Caso "no cerrado"

El proceso judicial del caso de la tregua tiene mucho de comedia de confusiones, pero también de drama por las personas acusadas. El testigo pandillero, privilegiado por la Fiscalía a cambio de su declaración, asegura que altos funcionarios del gabinete, diputados y líderes del FMLN les hicieron dos entregas de dinero antes de cada una de las vueltas electorales por un total de 350 mil dólares, más 400 dólares mensuales a cada líder durante varios meses después del triunfo electoral. Las reuniones tuvieron lugar en sitios públicos, incluidas las dependencias legislativas. El dinero fue entregado a cambio de 120 mil votos y de entorpecer la votación de los simpatizantes de Arena. También los altos dirigentes de este partido negociaron con las pandillas el mismo acuerdo, pero en sentido contrario, por 100 mil dólares. Además, las dirigencias de ambos partidos les hicieron promesas de apoyo si ganaban.

El FMLN resta credibilidad al testimonio. Arena, más explícita, lo rechaza como falso, niega la negociación y, por supuesto, el dinero. Pero como no puede negar el encuentro, alega que fue para “exigirles” no interferir en la votación, como si sus dirigentes tuvieran poder para exigir tal cosa. Si este testimonio carece de credibilidad, en virtud de qué son veraces los testimonios de otros pandilleros privilegiados en otros juicios. Si los señalamientos —por cierto, demasiado detallados como para descartarlos con una simple negativa— son inválidos para procesar a los líderes políticos implicados, por qué otros ciudadanos sí son acusados y condenados a partir de declaraciones extraídas en esas condiciones. Además, en este caso existe un agravante. Algunos datos proporcionados por el testigo coinciden con la información aportada por otros pandilleros.

Por otro lado, el testimonio del Ministro de Defensa echa por tierra el caso, montado tan aparatosamente por la Fiscalía, al confirmar que la tregua fue una política del primer Gobierno del FMLN, cuyas directrices se habrían trazado en su despacho. Sorprendentemente, el Fiscal General descalifica su testimonio por falta de credibilidad. Pero si la declaración del Ministro no es creíble, por qué razón sí lo es la del pandillero privilegiado y cómo se explica su presentación como testigo. Nadie en su sano juicio presenta un testigo dudoso. La diferencia de criterio es clara. El pandillero implica a los acusados y el Ministro los absuelve. Todos cumplían órdenes del despacho presidencial. En cualquier caso, habría que acusar al expresidente. En pocas palabras, la Fiscalía no tiene caso.

La gran dificultad de la acusación fiscal es que no tiene pruebas materiales que muestren responsabilidad directa con el delito. Bien lo apunta el Ministro de Defensa cuando dice que no existe ningún documento gubernamental, porque esas eran “cuestiones de inteligencia”. Emprenderla contra el Ministro no hará avanzar el caso. Al contrario, es signo de la debilidad fiscal, que acusa sin pruebas sólidas, basada exclusivamente en decires. La Fiscalía no ha presentado ninguna evidencia que ratifique la versión de su testigo privilegiado. En un juicio, la opinión del Fiscal, por muy general que este sea, no es más que una opinión si no está respaldada por evidencias sólidas.

El Ministro de Defensa aporta un dato interesante. Recibió 25 mil dólares para las operaciones de inteligencia, tal como él las llama, y claro, en cuanto tales, no hay documentación que ampare la entrega y el uso de ese fondo. También el FMLN y Arena habrían repartido dinero generosamente, según el testigo de la Fiscalía. Pero esta no tiene ningún documento que lo compruebe. Esa es la inestimable utilidad de no registrar los gastos catalogados como “inteligencia” y del secretismo con el que los partidos manejan sus dineros. Si los movimientos de esos fondos estuvieran registrados y fueran accesibles a la Fiscalía, esta tendría pruebas contundentes para acusar.

La Fiscalía disimula su fracaso asegurando que la investigación continúa. Sin embargo, desde hace unos once meses, conoce el contenido de la declaración de su testigo y no ha hecho nada para fundamentar sus afirmaciones, ni mucho menos para investigar a los responsables del fraude electoral. Sería sano conocer con qué criterio descartó esta investigación. Las otras instancias estatales responsables de luchar contra la corrupción y de garantizar la limpieza electoral tampoco se han dado por enteradas. Ni siquiera la prensa, vocinglera cuando se trata de las libertades, se ha interesado en denunciar el atentado contra uno de los fundamentos de la democracia.

El desinterés facilita que los dirigentes de los dos partidos se contenten con afirmar tranquilamente que si hay delito, que lo determine el juez. Bien saben que eso no sucederá. Si las dirigencias de los partidos no son responsables de fraude electoral por falta de credibilidad del testigo privilegiado, tampoco los acusados en el caso de la tregua, por lo mismo. Pero ya se sabe, la lógica de la justicia salvadoreña no suele ser dirigida por la razón.