Desvergüenza pública

La reacción de los diputados a las revelaciones de la prensa sobre sus empleados es timorata. Miran hacia otro lado. Algunos hablan de legislar prohibiciones, otros de endurecer penas, un recurso muy del gusto político nacional, pero ineficaz, porque no hay quién aplique leyes y sanciones. Otros se cruzan acusaciones y desmentidos, pero ninguno asume la responsabilidad de los hechos. Hay quien invoca los derechos adquiridos por los empleados para mantener la situación actual. Otros escurren el bulto arguyendo que es práctica común del Estado. Sin duda, es así. Pero la corrupción de unos no justifica la de los demás. En cualquier caso, la podredumbre que ha salido a luz es la legislativa. Hay quienes piden un inventario independiente, como si fuera tan difícil identificar los contratos mal habidos. Dado que los beneficiados son parientes, militantes y protegidos, el contratista bien puede solicitarles la renuncia inmediata a la plaza. Pero esto no sucederá. Los intereses en juego son demasiado sustanciosos. La plaza legislativa es un medio eficaz, y aceptado, para medrar sin trabajar. Los grandes ausentes en los pareceres de los diputados son la ética y el sentido de la decencia.

El argumento trivial y contradictorio, la prescindencia de la justicia y la respetabilidad son comunes a la hora de intentar explicar la corrupción. Otro ejemplo interesante, y con implicaciones para la seguridad nacional, son los argumentos utilizados por el ex ministro de defensa para intentar justificar la violación de los artículos 86 y 225 de la Constitución, y el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. El antiguo funcionario admite que incurrió en esas violaciones cuando hizo un préstamo millonario al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada para pagar los salarios y aguinaldos de diciembre de 2018. La excusa es asombrosa. El ex ministro aduce razones de “fuerza mayor” y de humanidad. Si no hubiera quebrantado la ley, habría dejado sin dinero a soldados y oficiales durante las fiestas de fin de año, dice, en cuyo caso “los militares armados podían tomar represalias” y “provocar un episodio” de consecuencias impredecibles.

Dicho de otra manera, la Fuerza Armada no es tan disciplinada como asegura el discurso militar. Según el alegato del último ministro de defensa, contratiempos como el retraso del salario pueden provocar el amotinamiento de sus efectivos, pues los oficiales no tienen control total sobre los hombres armados que comandan. En su afán por justificar creíblemente la violación de la ley, al ex funcionario no se le ocurre nada mejor que invocar la seguridad nacional, sin caer en la cuenta de la envergadura de sus afirmaciones. En las primeras décadas del siglo pasado, el amotinamiento militar no era extraño. Uno de los motivos era el retraso de meses en el pago de los salarios. Si las declaraciones del ex ministro son verosímiles, poco ha avanzado la institucionalidad militar.

Pero él mismo se encarga de aclarar que el amotinamiento fue “una suposición”. Así, pues, no habría problema de disciplina. “No hubo manifestaciones más allá de las protestas en redes sociales y en los medios de comunicación”. Esto significa, entonces, que el general chantajeó al ministro de Hacienda con la sublevación armada para que le facilitara el dinero. En ese caso, el indisciplinado sería él. De todas maneras, agregó para despejar cualquier duda sobre su desempeño: “Uno no puede prever qué puede suceder. No quisimos correr ese riesgo”. En definitiva, el general, temeroso de las redes sociales, violó la ley e hizo el préstamo, el cual le fue concedido afablemente.

El origen de las dificultades del ex ministro es el costo desproporcionado del Ejército para los ingresos fiscales del país. El gasto militar es aumentado por el despilfarro, como la adquisición de misiles obsoletos, un tema silenciado oportunamente, quizás como parte de la negociación del presupuesto con Arena. El general no pudo llegar al fin del año, porque hacienda no le transfirió la cantidad requerida. No disponía de ella. Tampoco habría autorizado el préstamo, tal como asegura el general. Por tanto, fue más allá de sus competencias y atentó contra la seguridad financiera del Estado. El hogar sensato reduce el gasto superfluo cuando no puede llegar a fin de mes. En cualquier caso, la falta de fondos no justifica la violación de la Constitución, a la cual el general dice defender con su vida. Qué se puede esperar, entonces, de quienes no tienen grado militar y viven al día.

Los argumentos, inadmisibles en una democracia, han pasado desapercibidos, incluso para el medio que las difundió, que se limitó a reproducirlas. Esto muestra el enorme nivel de tolerancia social y política con la corrupción y la violación de la ley. Si un alto funcionario, un general, por más señas, violenta la Constitución impunemente, qué sentido puede tener prohibir o endurecer las penas por las contrataciones ilícitas, incluidas las licitaciones. Todo es admisible en el poderoso. Por esa razón, los funcionarios gubernamentales, incluidos los actuales, y la prensa, tan ufana de su libertad, no se atreven a identificar a las empresas que violentan la ley, aun cuando haya muertos de por medio. El buen nombre y el buen hacer se protegen con falsedades.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.