Caso García Prieto: dos décadas de impunidad

El 10 de junio de 1994, Ramón Mauricio García Prieto Giralt fue asesinado en horas de la tarde ante la mirada atónita de numerosos testigos. En la noche terminó la vida de este joven empresario y profesional, e inició un largo, doloroso y escabroso viacrucis para sus padres. Desde entonces, Gloria y Mauricio han buscado y exigido esclarecer todas las responsabilidades en este crimen y aplicar la debida sanción. Dos de los asesinos materiales ya fueron procesados por el sistema de justicia salvadoreño y fueron a parar a la cárcel; los otros, que ordenaron el homicidio y pagaron por ejecutarlo —es decir, los más importantes—, no han sido siquiera investigados.

Por eso, y por las amenazas, atentados y demás hostigamientos posteriores en perjuicio de las víctimas y sus representantes, hubo que buscar fuera del país lo que aquí les han negado siempre. Pero antes de acudir a los órganos del sistema interamericano, el padre y la madre de Ramón Mauricio presentaron una denuncia en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La institución, para entonces con cuatro años de existencia, emitió su informe oficial el 23 de julio de 1996, estableciendo la violación del derecho a la vida de la víctima directa y adjudicando su realización al accionar de "grupos armados irregulares". Asimismo, determinó que se habían violentado los derechos al debido proceso judicial y a la seguridad personal.

La petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la presentaron el 22 de octubre de 1996, y esta entidad, a su vez, demandó a El Salvador en la Corte Interamericana el 9 de febrero de 2006. La condena fue dictada el 20 de noviembre de 2007 y hasta hoy, transcurridos más de seis años, Gloria y Mauricio siguen esperando que se cumpla a cabalidad, porque ni el Gobierno de Antonio Saca ni el de Mauricio Funes han hecho lo debido para ello. Faltan dos cosas: por un lado, la atención médica y psicológica, y, por otro, la investigación exhaustiva del crimen, así como de las amenazas y demás hostigamientos contra las víctimas peticionarias y sus representantes.

Sobre lo segundo, la Corte dice en su sentencia que la "obligación de investigar no solo se desprende de las normas convencionales de derecho internacional imperativas para los Estados partes, sino que además se deriva de la legislación interna que haga referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas para participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos".

Pero el pasado martes 4 de febrero, en lo que toca al homicidio principalmente, la representación oficial salvadoreña no pudo rendir cuentas positivas a los tres jueces que escucharon a las partes en la sede del tribunal regional ubicada en San José, Costa Rica. Tanto el chileno Eduardo Vio Grossi como el tico Manuel Ventura Robles y el colombiano Humberto Antonio Sierra Porto, quien presidió la sesión, se quedaron sin escuchar una explicación seria y convincente sobre por qué se sigue incumpliendo irresponsablemente ese mandato, en un delito cuyo origen data de hace ya tanto tiempo.

La respuesta se conoce en El Salvador y, según se notó sobre todo en el juez Ventura Robles, también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: por el poder de quien ha sido señalado durante años por Gloria y Mauricio como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de su hijo. La posición de la representación estatal al respecto se limita a repetir lo que escuetamente dice Rodolfo Delgado, jefe de la unidad fiscal que pretende combatir el crimen organizado en el país.

En apenas cinco renglones, Delgado sostiene lo siguiente: "En relación al delito de HOMICIDIO en perjuicio de RAMÓN MAURICIO GARCÍA PRIETO, con la investigación se determinó la responsabilidad de las personas que se encuentran condenas [sic] y se continuo [sic] con las investigación [sic] en relación a determinar autoría intelectual pero la misma no aporto [sic] elementos para sustentar esa hipótesis, es de considerar que el principal obstáculo es el tiempo que ha transcurrido desde el momento en que se cometieron los hechos".

Eso y nada más informó el fiscal Delgado; eso, además, fue lo único que alegó Gloria Évelyn Martínez Ramos, directora de Sistemas Internacionales de Protección del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien junto con Tania Camila Rosa, directora general de Derechos Humanos de la misma cartera, representaron al Estado salvadoreño; también lo hicieron el embajador en Costa Rica, Sebastián Vaquerano, y el subdirector de Salud del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Carlos Ramón Menjívar Claros.

Como el homicidio no se pudo negar nunca, le echan la culpa al tiempo transcurrido para justificar lo injustificable: la impunidad, por no haber querido investigar y establecer responsabilidades, para procesar y sancionar a todos los responsables; es decir: tocar lo hasta ahora intocable, la autoría intelectual, y no solo entregar autores materiales. Eso mismo pasó con la masacre en esta casa de estudios hace casi veinticinco años y con otros hechos criminales de antes, durante y después de la guerra. Pero las amenazas, junto a los ataques y otros hostigamientos, sí trató de negarlos Delgado; para ello, ocupó casi once de las doce páginas en las que escribió su informe. En realidad, no pudo negar su existencia, sino que afirmó, también literalmente, que no es posible "acreditar la existencia del delito de amenazas y en consecuencia los hechos delictivos denunciados no pueden ser atribuidos a persona determinada".

De ese cuestionado y cuestionable informe, es importante rescatar —quizás, lo único— que por primera vez desde que falló la Corte Interamericana hace más de seis años, el Estado salvadoreño ya no alega la prescripción. En otras palabras, no sostiene que ya caducó el plazo para investigar. Más aún, Delgado señala que "a la fecha no existe resolución administrativa o judicial que declare formalmente la aplicación de la prescripción de la acción penal". Así las cosas, la pelota está en la cancha del fiscal general de la República, Luis Martínez, quien ha hecho algunas cosas que sus antecesores nunca hicieron. Es de esperar, pues, que ordene una seria, profunda y objetiva investigación para cumplir lo esencial de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y acabar con la impunidad en este caso. Porque la justicia no es justicia si no es completa.