Buscando soluciones afuera para problemas de dentro

En la agenda mediática, sigue ocupando un lugar privilegiado el conflicto entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa. Lo que ahora ha vuelto a alimentar el conflicto son las sentencias que declararon inconstitucionales las elecciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justica en los años 2006 y 2012, lo que obliga a los legisladores a realizar una nueva elección. Pero resulta que la Asamblea no acepta las sentencias porque las considera una intromisión, y decidió presentar una demanda en la Corte Centroamericana de Justicia para que esta dirima el conflicto. Ante esta decisión de algunos diputados, encabezados por el presidente del Legislativo, Sigfrido Reyes, hay por lo menos cuatro posturas.

La primera es la de los demandantes, apoyados por expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y otros personajes afines. Ellos sostienen que la Corte Centroamericana de Justicia puede decidir sobre el asunto porque el artículo 22 de su Convenio de Estatuto lo avala. La segunda posición es totalmente opuesta: sostiene que la instancia centroamericana no tiene competencia porque no hay conflicto de poderes propiamente dicho, ya que la Sala de lo Constitucional no es toda la Corte Suprema de Justicia, sino solo una parte de ella. Así, lo que habría es un conflicto entre un poder y una parte de otro poder. En esta posición están los demandados, algunos reconocidos magistrados y hasta algún expresidente de la Corte Suprema.

La tercera postura es de quienes abogan por una salida no judicial, sino política; es decir, que las partes se sienten a dialogar para encontrar una solución. En este sentido se han pronunciado la Iglesia católica a través de su jerarquía, el Presidente de la República y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Finalmente, hay una cuarta postura, que es la de aquellos que simplemente se mantienen al margen y no emiten opinión. Aquí está la inmensa mayoría de la gente que no se pronuncia, no entiende o no le interesan estos problemas de funcionarios que se pelean por cosas que poco tienen que ver con ganarse la comida del día.

Por el momento, dirimir el conflicto está en manos de la Corte Centroamericana de Justicia. Qué sucederá después de que esta se pronuncie, nadie lo sabe. Si el fallo es en contra de los diputados, ¿acatarán la decisión en la Asamblea? Si la Corte falla en contra de la Sala, ¿harán caso los magistrados? La Corte Centroamericana de Justicia tiene antecedentes que no son buen augurio para el conflicto salvadoreño. En 1999, Nicaragua demandó a Honduras por haber ratificado un tratado con Colombia mediante el cual se repartían extensas áreas del mar, vulnerando con ello, según los demandantes, la soberanía nicaragüense. La Corte ordenó a Honduras suspender el proceso de ratificación del tratado con Colombia. Sin embargo, el Gobierno hondureño no hizo caso de la orden, incurriendo en desacato ante el tribunal centroamericano.

Un segundo ejemplo es más reciente y se asemeja al caso salvadoreño. En enero de 2004, el entonces presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, demandó a la Asamblea Nacional por considerar que esta estaba violando la autonomía y cercenando las competencias de la Presidencia. La Corte Centroamericana le dio la razón a Bolaños y emitió la medida cautelar solicitada. Pero la Asamblea de Nicaragua no hizo caso y siguió adelante con sus planes de aprobar las reformas en segunda legislatura.

No conviene, entonces, poner las esperanzas de solución de nuestro conflicto interno en una Corte Centroamericana de Justicia que no goza de reconocimiento ni de autoridad. Lo mejor sería ponerlas en nosotros mismos y buscar una salida que tenga como fundamento la búsqueda de la verdad, la aplicación de la justicia y el respeto a las leyes. "La mejor defensa es el ataque", dice El arte de la guerra del chino Sun Tzu, pero esto quizá solo aplica a cuestiones de guerra o de deporte. En asuntos de verdad y justicia, no es conveniente atacar, a menos que se tenga toda la razón, y parece que los diputados no la tienen. Igual acusaron de intromisión cuando la Sala sentenció que había que cancelar al PCN y PDC. Igual pasó cuando se sentenció sobre el voto sobre fotografía y las candidaturas independientes. Ahora acusan a la Sala de intromisión por declarar inconstitucional una actuación que fue duramente criticada en 2002 por diputados que ahora la defienden. Lo más lamentable de toda esta situación es el mensaje que se le manda a la población y al mundo. Se recurre a una instancia externa para resolver problemas internos cuando es imposible un entendimiento entre las partes. Y eso es lo que estamos transmitiendo: que en El Salvador el diálogo es de sordos y que no importan las razones ni del lado de quién está la verdad, sino únicamente los argumentos e intereses propios.