Atrapados por la violencia

Los pandilleros se encuentran atrapados en una espiral de violencia sin salida. No solo en la violencia brutal que ellos mismos han desatado, sino también en la violencia primera de la cual fueron víctimas. Existe suficiente evidencia para sostener que los jóvenes son empujados a la pandilla por falta de afecto, respeto y oportunidades para vivir dignamente. En la pandilla encuentran lo que la sociedad les niega. Pero eso no es todo. A los jóvenes residentes en zonas populares “peligrosas” se les niega el empleo por recelo a que pertenezcan a la pandilla; además, son acosados, torturados y asesinados por la Policía, que no distingue entre pandillero y no pandillero.

El joven hastiado de la vida de pandillero no tiene alternativa. La persecución policial solo le ofrece la cárcel o la muerte. “Si me atrapan, no me van a dejar vivo”, explicó un joven a los periodistas de El Faro y de The New York Times. El que logra salir de la cárcel no solo regresa señalado, sino que tampoco ha sido rehabilitado para reintegrarse en la sociedad. No existen centros especializados para tratar a aquellos con trastornos mentales.

Sin embargo, la cárcel no es solución, porque no existen instalaciones suficientemente grandes como para acoger a los miles de pandilleros libres. Por eso, la ejecución sumaria parece más atractiva. Cuenta con una opinión pública favorable, ofrece réditos electorales y se presenta como una solución radical. Es la misma decisión que la oligarquía y los militares tomaron en 1932 y, de nuevo, en la década de 1970. Asesinar a unos cuantos miles bien valía la pena para preservar el imperio oligárquico.

En 2016, en los 459 enfrentamientos armados registrados, habría muerto, en promedio, casi un pandillero, y también no-pandilleros, y ningún agente gubernamental. Una eficacia policial demasiado alta como para no parecer sospechosa. La evidencia de las ejecuciones se acumula sin que el Gobierno y la gran prensa tomen nota. Observan el fenómeno con total normalidad. La cárcel hacinada, insalubre y sin condiciones básicas es una especie de solución intermedia.

“Necesito ahorrar dinero para salir de aquí”, le explicó a los periodistas el joven mencionado antes. Pero poco después fue capturado por extorsionar 40 dólares a un comerciante. Ahora se enfrenta a una condena de hasta quince años de prisión. Esa era una “extorsión privada”, es decir, organizada por el pandillero para sobrevivir o, en este caso, para buscar una salida diferente a la cárcel o la muerte. Por eso, la pandilla también golpea duramente a otros tan pobres y tan empeñados en sobrevivir como ellos. La gran extorsión es dirigida por los líderes que guardan prisión. A pesar de las medidas extraordinarias, estos mantienen una comunicación constante y eficaz con sus bases del exterior. En cinco meses, le sacaron 1.5 millones de dólares a los productores de caña de azúcar. El producto de estas extorsiones está destinado a financiar las necesidades de la pandilla; entre ellas, una red de seguridad social paralela a la oficial, que beneficia a sus miembros y sus familiares. Si bien el volumen de la extorsión representa una cantidad de dinero elevada, la evidencia judicial indica que las operaciones financieras son de poca monta. Así lo corroboran en privado algunas autoridades policiales.

La verdad de la realidad es sacrificada para sostener una batalla mediática seductora. En cualquier caso, el análisis social se le resiste al Gobierno y a todos aquellos que, por pereza, por ignorancia o por prejuicios, prefieren las respuestas simplistas. El esfuerzo más profesional llevado a cabo hasta ahora por las fuerzas gubernamentales desconoce la ausencia de alternativas reales para la juventud salvadoreña excluida. De la misma manera, aunque reconocen la diversa responsabilidad de los líderes y de los simples pandilleros, en la práctica prescinden de ella. A todos les dan el mismo trato, incluso a aquellos que forzados por las amenazas colaboran con las actividades de la pandilla. A todos los tratan como enemigos a muerte. De esa manera, la Policía también se gana la reprobación y el desprecio de un gran sector de la población, cuya colaboración es fundamental para detener la espiral de violencia. De poco servirán las capacitaciones si no cambia la manera de proceder.

Así, pues, el Gobierno también se encuentra atrapado por la espiral de violencia, a la cual contribuye. De hecho, la disminución de homicidios no es tan alta como pretende. La tasa de este año es la segunda más alta desde 1995. Un resultado tan flaco no es halagador, porque cuestiona la eficacia del esfuerzo gubernamental. La inseguridad y la impotencia empujan al Gobierno a recurrir a la represión violenta para imponerse sobre un sector rebelde de la población. Pero la lógica interna de la violencia lo lleva a destruir aquello que pretende preservar.