Cuando una empresa grande tiene problemas laborales, la mayoría de los medios de comunicación silencian el problema. Se trata de empresas que dan jugosas cantidades de dinero en concepto de publicidad a periódicos y cadenas de radio o televisión. Solo los medios pequeños se atreven a informar o a decir algo. Otra es la situación si la empresa grande, sea comercial o de otro tipo, está catalogada como afín a la crítica o a la justicia social. Entonces los problemas se agrandan en los medios, independientemente del tamaño o de la misma realidad de la situación. El caso del escalafón en el Ministerio de Salud, que debería ser legalmente revisado y quizás cambiado, se ha convertido en un problema político en el que se exacerban pasiones y confrontaciones. Aumentos salariales sistemáticos del 8% anual en una economía dolarizada, y con médicos que pueden seguir trabajando legalmente aun después de jubilarse, no tienen sentido. Es difícil encontrar parangón al absurdo de mantener trabajando y otorgarles el respectivo aumento anual a cirujanos de 80 años de edad. La ley que se aprobó en tiempos del colón, sujeto a una inflación permanente, debió modificarse cuando se pasó al dólar.
Mientras que con el escalafón corren ríos de tinta sin que ninguna de las partes llegue a un arreglo legal convincente y necesario, en el campo de los derechos laborales se siguen dando lagunas informativas importantes. El caso de Avianca, la línea aérea que absorbió a Taca hace pocos años, es significativo. Varios de sus trabajadores han sido despedidos sin que se le quiera reconocer sus derechos laborales. Probablemente mal asesorada por el típico profesional dispuesto a recortar beneficios del trabajador, la empresa se niega a incluir horas extras en el cálculo de las prestaciones de varios de sus empleados recientemente despedidos. A pesar de que en algunos casos la empresa fue condenada judicialmente, el truco es apelar y desesperar al trabajador con la lentitud del sistema judicial, para conseguir arreglos lo más favorables al empleador. Varios de estos trabajadores llevaban trabajando en la empresa más de diez años y habían sido ascendidos varias veces por su efectividad y capacidad.
La negativa del Estado a buscar soluciones legales cuando una ley, como la del escalafón, amerita cambios es origen de problemas. Pero lo mismo pasa cuando una empresa poderosa regatea los derechos del trabajador. Y Avianca está en esa situación, poniendo en mal a una inversión que por ser latinoamericana debería estar más abierta y ser más responsable con la legislación laboral y los trabajadores salvadoreños. Aunque la mayoría de las grandes empresas nacionales han ido desarrollando mayor conciencia social y dan un trato cada vez más adecuado a sus empleados, quedan entre los figurones de la patronal algunos individuos que con su defensa a ultranza del egoísmo económico favorecen las condiciones para que algunas empresas caigan en abusos y contradicciones. Tener buenos trabajadores, según consta en el historial, y despedirlos sin corresponder adecuadamente a sus derechos no puede ser considerado correcto.
Como tampoco es correcto que el propio sistema judicial, después de reinstalar a un grupo de trabajadores injustamente despedidos de un juzgado, les niegue su derecho a recibir el salario de los meses que estuvieron sin trabajar a causa del despido. Es cierto que si se siguen pautas constitucionales, a la jueza que despidió injustamente a los trabajadores le correspondería pagar la indemnización de los meses que ellos estuvieron sin salario. Pero la Constitución también dice que el Estado debe ser subsidiario cuando el juez no puede indemnizar, dado su salario o su patrimonio. Lo que no se puede es adeudarles eternamente a los trabajadores los más de 20 meses de salarios no cobrados. Que la culpa de esto sea del sistema judicial en su conjunto es simple y sencillamente una vergüenza. Y es además un abuso intolerable que el mismo sistema recurra a la estrategia ilegal de dejar correr el tiempo para ver si los trabajadores —en este caso, gente de bajos salarios— se desesperan.
Las relaciones entre capital y trabajo requieren todavía en El Salvador mucho diálogo, y probablemente mucha receptividad y paciencia a lo largo de las conversaciones. En ambos lados puede haber gente cegada por los propios intereses, e incluso fanática. O todavía peor, tramposa o corrupta. Los bajos e insuficientes niveles de diálogo en las discusiones del año pasado sobre el salario mínimo, que todavía hoy tienen algunos ridículos ecos, muestran en buena parte la dificultad para una sana relación entre el capital y el trabajo. Por eso mismo es necesario un mayor diálogo, para ir superando barreras y malos entendimientos. Empresas como Avianca, que presume de dar un buen servicio a sus muy numerosos pasajeros, deberían dar el ejemplo, en vez de convertirse en un elemento más de abuso del débil. Una empresa de servicios no debe arriesgarse a que su prestigio caiga. Y tratar inadecuadamente a sus empleados es la mejor forma de conseguir que haya clientes que busquen otra forma u otra empresa para viajar.