Discusiones sobre un golpe

Con la llegada del presidente Zelaya a Honduras y su escala en El Salvador se ha levantado una polémica que muestra que las profundas raíces autoritarias y exageradamente nacionalistas siguen firmes, especialmente en las mentes de las personas apegadas al poder económico. Se dice, entre otras cosas, que Zelaya ha sido destituido legalmente, que apoyar su paso por El Salvador es ilegal, que Brasil está creando problemas internacionales aceptándolo en su embajada y que la comunidad internacional está ofuscada y equivocada en su negativa a aceptar a Micheletti como gobernante legítimo.

Afirmar que Zelaya ha sido destituido legalmente es absurdo. Se trata de un Presidente al que se le asalta ilegalmente en su casa —sin orden de detención alguna—, se le lleva a la fuerza al aeropuerto y se le echa del país en contra de lo que la Constitución hondureña ordena. Se informa públicamente desde el Estado que Zelaya ha presentado su dimisión; y sólo cuando Zelaya niega esa versión estatal, se le acusa de violar la Constitución y de haber sido depuesto como Presidente. No hubo proceso jurídico en su contra, no hubo posibilidad de defensa. Todo se hizo una vez expulsado del país ilegalmente. La ilegalidad e improcedencia de la expulsión vicia cualquier proceso posterior, y eso es lo que mueve a la comunidad internacional a no reconocer a Micheletti.

El paso de Zelaya por El Salvador es totalmente legal; es un ciudadano centroamericano y puede entrar simplemente con su cédula de identidad. El Salvador, además, lo sigue reconociendo con justa razón como Presidente constitucional de Honduras, al igual que toda Latinoamérica. Incluso favorecer su retorno a Honduras no es más que favorecer una posición de derecho internacional que no sólo es salvadoreña, sino de la mayor parte de la comunidad internacional. La izquierda ni siquiera debería recordarle a la derecha el apoyo de un sector de esta última al delincuente Posada Carriles. No se puede comparar uno y otro caso. Zelaya no es un delincuente con orden de persecución internacional admitida por otros Estados, sino un Presidente constitucional reconocido por la comunidad internacional.

Brasil no crea problemas a Honduras teniendo a Zelaya en su embajada. Simplemente cumple con el derecho internacional de asilo. Amenazar a Brasil con medidas de fuerza, como ha hecho Micheletti en estos últimos días, exigiendo en un plazo de diez días la entrega de Zelaya, no es más que la continuación de un accionar ilegal y desconocedor de la legislación tanto hondureña como internacional. Cuando Zelaya quiso regresar a Honduras a través de la frontera de Nicaragua, se le impidió militarmente. Romper relaciones diplomáticas con Brasil es una barbaridad más del régimen de Micheletti.

Decir que la comunidad internacional está equivocada simplemente da risa. Se puede decir dentro de El Salvador porque el debate interno en nuestro país es de muy baja calidad intelectual. Pero fuera de nuestras fronteras sería simplemente hacer el ridículo. El cierre de emisoras y la suspensión de garantías constitucionales dicen bastante más sobre Micheletti que las turbias defensas que se hacen al interior de El Salvador.

Más que debatir estos puntos, lo que debemos hacer en El Salvador es presionar, desde nuestra opinión y desde nuestro accionar diplomático, en favor de que haya un diálogo, especialmente en torno a la propuesta del presidente Arias de Costa Rica, para llegar a una solución que evite la crispación creciente que se está dando en Honduras. Nuestro país tiene sobradas razones para saber que la vía de la violencia no soluciona los problemas nacionales. Y ciertamente Zelaya fue expulsado de forma violenta de su país. Ni Zelaya debe llamar a la violencia ni Micheletti debe obstinarse en mantener la violencia golpista con la que se inició este descalabro. Los más pobres de Honduras son los que al final llevan la peor parte y cargan con el mayor dolor si las élites son incapaces de llegar a una solución de diálogo. Impulsar y exigir diálogo entre las partes es el único camino ético.