La desvinculación de Arena del expresidente Saca y su círculo llega demasiado tarde. Al encontrarse inesperadamente expuesto, junto con conocidos periodistas, banqueros y funcionarios de todos los rangos, Arena intenta salvar los muebles de la debacle de la corrupción. En su momento, el partido se desvinculó de Saca, pero no lo expulsó de sus filas por corrupto, sino por dividirlas y fundar otro partido. La denuncia en la Fiscalía no tiene mayor mérito, porque la presenta solo cuando los cargos de corrupción son inocultables. Asimismo, dice ver la “oscuridad” de los tiempos de Saca hasta ahora, cuando la podredumbre ya ha salido parcialmente a la luz. Y, en todo caso, alega que la honradez no obligaba entonces, porque en esos tiempos y en los de Flores no había ley de partidos políticos que regulara su financiamiento.
En una argumentación de talante más teórico, arguye que la corrupción proviene de las personas, no de las instituciones; es decir, Arena en cuanto tal no tendría ninguna responsabilidad en lo ocurrido. Pero, contradictoriamente, asegura estar indignado y sentirse institucionalmente ofendido por la utilización que esos colegas hicieron del partido, o sea, la institución, para saquear al Estado. La indignación lo lleva a solicitar a la Fiscalía una investigación. Así, pues, según este razonamiento, existe responsabilidad institucional. Más aún, la dirigencia actual ha reconocido que se equivocaron al entregar las llaves del partido a Saca.
Indudablemente, el acto corrupto es imputable, en directo, a las personas. Pero es igualmente cierto que la repetición sistemática de tales actos acaba por cobrar cuerpo en la estructura en cuyo seno tienen lugar. Es así como las instituciones se vuelven corruptas y, en cuanto tales, promueven la corrupción. No se pueden olvidar los diez millones de dólares de Flores que, mientras no se demuestre otra cosa, fueron a parar a Arena. Saca dio continuidad a esa manera irresponsable de gestionar los fondos públicos. Y no solo eso, sino que le mostró a Funes cómo proceder. Tampoco se puede olvidar la oleada de privatizaciones de los dos primeros Gobiernos de Arena, la cual fue bien aprovechada por unos cuantos dirigentes del partido para apropiarse indebidamente de los activos del Estado.
La apertura de Arena a la verdad no es tal, ya que al solicitar la investigación fiscal, circunscribe cuidadosamente las averiguaciones a Saca y su círculo, que, reconoce, ya están procesados. Por tanto, la demanda no tiene otro propósito que alejar al partido de los acusados. Sin embargo, Arena no ha podido aclarar si guarda los registros contables, necesarios para verificar las transferencias de dinero que fueron a parar a sus arcas. Flores no hizo uso de la contabilidad. Según sus declaraciones, repartió el dinero como quien da limosna. Convenientemente, sus cómplices principales ya han fallecido.
En general, los Gobiernos se niegan a mostrar los registros contables de las operaciones financieras de Casa Presidencial con el pretexto de tratarse de unos fondos reservados. Así, pues, la misma estructura financiera del poder ejecutivo promueve la corrupción. Ni siquiera la Corte de Cuentas fiscaliza el uso de ese dinero. Dicho de otra manera, instituciones como esa están para legitimar los actos corruptos de los Gobiernos, no para impedirlos.
La contrición de Arena es tan poco convincente que hasta su candidato presidencial lo ha llamado a exponer su modo de operar. Tal vez no es consciente de las implicaciones políticas y judiciales que semejante apertura pudiera implicar. La verdad no es opción viable, porque la corrupción de muchos quedaría expuesta ante la opinión interna y externa. Arena, al igual que los otros partidos, tiene que guardar las apariencias; si no, cómo podría captar votos.
De todas maneras, Arena pretende convencer que la corrupción de sus Gobiernos es cosa del pasado. El partido actual sería completamente distinto, transparente y ordenado. Sus líderes y sus candidatos presidenciales no tienen pasado político, lo cual, en sentido estricto, es correcto. Pero son candidatos de un partido corrupto y encubridor de corruptos, y de violadores de los derechos humanos. La limpieza del expediente es presentada como garantía de futuro promisorio, pero eso no es suficiente. Las únicas promesas de los candidatos presidenciales de Arena son no pagar sobresueldos y endurecer las penas para las condenas por corrupción, una medida penal muy tradicional de la política salvadoreña, pero igualmente muy ineficaz, porque no hay quién persiga a los culpables ni quién se atreva a condenarlos.
Paradójicamente, las promesas audaces hechas hasta ahora no incluyen combatir la corrupción. Todavía no se han atrevido a prometer la supresión de los fondos reservados de Casa Presidencial. De hecho, la mayoría legislativa de Arena puede exigir desde ahora que el financiamiento de la inteligencia del Estado y de todas las actividades de la Presidencia figure en el presupuesto general y esté sometida al escrutinio de la Corte de Cuentas y de la opinión pública. Simultáneamente, debiera comenzar a trabajar en el fortalecimiento de la independencia y la eficacia de las instancias que controlan el gasto público. Y dada la aceptación de la cultura de la corrupción, podría solicitar ayuda internacional, así como ya lo ha hecho Guatemala y, en menor medida, Honduras, para identificar y perseguir penalmente a los corruptos. ¿O será que se conforma con que Washington le publique la lista de los corruptos?
* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero