluirlos en un aislamiento casi total, sin cuidados médicos. En su edición del 7 de abril, The Economist, una prestigiosa revista británica, advierte a nuestro Gobierno que existen alternativas más eficaces que la represión para contener el asesinato. El primer artículo de la edición citada comienza y termina aludiendo directamente a la represión del Estado salvadoreño. La revista niega la eficacia de las medidas extraordinarias, pues no se ha demostrado su relación directa con la reducción de los homicidios. Además, el respeto a la vida no se alcanza violentando otros derechos fundamentales. En cualquier caso, el editor se remite a los datos. A pesar de dichas medida, El Salvador tiene la tasa de homicidios más alta del planeta, más de diez veces el promedio mundial.

Los Gobiernos salvadoreños adoptaron el modelo estadounidense de encarcelación masiva, que solo arroja resultados en su primera fase. Su eficacia disminuye a medida que llena las cárceles, porque fuera de ellas deja familias y comunidades rotas. Otros países han enfrentado la violencia con el uso de los datos, en concreto, los geoespaciales, el esfuerzo policial y la prevención. Los datos revelan lo ocurrido, el dónde y el porqué. El énfasis en la recolección rigurosa de estos datos más la prevención y la intervención muestran qué se debe hacer y hasta qué punto esa intervención es eficaz. La combinación de esos tres factores disminuye la tasa de criminalidad, lo cual, a su vez, fomenta la confianza en la Policía y anima a la comunidad a luchar contra el crimen y a cooperar con aquella. A diferencia del modelo salvadoreño, este sí ha demostrado ser eficaz.

Identificar el patrón de los asesinatos y el sitio donde estos son más frecuentes es crucial para la prevención. Los datos confiables señalan certeramente qué lugares, personas y conductas son de alto riesgo y, por tanto, prioritarias en la intervención y la prevención. El Gobierno del FMLN, en cambio, prefiere la acción indiscriminada y, aunque sostiene lo contrario, no es riguroso en la recolección de datos. No presta atención al cuándo, al dónde y al porqué ocurren los asesinatos. Por esa razón, su fuente de información privilegiada es el testigo criteriado. La mejor prueba de su ineficacia es que desconoce el paradero de una de sus agentes especializadas. O quizás no se atreve a hablar. La PNC todavía se dedica a recoger cadáveres, cuya muerte atribuye indefectiblemente a las pandillas. La ausencia de datos precisos para intervenir y prevenir de manera eficaz es su gran debilidad. Si acaso tiene datos, no se esfuerza por comprenderlos ni por utilizarlos correctamente. La tecnología de última generación, a la cual son aficionados algunos alcaldes, es inútil si la Policía no hace el uso debido de la información recopilada. Este es el caso del Plan El Salvador Seguro, cuya eficacia es cuestionada por The Economist, precisamente por utilizar una medición inadecuada de la incidencia del asesinato.

Los Gobiernos salvadoreños son muy susceptibles a los datos, porque temen que la realidad perjudique la economía. En la década de 1990, el Gobierno de Arena en funciones solicitó a un organismo internacional no difundir los datos sobre la violencia. No hace mucho, el Gobierno del FMLN se negó a divulgar un mapa delictivo para, según ellos, “no comprometer las operaciones de inteligencia” y no estigmatizar a los residentes de los barrios violentos, que de hecho ya están estigmatizados. El impacto negativo de la violencia en la economía no proviene de los datos y los informes, sino de la violencia misma. Los homicidios representan el 1% del producto interno bruto anual de El Salvador. El costo directo de la violencia en la región asciende a 236 mil millones de dólares anuales. Las naciones latinoamericanas gastan, en promedio, el 5% de su presupuesto en seguridad interna, el doble que los países del Norte. En realidad, los Gobiernos temen que la difusión de los datos ponga de manifiesto el elevado costo de sus políticas ineficaces. Pero mientras la recolección y el análisis de los datos no mejoren, las políticas serán no solo ineficaces, sino también erráticas.

El discurso electoral ha evadido esta cuestión. El cumplimiento de las promesas de desarrollo económico, de bienestar, de nuevo país, de nueva política, de unidad, etc. pasa por la reducción drástica de la tasa de homicidios. Los precandidatos de Arena son los únicos que se han animado a hablar de reconciliación, pero abstractamente. Nadie se ha atrevido aún a explicar cómo transformar unas relaciones sociales fundamentadas en la violencia en otras en las que predomine el respeto al otro. El silencio de los precandidatos y la postura de los diputados de Arena indican que aprueban la política represiva del Gobierno del FMLN, al que tanto censuran.

Las medidas extraordinarias no solo son ineficaces y violentan los derechos humanos, sino que no son la única alternativa. Dichas medidas se han prolongado por la miopía política de unos funcionarios y unos diputados que solo conocen la represión indiscriminada. La decisión está condicionada por la guerra civil y por la comodidad del ignorante.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero