Aviso para inversionistas y empresarios

La fortuna de la empresa privada no depende de su dirección ejecutiva, sino de la voluntad de Bukele. La suerte de los empresarios del transporte público es un aviso para los otros empresarios y los inversionistas. La propiedad privada y la actividad empresarial que se interpongan en los planes de Bukele muy probablemente serán expropiadas o intervenidas. Muchos fueron forzados a malvender sus viviendas, sus fincas y sus terrenos para dejar espacio a los megaproyectos de Bukele. La resistencia fue vencida con la amenaza del régimen de excepción.

Los propietarios despojados no tienen ninguna posibilidad de encontrar amparo en la justicia. Esa es la conveniencia de controlar los poderes del Estado, algo que Trump envidia a Bukele. Es la otra cara del poder absoluto que hace caso omiso de la legislación para favorecer a empresarios e inversionistas amigos de la familia gobernante. Pero si esa amistad se diluye por un acaso, pueden aguardar lo peor. Esa es la ventaja y la desventaja de estar a merced de un querer veleidoso.

Los empresarios del transporte público enfrentan cargos por incumplimiento de deberes, denegación de auxilio, extorsión, desobediencia y peculado. Todo por no acatar con la celeridad del sometido la orden de prestar servicio gratuito durante una semana, una ocurrencia de último momento para atenuar el impacto del desastre de Los Chorros. Los doce millones de dólares llegaron horas después de una orden sin otro respaldo jurídico que una publicación de Bukele en X. Los displicentes acabaron en la cárcel, donde la muerte sorprendió a uno de ellos.

La discrepancia entre los hechos y las acusaciones es irrelevante. La cárcel es castigo para desobedientes y escarmiento para quienes tengan la osadía de llevar la contraria. Ahí fueron a parar también los líderes de una cooperativa de Santa Tecla que, agobiada por el desalojo inminente, se reunió en los alrededores de la residencia de Bukele para pedirle ayuda. Los demás fueron maltratados como delincuentes peligrosos y violentos.

Las empresas de transporte público no están libres de polvo y paja. La naturaleza mafiosa del negocio, que comprende una nutrida red de proveedores, es de sobra conocida, pero no por eso ha sido investigado. Ningún Gobierno, incluido el actual, se ha atrevido a pedirle cuentas, pese a que el mal servicio impacta diariamente a las mayorías, a que buena parte del caos del tráfico vehicular es obra de los buseros y a que el subsidio, que sale de los impuestos, no está debidamente fiscalizado. Cuando los presionan para que presten un buen servicio, los buseros alegan pérdidas y demandan más subsidio. Si el negocio fuera deficitario, hace ya tiempo que lo habrían abandonado. En la práctica, los Gobiernos son rehenes de los buseros.

Ahora bien, estos no fueron a parar a la cárcel por sus picardías y marrullerías, sino por desobedecer. Sus empresas fueron intervenidas y militarizadas por un Bukele soterrado en Los Chorros. En lugar de pedir cuentas a las empresas contratadas para ejecutar y supervisar la construcción del viaducto y a su ministro, convirtió a los buseros en chivos expiatorios sin mucho éxito. Los afectados por el corte de la carretera no descargaron su frustración en ellos, sino que ridiculizaron a Bukele y a su subordinado, encargado de las obras.

Las consultorías para ordenar y mejorar el transporte público han sido varias. Bukele, para no ser menos, ha encargado la suya. Las consultoras se embolsaron millones de dólares y sus recomendaciones fueron a dar al basurero. Ningún gobernante se ha atrevido aún a dar el paso. No solo por incompetencia y falta de recursos, sino también por miedo a arriesgar su capital político ordenando un sector donde privan intereses creados muy poderosos. Bukele puede hacer la diferencia, pero eso no implica que su solución sea mejor que la actual. Hasta ahora, su objetivo no ha sido beneficiar a los usuarios del transporte público, sino intentar rescatar a la dictadura atrapada en Los Chorros.

El silencio de las organizaciones de la empresa privada es notable. Las otrora defensoras acérrimas de la propiedad privada, la libre empresa y la libertad de mercado ahora miran a otro lado. Tal vez porque consideran a los buseros como empresarios de segunda. Tal vez por miedo a una cólera presidencial mucho más devastadora que las teorías libertarias. De hecho, seis empresas maquilan dócilmente la producción láctea de Bukele, que luego comercializa a precios similares. Sea lo que sea, la indiferencia de hoy puede costarles muy caro el día de mañana. Advertidas están.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.