El deseado imperio de la ley y del orden

Ha llegado el turno de la ley y el orden. Así lo anunció el mismo Bukele en la inauguración de otra infraestructura. Una vez cerrado el capítulo de las pandillas y elevada la educación y la salud pública a niveles nunca vistos, Bukele se dispone ahora a convertir a El Salvador en “el país de la ley y el orden”. Una deuda pendiente con la ciudadanía y una aspiración de muchos, nacionales, expatriados e inversionistas. Pero la experiencia con la retórica presidencial recomienda cautela. Es más fácil proclamar el imperio de la ley y el orden que llevarlo a cabo.

Los presupuestos de este imperio aconsejan reserva. Es cierto que el hurto de artículos de poco valor, la estafa, la contaminación ambiental y la corrupción persisten. Pero no es cierto que “el crimen violento” haya sido eliminado. El homicidio, el feminicidio, la violación y la desaparición tienen menos incidencia, pero todavía ocurren. Las estadísticas oficiales y la denuncia pública así lo demuestran. El que hayan sido tratados con displicencia no significa que hayan desaparecido. A veces, los mismos fiscales, a quienes Bukele ha encomendado implantar la ley y el orden, desatienden las denuncias y maltratan a los denunciantes.

Tampoco se han esmerado en perseguir las estafas como lo evidencian las cooperativas de ahorro saqueadas, alguna de ellas vinculada a las municipalidades y los funcionarios del régimen. El crimen ambiental lo desconocen. Más aún, el mismo poder ejecutivo facilita la deforestación para abrir espacio al cemento y al asfalto. La contaminación de las aguas y el aire es irrelevante. La corrupción, ya ni se diga. Es difícil pensar que un discurso de ocasión pueda transformar la condescendencia actual en una persecución del delito tan implacable como la desatada contra las pandillas. Si estas son terroristas, los delincuentes en gran escala no están lejos.

Sin embargo, Bukele pretende “eliminar todos los delitos”, es decir, recrear el paraíso antes de la caída del país. El deseo responde a una aspiración profundamente humana, pero está fuera de su alcance. Dado que reproducir el paraíso es una quimera, la propuesta puede interpretarse como una licencia retórica, lanzada en un arranque de entusiasmo.

Siempre habrá homicidas, estafadores, corruptos y toda clase de crímenes. El desafío consiste, por tanto, en prevenirlos y en perseguirlos. Un primer paso indispensable es levantar el tupido velo que cubre la actividad gubernamental para que reluzca la realidad, lo cual evitaría la especulación y las burlas. La escueta publicación del patrimonio de los altos funcionarios —forzada por el FMI, no por compromiso con la transparencia— ha sido suficiente para suscitar preguntas inquietantes. Algunas de esas declaraciones están claramente maquilladas.

En estas declaraciones, los fiscales tienen pistas para poner manos a la obra y cumplir el encargo de Bukele. También encuentran indicios en las investigaciones de la prensa independiente y en las revelaciones que circulan en las redes digitales para abrir expedientes contra algunos de los delincuentes más connotados. Conviene comenzar por los grandes para que no quede duda alguna del compromiso de Bukele con la erradicación del delito.

Sin embargo, la ley y el orden solo imperarán si superan dos obstáculos gigantescos. El primero pone a prueba la voluntad política, ya que, sin duda, la lucha contra el delito sentará en el banquillo de los acusados a altos funcionarios y empresarios poderosos. Por lo general, cercanos a la familia gobernante. La exposición pública de sus enredos, intrigas y negocios turbios atenta contra uno de los pilares que la sostienen. ¿Está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias en la imposición de la ley y el orden? La acción policial y fiscal tiene la palabra.

El segundo obstáculo es el régimen de excepción, otro de los fundamentos del orden establecido. En sí mismo, el régimen está reñido con la ley y el orden, porque opera de forma arbitraria y violenta. La lucha contra el delito en todas sus formas requiere independencia de poderes, observancia estricta de la institucionalidad y respeto de la dignidad y la libertad humanas. Si el compromiso con la ley y el orden son auténticos, el régimen de excepción debe ser derogado de inmediato y los desaguisados constitucionales y jurídicos introducidos bajo su protección deben ser corregidos. Esto no significa liberar a los criminales detenidos, pero sí cambiar radicalmente la manera de gobernar.

Imponer la ley y el orden de forma ejemplar para el mundo es una empresa demasiado radical para ser creíble. Sería el final de la arbitrariedad y del desorden reinantes desde 2019. No sería extraño que Bukele no haya sopesado las consecuencias del contenido de su discurso. Quizás le pareció que el tema de la ley y el orden era sugerente para inaugurar el nuevo edificio de una Fiscalía que fiscaliza poco y retorcidamente. Un acto más de propaganda. Una de tantas promesas de los tiempos preelectorales.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.