El Gobierno de Salvador Sánchez Cerén inicia su último año de gestión en un contexto político muy adverso, tanto por los limitados apoyos legislativos con los que cuenta en la nueva Asamblea Legislativa como por el cada vez menor respaldo que obtiene de la población. La reciente encuesta de la UCA muestra que el Gobierno no solo sigue afectado por altos niveles de desaprobación de la población en general, sino que los juicios negativos sobre su desempeño son cada vez más unánimes entre los distintos grupos de ciudadanos, incluso entre aquellos con menores recursos económicos y de mayor edad, que han tendido a evaluarlo de forma más positiva. Dicho de otro modo, hay un retiro progresivo de los pocos apoyos ciudadanos que había mantenido en los últimos años.
Asimismo, no es posible encontrar áreas o ámbitos de trabajo evaluados por la encuesta donde prevalezcan opiniones positivas. La tendencia dominante encontrada en los datos muestra que una significativa mayoría de la población (más del 70% de los consultados) no se siente beneficiada con el trabajo del actual Gobierno, cree que este no ha escuchado las demandas de la población y piensa que el Ejecutivo incumplió sus promesas de campaña. Contrario a ello, la gran mayoría de la gente advierte cambios negativos en el país, opina que el Presidente gobierna mal y que el país ha empeorado con la administración actual.
Si bien es cierto que los bajos niveles de aprobación pública han sido parte de una tendencia que ha caracterizado al Gobierno de Sánchez Cerén desde su llegada al poder, el progresivo deterioro de los juicios ciudadanos sobre el trabajo gubernamental lo coloca, en perspectiva histórica, como el peor evaluado de la posguerra, incluso por encima del de Francisco Flores, que enfrentó los más altos niveles de impopularidad durante casi todo su período, hasta que la campaña de la mano dura logró revertirlos en el quinto año.
Pero la evaluación del actual Gobierno en la opinión pública salvadoreña no solo se ve afectada por los juicios negativos sobre su gestión o por la imagen que la gente tiene del Presidente, sino por el fuerte deterioro de la imagen pública que, según las encuestas, ha experimentado el FMLN en los últimos años. Ciertamente, los datos sugieren que son varios los factores que contribuyen a que la mayoría de la gente haya construido juicios tan negativos sobre el trabajo del actual Gobierno, pero uno de los que más socava su evaluación es el sentir generalizado de la población de que su trabajo no la ha beneficiado y de que no ha escuchado sus demandas.
Los reproches ciudadanos de que el Gobierno no ha gobernado para la mayoría de la gente ni la ha beneficiado constituyen el mayor revés para un partido de izquierda que arribó al poder con la etiqueta de revolucionario y comprometido con el bien común, que se autoproclamó siempre como el partido de los pobres y que se presentó en la arena política como la antítesis de los Gobiernos neoliberales que funcionaron al servicio de unos pocos. En un contexto en el que ya prevalecía un elevado hastío de la gente con la clase política, la incapacidad del FMLN para constituirse en una verdadera alternativa a la derecha política ha liquidado la reserva de esperanza de que mediante los partidos políticos tradicionales el país pudiese cambiar de rumbo.
El desencanto y malestar ciudadano con el mal desempeño del Gobierno del FMLN y de sus liderazgos políticos, sumado al descontento con el resto de partidos políticos, han contribuido a acelerar el cierre del ciclo de preponderancia de los partidos tradicionales, que por primera vez vislumbran un futuro no muy lejano en el que estaría amenazada su sobrevivencia.
* Jeannette Aguilar, directora del Iudop