Apariencias

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No siempre las apariencias engañan, pero es evidente que pueden hacerlo. Recientemente, el Fiscal General inició proceso contra el expresidente Francisco Flores, contra Mauricio Samayoa, que presidió el antiguo Banco Cuscatlán, contra el expresidente Antonio Saca y contra Gerardo Balzaretti Kriete y Juan Wright. Señalado por su cercanía a Arena y con peticiones de inconstitucionalidad por su nombramiento pendientes de resolución, pareciera que con esta decisión el Fiscal deja clara su independencia respecto al partido de derecha. Sin embargo, existen algunas circunstancias que hacen dudar de que este nuevo proceso justifique su independencia.

Para empezar, dos de los procesados, Flores y Samayoa, han fallecido ya y, por tanto, el Fiscal pide inmediatamente el sobreseimiento. Pero ¿pide responsabilidad civil, extensible a los familiares de los procesados y sobreseídos? No parece. Otro de los acusados, el expresidente Saca, está en la cárcel y Arena hace tiempo que lo rechazó y excluyó de sus filas. De modo que en el caso de estas tres personas, el Fiscal no está manifestando una especial independencia del partido con el que en algún momento se le vio tan cercano. En los casos de Balzaretti y Wright se dan otros elementos. El primero de ellos fue el único sincero al reconocer que recibió en una cuenta de Arena los millones donados por Taiwán. Y Wright era tesorero del partido en aquel momento, pero más que acusado debería ser testigo de la malversación del dinero recibido, puesto que se supone recibía órdenes, entre otros, del Coena de aquel entonces. Por otro lado, un hijo de Wright está fundando un nuevo partido que, dada su mayor apertura ideológica, podría robarle a Arena bastantes adeptos.

En este contexto, y dado lo retorcida que es la política de la derecha política, cabe otra suposición paralela a la de la independencia partidaria del Fiscal General. El funcionario está acusando a personas que o bien ya no son importantes en Arena (los fallecidos y el expresidente Saca), o bien se han alejado del partido, diciendo uno la verdad que otros negaban y estando el otro cerca de un nuevo instituto político que podría rivalizar con el hasta ahora principal exponente de la derecha salvadoreña. Podría suponerse, entonces, con la misma legitimidad que la teoría de la independencia respecto a Arena, que el Fiscal General está haciendo una jugada favorable al mencionado partido. Los muertos quedan sobreseídos, los familiares de los fallecidos no quedan sujetos a responsabilidad civil, Saca no es de Arena y a los dos restantes se les envía el aviso de que no vale ser sincero si se perjudica al partido, ni se puede apoyar al propio hijo si este desea mejorar la racionalidad y comportamiento de la derecha salvadoreña. Y de paso, el Fiscal queda con un aura de independencia política que le podría proteger ante las demandas de inconstitucionalidad por su nombramiento que están pendientes de resolución.

Con demasiada frecuencia la justicia funciona dependiendo de intereses. Y en los temas de corrupción, son más los corruptos que andan sueltos que los que son denunciados. Mucha gente pierde la confianza en las instituciones porque ve lo tardíamente que estas actúan o la facilidad con la que atacan a unos y dejan en la impunidad a otros. Es cierto que hay que hacer justicia; lo dicho hasta ahora no trata de exculpar a nadie. Si la Fiscalía tiene pruebas, debe proceder, y nadie se lo reprocha. Pero cuando las circunstancias son tan irregulares, cuando quedan en la impunidad diversos beneficiados de los cheques de Taiwán, las soluciones aparentes pueden esconder intenciones irregulares. Arena debe hacer una investigación interna y publicar toda la trama de corrupción que hubo en torno a los cheques de Taiwán, tanto el uso que se le dio al dinero como los nombres de todos los beneficiados. Desde ahí es que hay que establecer responsabilidades. Hasta ahora, que sepamos, el dinero llegó a muchas manos y nadie ha devuelto voluntariamente lo robado.

* José María Tojeira, director del Idhuca.

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