Dudas ante la tregua

En los últimos meses, uno de los temas que más ha ocupado la atención en la agenda nacional es la tregua entre las dos principales pandillas del país. Sin embargo, este fenómeno, sobre el que se ha vertido la más diversa información, aún dista de ser un proceso sostenible. Una primera condición que este tipo de procesos debe reunir, aun cuando el Gobierno solo haya sido un facilitador y no una parte negociadora, es que se maneje con transparencia y responsabilidad, a fin de generar confianza tanto entre los propios interlocutores como entre los diversos actores sociales. Además, cualquier participación del Estado debe ceñirse al principio de legalidad. Todo Gobierno puede recurrir a mecanismos alternativos de resolución de conflictos, pero siempre en el marco de lo que la ley establece.

Sin embargo, la opacidad con la que ha sido manejada la tregua y las múltiples contradicciones en las declaraciones del Ministro de Justicia y Seguridad Pública, quien constantemente da diversas versiones en torno al asunto, al tiempo que asegura tener el monopolio de la verdad, le han restado credibilidad al proceso. En pocos meses, pasaron de ofrecer la musculatura para eliminar la gran amenaza a la seguridad, al discurso de la conversión religiosa de las pandillas. Han pasado de negar la entrega de privilegios a varios de los líderes pandilleros y la flexibilización de los controles en la cárcel, a mediatizarlos abriendo las puertas de los penales a los medios de comunicación, sin que hasta ahora esto haya trascendido en una respuesta institucional sostenible.

Frente a esta nebulosa, algunas de las preguntas que los ciudadanos debemos hacernos son las siguientes: ¿cuál ha sido el papel del Gobierno?, ¿cuál es el verdadero rol de los llamados facilitadores?, ¿qué otros privilegios están recibiendo los pandilleros?, ¿existen otras treguas con o entre otros actores de la violencia? Mientras algunas de estas interrogantes no sean respondidas públicamente y la tregua siga manejándose como un asunto de pocas personas y no como uno de Estado, se dará cabida a que en sus registros oficiales siga reinando el escepticismo.

En realidad, más que una tregua entre pandillas, lo que algunos pandilleros andaban buscando desde hace algún tiempo, sobre todo las generaciones de veteranos que están presos, es una tregua con el Gobierno. De hecho, a lo largo de las administraciones gubernamentales anteriores, hubo diversos intentos de acercamiento para solicitar que se otorgaran beneficios penitenciarios que se les habían negado y que la Ley Penitenciaria ya establece, además de que las autoridades desistieran de violentarles sus derechos humanos. Algunas de las demandas más importantes que estos grupos han venido solicitando son parar el acoso y la persecución policial a sus familias en los barrios; las vejaciones contra sus familiares durante los registros de ingreso a los centros penales; y los tratos crueles y degradantes a que han sido sometidos muchos de ellos dentro de las cárceles, como las torturas en el penal de máxima seguridad y en otros reclusorios del país.

En tal sentido, todo parece indicar que la tregua entre las principales pandillas para reducir la violencia se inscribe en el marco de un proceso de agotamiento al interior de estas, sobre todo de los que están presos respecto a una situación frente a la cual no tienen muchas opciones. En este contexto, la reducción de homicidios se está utilizando como moneda de canje para que el Gobierno les otorgue ciertos beneficios penitenciarios; mientras que este último se aprovecha de la situación para cumplir con el ofrecimiento de bajar el número de homicidios —que no había logrado mediante las vías convencionales— y mejorar así su imagen ante la opinión pública.

Sin embargo, atribuirle a la tregua la reducción del 54% de los homicidios carece de base empírica. Sin duda, los asesinatos han disminuido, pero aún falta comprobar de forma científica a qué obedece. Treguas decretadas por las pandillas con anterioridad solo lograron reducir un pequeño porcentaje de los homicidios. Por otra parte, en sus registros oficiales, la Policía atribuyó a las pandillas el 26% del total de homicidios cometidos en 2011, y no el 90% que ha dicho Munguía Payés. Tomando en cuenta estos elementos, y a la luz de los graves retrocesos y distorsiones institucionales que se están dando en el país, así como de la presencia de poderosas redes de criminalidad organizada, es válido también preguntarse no solo si se ha reducido el crimen, sino cómo se ha reducido. ¿Qué estamos comprometiendo a futuro con esta reducción de los homicidios?

El reparo más importante a este proceso es que han transcurrido ocho meses sin que el Gobierno haya tenido la voluntad o la capacidad de articular una respuesta interinstitucional a las demandas de rehabilitación y reinserción de los pandilleros. Hasta hoy, a pesar del sentido de urgencia que el Ministro parece tener para bajar los homicidios, no se ha formulado una propuesta de política pública al respecto. Está claro que la atención de la violencia no puede circunscribirse únicamente a la tregua, la cual, en todo caso, debe ser el primer paso de un proceso más amplio. Un proceso serio y sostenible que articule las diversas capacidades del Estado en función de una política nacional de prevención y rehabilitación, que rinda frutos en el mediano y largo plazo. Algo que no es compatible con la perspectiva coyuntural que, al día de hoy, parecen tener las autoridades.