Derechos humanos en Centroamérica

Las organizaciones sociales que forman parte del Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica han vuelto a enfatizar, en su informe 2012-2013, que la situación general en la región continúa siendo preocupante, pues subsisten los problemas estructurales que limitan el pleno disfrute de los derechos humanos. Según el informe, la pobreza, la desigualdad y el bajo desarrollo humano se han profundizado de forma acelerada con la implementación del modelo neoliberal en cada uno de los países del istmo. Señala, además, que este modelo ha generado condiciones de alta vulnerabilidad para los derechos humanos. Y explica que, a pesar de que los Gobiernos de Nicaragua y El Salvador sostienen que sus modelos económicos son alternativos o distintos al neoliberal, estos continúan desarrollando las mismas políticas y lógicas neoliberales que afectan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población.

Respecto al ámbito político, se plantea que los países del área cuentan con esquemas democráticos débiles. Y una de las razones principales es el hecho de que los Gobiernos promueven los procesos electorales como único mecanismo de participación ciudadana. Con ello, según el documento, se profundiza la delegación de la toma de decisiones sobre temas de primera importancia en élites que no representan los intereses de las mayorías. Las consecuencias primeras son imposición de formas de gobierno con elevados índices de exclusión, centralismo, cooptación de organizaciones sociales y cierre de espacios para las opiniones críticas a la administración de los poderes públicos.

Por otra parte, el informe reitera que la región centroamericana sigue caracterizándose por ser una de las más violentas e inseguras del mundo, registrando altas tasas de homicidios. Asimismo, se cuestiona la implementación de modelos de seguridad con énfasis en la represión, que han desembocado en la remilitarización de la sociedad y en la mercantilización de la seguridad, mediante la proliferación de los servicios de seguridad privada, en lo que destacan los casos de Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero el recurso de la seguridad privada ante el recrudecimiento de la violencia y la ineficacia del Estado para combatirla se ha extendido también a países con bajas tasas de criminalidad, como Costa Rica y Nicaragua.

El informe habla del irrespeto a la independencia judicial como una característica de la región. En todos los países se registran situaciones contra esa independencia. Entre los hechos más alarmantes se mencionan los "golpes técnicos" contra el Tribunal Constitucional de Honduras; la intervención del poder económico en el proceso contra Ríos Montt en Guatemala; la no reelección de magistrados por criterios partidarios en Costa Rica; el mecanismo amañado de elección de los jueces en Panamá; y la creación de comisiones especiales para investigar a magistrados de la Sala de lo Constitucional en El salvador, debido a la naturaleza independiente de sus resoluciones.

Frente a estas problemáticas, el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica hace una serie de recomendaciones. En primer lugar, que los Estados centroamericanos eliminen el esquema de represión del delito como única estrategia de seguridad e identifiquen mecanismos que ayuden a la prevención y a la resocialización de las personas en conflicto con la ley. En ese contexto, se llama a desmilitarizar a la región, reducir el presupuesto de defensa y dejar de proponer a militares para cargos de elección popular.

En segundo lugar, se propone que los Estados de la región propicien la integración centroamericana y adopten un modelo económico alternativo, basado en el respeto a los derechos humanos, la equidad y la justicia social. En este sentido, se sugiere impulsar proyectos, planes y programas tendientes a fomentar el desarrollo económico, social, sostenible y protector del medioambiente. Algunas medidas ejemplarizantes de este tipo de desarrollo lo constituyen el cooperativismo agrícola o de vivienda, las economías solidarias en la producción de bienes y servicios, y los proyectos locales y comunales de ayuda mutua.

En el plano de la transparencia y honradez en el manejo de los fondos públicos, se recomienda evitar los despilfarros y combatir la evasión fiscal y los actos de corrupción que sangran las finanzas públicas. Y para paliar la deuda externa, el documento señala que se deben crear políticas fiscales que permitan una mayor tributación de los sectores económicamente más poderosos, lo que puede posibilitar mayores ingresos para responder a los compromisos relacionados con la liquidez financiera y la sostenibilidad de los programas sociales.

Este informe sobre derechos humanos en Centroamérica es un buen insumo para la ciudadanía, tanto en lo que se refiere al conocimiento de los obstáculos para el ejercicio efectivo de sus derechos como al análisis de las condiciones que pueden posibilitar la vigencia de los mismos. Y en el caso de El Salvador, en plena coyuntura electoral para elegir al nuevo Presidente, el documento constituye un llamado a la realidad, para que esta no se diluya o se encubra con la saturación de propaganda, la demagogia, la retórica y las promesas fáciles de los partidos en contienda. El acceso a la información y el conocimiento sobre la realidad pueden ser una luz en medio de tantas tinieblas electorales; son una condición necesaria para saber elegir y no simplemente votar.