Autocensura, cárcel, exilio

Señalar los abusos de poder no debería causar autocensura, cárcel o exilio. Sin embargo, en El Salvador, la política de acoso y persecución hacia personas defensoras de derechos humanos, ambientalistas y periodistas ha impuesto esos tres escenarios como respuesta a su labor. No se trata de rumores, ni de exageraciones, ni de discursos victimistas; se trata de hechos con consecuencias profundas y dolorosas.

En el país, la instrumentalización de la justicia ha llevado a la detención arbitraria y la inexistencia del debido proceso para decenas de personas que han denunciado abusos gubernamentales o disentido de la versión oficial; personas que han terminado en la cárcel sin garantías mínimas. En los últimos meses, esa instrumentalización se ha agudizado, dando paso al acoso sistemático contra quienes ejercen la libertad de expresión y defienden los derechos humanos. Cuando al poder no le gusta ser controlado, responde al escrutinio y la exigencia de justicia con amedrentamiento.

Policías y militares se han prestado a la tarea de hostigar no solo a quienes denuncian las injusticias del régimen, sino también a sus familias, como mecanismo de intimidación y castigo. El objetivo es claro: infundir temor y silencio. Este patrón de persecución ha generado un clima de miedo y de riesgo, que ha obligado a más de 30 personas defensoras de derechos humanos y a más de 40 periodistas a salir del país en condiciones de inseguridad, desarraigo e incertidumbre.

El exilio no es una elección antojadiza. Difícilmente alguien abandona su hogar, su red de afectos y apoyos, su vida profesional y su país por voluntad propia. Las personas que han salido del país no lo han hecho para evadir responsabilidades, sino para proteger su integridad ante un Estado que utiliza sistemáticamente el aparato represivo para criminalizar la disidencia.

Esta situación ha provocado graves impactos: precariedad económica, desintegración familiar, afectaciones psicosociales profundas. En paralelo, la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros abre la puerta para la criminalización de personas y organizaciones de la sociedad civil. Su uso potencial como herramienta para cerrar el espacio cívico es alarmante, pues cuando la institucionalidad no funciona y no hay a quien acudir, son las organizaciones de la sociedad civil las que asumen el quehacer del Estado, como lo han hecho por décadas en el país.

El cierre progresivo del espacio cívico es muestra clara del deterioro del sistema político salvadoreño. La persecución de voces críticas, la amenaza a las libertades y la imposición del miedo por parte del Estado dan cuenta de un grave retroceso como sociedad. Una sociedad donde disentir se castiga, donde la defensa de derechos se criminaliza y donde el periodismo se convierte en profesión de riesgo es una que se aleja de los valores propias de una convivencia social sana, justa, armoniosa.

La historia enseña que no se puede construir un país sobre los cimientos del miedo y la represión. Pretenderlo es repetir errores que conducen a la polarización y a la violencia estructural. Ignacio Ellacuría señaló que “un análisis intelectual debe ser respondido con un análisis intelectual y no con el exilio, la cárcel, la tortura, o un tiro en la nuca”. Lo mismo aplica para el periodismo y la defensa de los derechos humanos. La esperanza, la solidaridad y la construcción colectiva, con la certeza de que solo nos salvamos en racimo, es lo que permite seguir adelante. Solo el diálogo y la integración de las distintas voces que componen este país tan diverso permitirá encontrar soluciones para avanzar en una situación cada vez más amenazante.