El poder sociopolítico de las pandillas

Las pandillas y su régimen de terror no son aún un capítulo cerrado. Los pandilleros fueron expulsados del espacio público, pero, a pesar de ser aborrecidos, están muy presentes en la realidad social del país. Aun encerrados e incomunicados, ejercen una influencia social y política que nunca imaginaron. Las pandillas son la razón de ser del modelo de Bukele. Así lo expresan sus defensores. Si los Bukele llegaran a salir de Casa Presidencial, los pandilleros regresarían a las calles y, con ellos, la inseguridad y la violencia. La lógica oficialista concluye que su permanencia es la mejor garantía para preservar la seguridad de la población. El mensaje ha calado en la opinión pública.

La utilización de las pandillas forma parte de la práctica política. En la misma línea que sus predecesores, las pandillas han estado presentes en la vida pública de Bukele desde el comienzo. Primero lo ayudaron a ganar las elecciones de dos alcaldías y le facilitaron su gobernabilidad. Luego lo ayudaron a llegar a la presidencia del poder ejecutivo y redujeron los homicidios para presentarlo como un buen gobernante. Negociaron votos y homicidios, pero no desapariciones. Inesperadamente, el entendimiento se rompió y Bukele arrasó con ellas.

Pero no las desapareció. Las pandillas siguen presentes en la vida nacional. Aun encerradas e incomunicadas, influyen de forma determinante en la política oficial. El modelo de Bukele depende de ellas. El régimen de excepción, cuya razón formal son las pandillas, es su columna vertebral. Si estas fueran un caso cerrado, el régimen sería innecesario. Pero, entonces, el modelo se tambalearía. Si el espacio público está libre de pandilleros, el régimen de excepción ya no tendría razón de ser.

Sucede, sin embargo, que sobre la marcha dicho régimen legitimó al modelo de Bukele. Entonces, dejó de ser excepcional y pasó a formar parte de la vida nacional. Es así como, desde la cárcel de máxima seguridad, las pandillas determinan el curso de la política. Desde ella legitiman la supresión de la independencia de los poderes del Estado. El cultivo sistemático del miedo por parte de Casa Presidencial mantiene viva su memoria y su actualidad. La aceptación social del modelo de Bukele hace cuesta arriba la consolidación de una oposición política con posibilidades reales en las urnas.

El mismo argumento es utilizado para descartar como un despropósito descomunal los repetidos llamados de la comunidad internacional a respetar los derechos humanos. La intercesión por algunos de sus más connotados defensores, encarcelados arbitrariamente, incomunicados, sin defensa y sin justicia, caen en oídos sordos. El oficialismo reacciona indignado que los autores de estos llamados pretenden la libertad de los pandilleros.

Todos los detenidos son pandilleros por decisión soberana del régimen de excepción. Todos han sido condenados a cadena perpetua por la misma autoridad. Las órdenes de libertad de los jueces con libertad de criterio son papel mojado. Incluso los enfermos terminales están condenados a morir en soledad y abandono.

El régimen no distingue entre culpa e inocencia, ni entre grados de culpabilidad. A todos los trata con la misma brutalidad. Unos por homicidas, extorsionados y violadores. Otros por colaboradores o por haber sido asociados por razones diversas y poco claras. La tranquilidad ciudadana solo es posible si el Estado se reserva la discrecionalidad para encerrar a quien quiera.

Muy a pesar del oficialismo, esta manera de entender el derecho y de administrar justicia es cuestionada cada vez más. Los juicios masivos sin defensa real, cuyas acusaciones se basan en afirmaciones no verificadas de un testigo anónimo, y la prisión y la incomunicación perpetua son bien recibidas dentro, por miedo al regreso de los pandilleros. Pero, fuera del país, causan repulsión.

Quizás sin ser plenamente consciente, al menos al comienzo, el oficialismo vinculó su destino a las pandillas de tal manera que ahora no puede romper con ellas sin abandonar el modelo de Bukele. Por un lado, ellas son la razón de ser de su indiscutible popularidad. Por otro, no tiene nada más popular que ofrecer que el miedo a las pandillas. La perversión política las hizo imprescindibles.

La opinión pública acepta de buen grado el régimen de excepción, aun cuando reconoce el encarcelamiento de miles de inocentes. El oficialismo también lo acepta, pero le resta importancia y los descarta como daños colaterales. Un supuesto bien mayor, una sociedad sin pandilleros, justificaría el sacrificio de varios miles de inocentes. Dicho de otra manera, se acepta la injusticia y lo que conlleva de violencia y crueldad.

Este razonamiento puede tranquilizar a conciencias inquietas. Pero es una inmoralidad mayúscula. En ningún caso el fin justifica los medios. Irónicamente, quienes hacen o aplauden el mal para alcanzar un bien supuestamente mayor suelen confesarse también creyentes fervorosos hasta el punto de declarar que Dios guía sus pasos. Ciertamente, no el Dios de Jesús. A Él se llega solo por la misericordia.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.