El marco de la ley

Dos semanas atrás, el diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, admitió haber financiado la adquisición de armas, y sus respectivos permisos, para la comunidad San José de La Montaña, en Zacatecoluca. El diputado se limitó a declarar que sus acciones fueron legales y que responden a la necesidad de fortalecer la seguridad nacional. Exactamente, sus palabras fueron que “en la medida en que todo sea legal, en que todo sea transparente y en que todo sea en el marco de la ley, no hay ningún problema”.¹

¿Esto es así realmente?, ¿es justificable, con base en marcos normativos legales y en la situación de violencia generalizada, que grupos ciudadanos intenten tomar “justicia” por cuenta propia? Respecto de ello, hay una interrogante fundamental en estos momentos y, siendo esta una iniciativa de un diputado, para las próximas elecciones: ¿desde qué perspectiva vamos a fortalecer la seguridad en el país? Hasta hoy, las propuestas siempre se han encaminado a fortalecer el sistema penitenciario, en general, desde el endurecimiento de las penas carcelarias y la persecución sin descanso de quienes son sospechosos de delinquir o que, en efecto, delinquen.

Las medidas extraordinarias son ejemplo claro de ello, y no olvidemos los poco efectivos – pero represivos – planes Mano Dura y Súper Mano Dura. Sin embargo, ¿es esta la única posibilidad para nosotros en cuento a seguridad, es decir, a través de la dureza y la búsqueda constante de ajusticiamiento?, ¿no podríamos discutir, como país, desde una perspectiva diferente como, por ejemplo, desde la que brinda los derechos humanos? Si para el presidente de la Asamblea Legislativa la cuestión es de legalidad, pues, habría que darle espacio. La declaración de Derechos Universal de Derechos Humanos es también un marco legal, después todo. Y no sólo eso: es un marco legal internacional vinculante para El Salvador dado que participamos de la Organización de las Naciones Unidas. De hecho, nuestro país preside desde este año el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es decir, no solo podemos darle una oportunidad a una perspectiva como esta, dicho lo anterior, estamos obligados a hacerlo.

Preocupa, entonces, la evidente miopía respecto del aparato legal al que podemos recurrir en cuanto a la seguridad y otras situaciones. Y preocupa más, todavía, que la seguridad sea siempre uno de los temas recurrentes a medida que se acerca al período electoral. Siempre sobran las promesas en cuanto reducir el número de asesinatos, acabar con la delincuencia, controlar a las pandillas. No olvidemos fue el mismo poder legislativo quien redujo, hace poco, el presupuesto de seguridad para dar prioridad a los Certificados de Inversión Provisional. Si lo que se pretende es el bienestar de todos, de más está describir qué sensación produce un acto como el de armar ciudadanos sin caer en una ilegalidad. Queda claro, entonces, que la seguridad buscada o, mejor dicho, que se busca desde la presidencia de la Asamblea Legislativa está amparada en una sola ley, que no es la salvadoreña ni la internacional, sino la del Talión.

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¹ Cristian Meléndez. “Gallegos da ayuda económica a comunidad para armarse contra pandillas”. La Prensa Gráfica. 5 de mayo de 2017. Sección Política.