Ante la crisis del agua potable

En recientes declaraciones a propósito de la última crisis del agua, el presidente de la República ha puesto sobre la mesa un tema que es controversial para diversos profesionales dedicados a las ciencias ingenieriles y naturales: el uso de sulfato de cobre para el control de microalgas en la planta potabilizadora de Las Pavas. Aunque en palabras del presidente el problema se resolvió, la principal razón de esta polémica es que el sulfato de cobre está compuesto por un metal pesado que puede permanecer en el agua después de su aplicación y es, de hecho, un químico que forma parte de la lista de pesticidas de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), la cual lo clasifica como un herbicida y fungicida, ya que puede utilizarse para reducir la presencia de algas en el agua, controlar malezas en cultivos agrícolas y ornamentales, y eliminar hongos que se producen en la madera y en la infraestructura de los sistemas de potabilización.

La efectividad de este compuesto no puede compararse con la del cloro, porque cumple funciones distintas. Mientras el sulfato de cobre es capaz de lidiar con organismos vivos que deberían ser idealmente removidos en las primeras etapas de un sistema potabilizador convencional, el cloro actúa al final de la cadena de tratamiento y se utiliza para desinfectar, lo cual amplía su rango de acción y abarca los virus. Además, a pesar de que la dosis de cloro requerida en el proceso de desinfección varía según las características del agua y la naturaleza de la especie clorada a utilizar, tanto la EPA como la Organización Mundial de la Salud recomiendan que exista al menos una concentración de 0.1 miligramo por litro (mg/L) de cloro libre residual en las redes de distribución para asegurar que el proceso de desinfección se lleve a cabo satisfactoriamente, siendo 0.2 a 1 mg/L el rango que presentan la mayoría de sistemas de agua potable y 5 mg/L el nivel al cual es posible detectar olor y sabor.

Para el sulfato de cobre, por otro lado, no existe una concentración final que garantice algún tipo de desinfección ni beneficio adicional, pero la EPA hace énfasis en que el cobre residual (un metal pesado) no debe sobrepasar 1.3 mg/L en agua de consumo humano. De igual manera, este organismo sugiere que exista un período de al menos 14 días entre cada aplicación en agua de flujo continuo y que el suministro se mantenga inactivo durante aproximadamente tres días después del tratamiento o hasta que las algas hayan comenzado a morir. Teniendo en cuenta lo anterior, si las condiciones de la planta potabilizadora de Las Pavas son tan malas y si es la primera vez que el país usa este plaguicida para limpiar el agua, como aseguró el presidente, vale la pena cuestionar, ¿cómo garantiza el Estado que el agua distribuida no tiene valores de cobre residual que sobrepasan el valor máximo recomendado internacionalmente si ya se está dosificando el agua con 1 mg/L de sulfato?

En otros aspectos mencionados en la conferencia de prensa, el presidente dijo que el cambio climático es una de las causas del crecimiento atípico de algas. Este argumento ha sido muy utilizado alrededor del mundo por dirigentes políticos que, en la mayoría de los casos, no están correctamente asesorados y realizan afirmaciones que, aunque tienen algo de veracidad, no explican totalmente ciertos fenómenos ecológicos y dejan fuera de análisis matices importantes para comprender el problema. Es verdad que el cambio climático interfiere y acelera algunos procesos naturales, pero en este caso no es la causa de la problemática que enfrentamos. La proliferación masiva de algas en cuerpos de agua corriente o estancada se debe fundamentalmente al enriquecimiento del agua con nutrientes orgánicos e inorgánicos que contienen altas cantidades de fósforo y nitrógeno, los cuales provienen principalmente de fuentes antropogénicas, tales como actividades agrícolas, industriales o domésticas.

De acuerdo a estudios realizados por el Programa Regional de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente (Prisma), ya para la década de los noventa se estimaba que la carga orgánica que el río Acelhuate transportaba hacia el río Lempa era de alrededor de 4,000 toneladas por mes, contribuyendo así, de manera significativa, a la incorporación de fósforo y nitrógeno a los ecosistemas de este río y a los del sitio ramsar Cerrón Grande. Por lo tanto, debemos reconocer también nuestra responsabilidad y admitir los fallos que hemos cometido como país al dejar que nuestros ríos se conviertan en cloacas: la contaminación arrastrada por el Acelhuate se debe principalmente a descargas de origen doméstico no tratadas que constituyen una deuda histórica del Estado.

Gran parte del peso de la crítica por esa deuda recae sobre ANDA, ya que no responde de forma adecuada a las necesidades de los salvadoreños. Es urgente, por tanto, reestructurar sus procesos y proporcionarle un refuerzo técnico y presupuestario apropiado para que pueda cumplir con la función que por decreto le ha sido encomendada. Un esfuerzo de esta magnitud desalentaría el discurso de los privatizadores, quienes constantemente intentan sacar provecho de los fallos de la institución para posicionar sus intereses. Además, la creciente demanda del recurso hídrico por parte de los proyectos habitacionales que actualmente se desarrollan en todo el país, con especial énfasis en la zona metropolitana, amenaza con dejar sin agua a las comunidades y sectores más vulnerables de la población. Y permite entrever el gran peligro de que el sector privado llegase a tener una representación mayoritaria en la asignación de cuotas para el uso y explotación del agua.

La crisis que vivimos, antes que justificar la privatización, pone de manifiesto la sensibilidad y vulnerabilidad de la población ante la falta de agua y deja ver la importancia de que este recurso sea reconocido como un derecho humano. Debemos, pues, exigirle al Estado que cumpla sus funciones y que trabaje para superar todas las carencias en materia hídrica y medioambiental. Para ello es necesario, entre otras cosas, la urgente aprobación de una ley general de aguas que le permita al Estado una adecuada administración y gestión del recurso, y un aumento presupuestario para ANDA y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que mejoren sus capacidades técnicas de servicio a la población.

En este sentido, el hecho de que los presupuestos de ANDA y el Ministerio para 2020 hayan sufrido recortes ($7.5 millones y 940 mil mil dólares, respectivamente) mientras se aumenta en 5 millones de dólares el rubro para gastos de publicidad del Ejecutivo demuestra las verdaderas prioridades de este Gobierno. Un problema tan grande e histórico requiere acciones serias y contundentes. Las medidas adoptadas hasta el momento no están a la altura. Por lo visto, nuestros funcionarios quieren seguirse reservando la decisión de salvarnos o dejarnos morir de sed.

* Luis Ortez y Violeta Martínez, docentes del Departamento de Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales; Fátima Peña, asistente de Vicerrectoría de Proyección Social.