Crisis de representatividad

Los partidos políticos son pan de cada día en El Salvador. Pero no es así en otras partes del mundo. De hecho, hay países, como Afganistán, donde no existen los partidos políticos porque no tienen gobiernos representativos. El sistema de gobierno de El Salvador se dice representativo porque la población elige a determinadas personas o partidos para que los representen en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones desde él. Sin embargo, desde hace algún tiempo, esa representatividad está siendo cuestionada. En realidad, no se puede hoy en día hablar de los partidos políticos sin hablar de una crisis de representatividad. ¿Representan realmente los partidos políticos a la ciudadanía? El ciudadano que votó por x o y partido ¿se siente representado por las decisiones que este toma?

Por fortuna, están quedando atrás los tiempos en que la gente votaba como quien da un cheque en blanco. Ahora, y cada vez más, la ciudadanía vota y observa la actuación de los partidos para ver si realmente cumplen lo que prometen en las campañas. Y, en consecuencia, cada vez más los ciudadanos sienten que los partidos no cumplen y, por tanto, no los representan. De aquí viene la crisis de representatividad que hace crecer el número de personas que no acude a votar o que anula su voto. Algunos politólogos sostienen que esto se da porque la visión de la representación es muy simplista. Lo que sucede es que los partidos son más homogéneos que el electorado y, por tanto, un partido no puede representar a todos los que lo eligieron. De allí la crisis que provoca la diferencia entre elegidos y electores. No hay una verdadera representatividad. Para el caso salvadoreño, los titulares del Ejecutivo, del sistema de justicia y de las municipalidades muchas veces dejan de lado las necesidades de la población para representar intereses particulares.

En ese marco hay que analizar la noticia política de la semana: el FMLN, Concertación Nacional y GANA se aprestan a elegir anticipadamente al Fiscal General de la República y a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia; o, en otras palabras, se preparan para desarmar la actual conformación de la Sala de lo Constitucional, lo mejor que hemos tenido en los últimos tiempos para el avance democrático, y a repartirse cargos como si de un pastel de fiesta se tratara. Hablando de representatividad, la pregunta que surge ante esta pretensión es ¿a quién representan estos partidos al tomar estas decisiones? ¿A qué ciudadanos están representando el partido del cambio FMLN, el nuevo pero añejo Concertación Nacional y el escindido GANA, al pretender actuar así porque la letra no se los prohíbe?

La respuesta la podemos encontrar pensando en quiénes se verán beneficiados con esas decisiones. ¿A quién le beneficia tener un Fiscal General manejable y fiel a los que lo nombran? ¿A quién le beneficia tener una Sala de lo Constitucional dócil y sometida a la influencia política? Obviamente, esto no es para el bien de la sociedad civil organizada, que de manera explícita y reiterada se ha opuesto a esta maniobra partidaria que atenta contra la honestidad y la democracia. ¿Será beneficioso este cambio para los ciudadanos en general? ¿Son nombramientos buenos para el país y su democracia?

Definitivamente, al dar una breve ojeada a la actuación de los partidos se comprende por qué cada vez más se habla de crisis de representatividad. Lo que están a punto de hacer estos tres partidos —tan distintos en su discurso e historia, pero tan semejantes hoy en sus acciones— con toda seguridad les pasará factura en el futuro. La democracia tendrá que esperar para restañar los daños que le hacen los que hipócritamente actúan en su nombre.