Mientras el presidente inauguraba el Hospital El Salvador, una plataforma periodística reveló la adquisición fraudulenta de protectores faciales. A pesar del cerco informativo, la prensa descubrió que el Gobierno compró dichos protectores a dos empresas propiedad de dos altos funcionarios por más del doble de su valor en el mercado, sumando en total más de medio millón de dólares. Uno de los beneficiados es un funcionario que circula en el entorno presidencial. El otro se desempeña como viceministro de Hacienda, y curiosamente también posee una empresa que asesora en materia impositiva. Además de los protectores, el Gobierno adquirió otros bienes cuyo detalle aún se desconoce.
El presidente suspendió al primer favorecido, anuló su candidatura a la alcaldía de Santa Tecla y ordenó dos auditorías. Sin embargo, el ministro de Salud, que autorizó las compras, es también responsable, tanto si sabía como si no, porque debiera haber sabido. Contradictoriamente, ese ministro defiende la transparencia gubernamental, pero diluye la responsabilidad en la burocracia ministerial.
Estos hechos son muy reveladores. Por un lado, confirman la sospecha de que en la gestión de los fondos públicos y las donaciones existe corrupción, y que en el círculo presidencial hay oportunistas. El funcionario suspendido también está relacionado con la materia prima de los protectores de plástico reciclado. Al parecer, esta proviene de las botellas repartidas, y luego recolectadas con dinero público, por el Gobierno durante la crisis del agua. Por otro lado, estos hechos ponen de manifiesto la importancia del cerco informativo levantado por Casa Presidencial, así como también la razón de la presión para disponer incontroladamente de los fondos públicos.
No son casos aislados, como tal vez algunos quisieran. Basta recordar los ya olvidados viajes del director de los centros penales. Los voluminosos contratos concedidos por ANDA para perforar y equipar pozos, y la relación del Seguro Social con Casa Presidencial tampoco están libres de sospechas de fraude. Muy probablemente, hay otros casos que se han aprovechado y encubierto con la emergencia. Es plausible que el presidente Bukele pueda haber sido engañado por algunos de sus colaboradores más cercanos, entre los cuales hay oportunistas, pero el silencio informativo, que favorece su proliferación y bonanza, es responsabilidad directa suya.
Asimismo, es comprensible que la envergadura de la crisis demande flexibilidad para atender rápida y eficazmente unas necesidades apremiantes. Pero justamente por eso, la información detallada y clara es la mejor garantía para el buen uso de unos fondos escasos. Si Casa Presidencial no tiene tiempo ni energías para controlar el gasto y mantener a raya a los oportunistas que deambulan por sus dependencias, y si la Corte de Cuentas, la gran ausente, no tiene capacidad ni voluntad política para auditar, la sociedad civil, en concreto, la prensa y algunas organizaciones privadas, ya ha demostrado interés y capacidad para descubrir las operaciones fraudulentas. La insistencia veraz en la preservación de la vida y la salud del pueblo se traduce en colaboración estrecha con la sociedad. Esta no solo debe cuidar de sí misma, sino también proteger los medios que preservan su vida.
Los incondicionales que con tanto celo velan por el éxito del Gobierno de Bukele debieran adoptar una postura beligerante ante la corrupción y los corruptos. Estos no tienen color político, pero poseen buen olfato para el dinero. Penetran hábilmente los círculos de poder, se disfrazan de incondicionales y medran donde se los tolera. En una Casa Presidencial afanada en la desinformación y la oscuridad, encuentran condiciones ideales para enriquecerse a costa de la miseria de la gente. Estos son los auténticos enemigos del pueblo, no los fantasmas que los incondicionales agitan ofuscada y ciegamente. Aquellos se embolsan el dinero de la ciudadanía, mientras que estos son simples construcciones fantásticas. Mientras se ensañan con ellos, aquellos otros prosperan al amparo del Gobierno. Bien harían, pues, en vigilar el gasto público y la conducta de los funcionarios; y si encuentran indicios suficientes, deberían denunciar la corrupción y a los corruptos. Prestarían así un invaluable servicio al Gobierno que tanto estiman. La pasividad y la autocomplacencia ponen en entredicho su fidelidad al presidente Bukele.
Los miles de millones en juego, la necesidad apremiante y la poca disponibilidad de dinero exigen auditar, interna y externamente, la actividad de Casa Presidencial y sus dependencias. No se trata de desprestigiarla ni de boicotearla, sino de ayudarla a cumplir con sus obligaciones de manera eficaz y honesta. No se trata de hacer fracasar al Gobierno de Bukele, sino de contribuir a liberarlo de dos de los demonios que lo habitan: la ambición y la codicia.
* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.