El ministro del “no”

El ministro de Defensa no ha defraudado. Respondió como era de esperar, y esperar otra cosa ha sido una enorme ingenuidad. El ministro no ordenó la toma del recinto legislativo; no sabe quién dio la orden; no sabe quién estaba al mando; no fue la Fuerza Armada, sino el Estado mayor presidencial; no fue un operativo militar, sino “un dispositivo de seguridad”; no se violentó el recinto legislativo; no se debe a la Constitución, sino al pueblo; no sucedieron las cosas como dicen y quienes difieren de la versión del ministro lo hacen por falta de capacidad mental. Las reiteradas negativas no impidieron que el contralmirante contradijera a su comandante en jefe. Este declaró en la prensa estadounidense que el objetivo del operativo había sido proteger a los diputados, pero el ministro dice que era proteger al presidente. Aunque el contralmirante dijo desconocer los detalles del operativo militar, se hizo presente para supervisar el desarrollo de una “operación normal”. No tuvo a bien explicar por qué un despliegue “normal” requería supervisión ministerial ni cómo pudo supervisar una acción cuyos detalles desconocía. En fin, el contralmirante es un ministro del “no”. No es el único, el de Agricultura asumió esa línea desde hace tiempo. En el “no” se protegen a sí mismos y al presidente Bukele. Tal vez piensen que su “no” es tan poderoso que desvanece la realidad.

La interpelación legislativa de los funcionarios tal como está planteada es un fracaso. En teoría, los interpelados están obligados a decir la verdad, pero todos mienten y todos niegan la evidencia. También los diputados. Mienten y niegan, porque sus mentiras y negaciones no tienen consecuencias. Si los interpelados enfrentaran la posibilidad real de una sanción, hablarían. Pero eso es pedir imposibles a un régimen bien predispuesto a aceptar las mentiras y las negaciones. Prueba de ello es el fiscal general, quien no encuentra delito en la toma militar del recinto legislativo. La tolerancia e indiferencia de la opinión pública contribuye también con la impunidad. Unos dan por sentado que el funcionario es, por naturaleza, corrupto y mentiroso. Otros, los incondicionales, prefieren ser engañados para no enfrentar los desafíos de una realidad dura y aparentemente sin salida.

El contrato abortado con un cabildero de Washington para mejorar la imagen del presidente no es casualidad. La suspensión del contrato no oculta la crisis de credibilidad de este. Casa Presidencial es consciente del deterioro ocasionado por tanta mentira e incompetencia. El desgaste es tan serio que lo ha tratado como un tema de seguridad nacional. Paradójicamente, el cabildero contratado es el mismo utilizado por Maduro y por otros personajes con muy mala reputación internacional. El elevado costo del contrato indica lo arduo que resulta transformar un desempeño mediocre en otro inteligente y brillante. La confidencialidad a la que las partes se obligaron es una muestra más de cómo se ha pervertido este recurso. El ministro de Defensa lo invocó cuando le preguntaron por la cantidad de efectivos que había participado en la operación del 9 de febrero. Se negó a proporcionar el dato para no comprometer la seguridad nacional. La necesidad de un cabildero de altos vuelos evidencia el agotamiento del esfuerzo publicitario de Casa Presidencial, al menos en el exterior, donde el presidente cool se ha vuelto chilly. En el interior, aún quedan sectores significativos que beben de esa fuente con gusto.

Otra curiosidad de la coyuntura de la interpelación es la intervención de otro ministro, que salió en defensa de su colega. Según este funcionario, los diputados carecen de solvencia moral para cuestionar al contralmirante. Ciertamente, la moralidad de muchos de ellos es muy cuestionable, comenzando por los de Gana, el PCN y Cambio Democrático, los aliados del presidente Bukele. Estos diputados no se distinguen por sus aportes para el bien general ni por la honradez. En cualquier caso, aquí la cuestión no es la legitimidad de los diputados, sino la constitucionalidad de las acciones del contralmirante. De hecho, la inmoralidad de los diputados no es más que un arma arrojadiza para descalificar sus cuestionamientos. Descalificar para no ser descalificado lleva a la hipocresía. En el mejor de los casos, ninguno es sinvergüenza porque todos son igualmente sinvergüenzas. Más allá de la retórica pueril, ya es hora de someter a escrutinio riguroso la actuación de todos los diputados y funcionarios para sacar las consecuencias políticas.

La interpelación utiliza un procedimiento obsoleto. Las diecisiete preguntas planteadas al contralmirante son repetitivas y desordenadas por falta de sistematización. Las repreguntas sobre cada una de las preguntas prolonga innecesariamente una indagación que debiera caracterizarse por la agilidad. El procedimiento se vuelve así tedioso e ineficaz. El comportamiento de los diputados, tanto de los gubernamentales como de la oposición, ha sido poco digno del escaño. Las barras, tanto la interna como la externa, son improcedentes. El aplauso o el abucheo, los gritos y la barahúnda no contribuyen a aclarar lo ocurrido el 9 de febrero ni dan la razón a una de las partes.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.