Excusa no pedida, culpa manifiesta

La larga defensa que la cuenta en X de la presidencia hace de la dictadura es intrigante. Divaga extensamente para sostener que el régimen autoritario del modelo de Bukele es superior a todas las demás formas de gobierno democrático. Es curioso que, a estas alturas, cuando la reelección indefinida está consumada, el mandatario se dedique a destacar su carácter democrático. ¿Acaso se siente inseguro? ¿O tal vez reacción tardíamente a la reprobación de la comunidad internacional? La opinión pública nacional lo acepta sin más. No así en el exterior, donde el hecho, en el mejor de los casos, no es bien visto.

La cuenta en X sostiene que la reelección indefinida de un presidente como el salvadoreño es democráticamente superior a la del jefe de Estado o la del primer ministro del régimen parlamentario, porque el pueblo lo elige directamente. En el otro caso, en cambio, elige un congreso o parlamento que, en un segundo momento, elige al ejecutivo. Esta forma de razonar, aparentemente impecable, se basa en una confusión. En efecto, se confunde el régimen presidencialista, el caso salvadoreño, donde el presidente concentra el poder del Estado, con el parlamentario, donde el ejecutivo es controlado por el congreso o el parlamento. Por tanto, este lo cuestiona directa, crítica y duramente. Si le pierde la confianza, lo censura y lo depone. Algo totalmente inaceptable para un presidente como Bukele.

El segundo argumento dado es totalmente falso. Ninguna “supermayoría” reformó la Constitución para permitir la reelección indefinida. Una Sala de lo Constitucional, conformada por representantes de Casa Presidencial, reinterpretó los artículos que prohibían la reelección. Estos fueron introducidos en 1886 para evitar que los presidentes ambiciosos se perpetuaran en el poder. Más todavía, sus autores, conscientes de las intenciones aviesas de los políticos, agregaron un artículo que impedía modificar la prohibición de la reelección. Así fueron entendidas y aplicadas estas disposiciones hasta la llegada de Bukele. Faltando a la verdad, la cuenta en X presenta como normal un acto insólito.

La realización de elecciones tampoco legitima la violación de la prohibición constitucional, como se aduce a partir de un concepto heterodoxo de democracia. Según ella, el sufragio es un ejercicio de democracia pura. En consecuencia, la reelección de Bukele por una mayoría aplastante sería indiscutiblemente democrático. De nuevo, se confunde unas elecciones libres y limpias con la observancia de la Constitución. La legitimidad del gobernante no depende solo del voto popular, sino también del apego a la institucionalidad establecida. En cualquier caso, los gobernantes autocráticos no prescinden de las elecciones porque les permiten presumir de gobernar con el consentimiento popular, lo cual les confiere una falsa legitimidad nacional e internacional.

Aceptando que “la democracia en su sentido esencial”, como dice la cuenta en X, es “el poder del pueblo”, si el pueblo, en un determinado momento, le pidiera a Bukele redistribuir la riqueza nacional concentrada en una minoría millonaria para establecer un Estado de bienestar que garantice la salud y la educación públicas, pensiones que garanticen el mínimo vital y subsidios para los desempleados y los discapacitados, ¿se concedería? Si el pueblo lo demandara, ¿prescindiría del régimen de excepción? ¿O renunciaría a reelegirse? La respuesta a peticiones como estas es un rotundo no. Entonces, no habría democracia y este pueblo no “elige su propio camino”. Pilato concedió al pueblo la cabeza de Jesús a cambio de liberar a un bandido, un pandillero de hoy. Algo importante falla en el razonamiento de la cuenta presidencial en X.

Intuyendo quizás el callejón sin salida donde se ha metido, al final, la argumentación se remite a los resultados para determinar qué sistema político es superior. Un criterio que había descartado al comienzo de sus disquisiciones por considerarlo parte de “otro debate”. Así, pues, los resultados “determinarán si los salvadoreños elegimos un buen camino y, sobre todo, si elegimos uno mejor que el que llevábamos”. Pero, de nuevo, se llega a un punto muerto. Ningún dictador acepta que gobierne mal. Invariablemente, todos proclaman ser la solución que el país necesita, hasta que caen o los derrocan. Los resultados serían de primerísima importancia si el modelo de Bukele se atreviera a impulsar un Estado de bienestar.

Las cavilaciones de la cuenta presidencial en X no hacen una defensa jurídica informada, sólida y consistente de la reelección. La tarea que se impuso es imposible. Y de alguna manera lo sabe. Pese a ello, por alguna razón no explicitada se empeña en justificarla. Al defender un hecho consumado que nadie le ha pedido explicar o legitimar, reconoce expresamente su ilegitimidad. Mejor hubiera sido guardar silencio y conformarse con el galimatías constitucional del vicepresidente.

Ciertamente, los países modifican sus constituciones. Pero, en el caso de El Salvador, la Constitución prohíbe expresa, clara y terminante la reelección del presidente. Ninguna “fiesta cívica en las urnas” autoriza levantar dicha prohibición.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.