El camino agrietado para las elecciones

Se asume como elemento básico en el desempeño de las democracias liberales que sus procesos electorales cumplan con condiciones funda-mentales: participación plural, transparencia en resultados y una gestión eficiente reconocida por los partidos políticos, observadores y sociedad en general. Para lograr tales compromisos es necesario ejecutar una serie de actividades que no son tan evidentes sino hasta el día de las elecciones y el escrutinio preliminar, cuando se podría afirmar el cumplimiento o no de los objetivos definidos. ¿Por qué vale la pena hablar de una actividad que se realizará dentro de diez meses? Es por la preocupación que el TSE afronte un panorama igual de complicado y tenso al de tres años atrás cuando el magistrado presidente Julio Olivo declaró días después a las elecciones del domingo 1 de marzo de 2015 según lo registra un reportaje de elfaro.net: “Quiero confesar ante la nación… hubo sabotaje en el proceso de transmisión y lo vamos a demostrar en los tribunales y van a caer un montón de personas”. Dicha frase al calor de la presión política de no tener resultados 72 horas luego de los comicios -y que se conocieron en días posteriores- refleja una serie de fallos de implementación que se espera no vuelvan a ocurrir el 4 de marzo de 2018, aunque las circunstancias actuales no ofrecen un panorama alentador, cito algunas razones.

La primera, un Plan General de Elecciones construido en función de un monto presupuestario “ficticio” y que ha evidenciado poco o débil cabildeo político con los partidos. El TSE formuló su plan y asumió que dispondría de los fondos necesarios para realizar su tarea, pero el Ministerio de Hacienda “recomendó” una serie de recortes en diversos rubros por un total de $14,1 millones (35.3% menos de lo solicitado), tal recomendación fue asumida por los grupos parlamentarios que en la plenaria del 27 de abril aprobaron el presupuesto electoral de 2018 por un monto $25,8 millones cuando el TSE pedía $39,9 millones. En un comunicado oficial publicado en mayo, el Tribunal confirma que comenzará “a elaborar de forma apresurada un nuevo plan general de elecciones”. La palabra “apresurada” permite diversas interpretaciones.

Con esas condiciones financieras, se deriva una segunda razón: la gestión del tiempo respecto a las actividades a implementar previo al 4M. En diez meses se deben tener impresas las papeletas y conformadas la Juntas Receptoras de Votos (JRV); pero en especial preocupa que exista un mecanismo organizado, profesional y eficiente del procesamiento-transmisión de resultados y haber realizado los simulacros necesarios para evitar fallos técnicos el día de las elecciones; disponer del equipo tecnológico necesario para el registro de los datos, entre otras asignaciones. La tercera razón implica que el TSE pueda capacitar a un implementador clave de nivel operativo en las elecciones y tener garantías de un buen trabajo; me refiero a los miembros de los Organismos Electorales Temporales, en especial los de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) que según cálculos del magistrado Miguel Ángel Cardoza se estimaban en más de 90 mil personas (si las JRV se conformaban por 10 miembros para un aproximado de 9,450 JRV). Su tarea será evitar los errores de las elecciones de 2015 en el llenado de las actas, registro claro de votos y marcas, disminuir el tiempo de conteo, uso eficiente de la tecnología disponible y como agregado no tener afiliación partidaria.

En tal escenario, hay variables que determinarán la calidad en la implementación de un proceso electoral altamente vigilado no solo por sus resultados en la nueva configuración política de la Asamblea, además porque son el termómetro del rendimiento del TSE para afrontar las elecciones presidenciales en 2019.