El presupuesto de educación

Soy miembro del Consejo Nacional de Educación (Coned). Por eso escribiré en primera persona. Cuando la propuesta del Consejo fue entregada públicamente al Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, me pidieron que dijera ante él unas palabras. De ellas quiero resaltar las que dije al principio de mi intervención: “Un consejo de educación no tendría sentido si no buscamos e impulsamos una educación universal hasta los 18 años, que sea de calidad y que ponga las bases adecuadas para el desarrollo de las propias capacidades, la convivencia y la autorrealización personal [...] El Salvador ha tenido demasiado tiempo un sistema que excluye de la educación formal a más de la mitad de los niños y jóvenes a partir de los 15 años. Nuestro sistema universitario es débil y la educación preescolar es aún muy limitada. Urge un esfuerzo nacional que revierta esta situación”. El acuerdo de los miembros del Consejo era amplio y ambicioso. Se pedían 12,500 millones de dólares en diez años para lograr que la educación en El Salvador fuera de primer mundo. Tal vez se pidió demasiado. Pero lo que es muy difícil de aceptar es que la cantidad de dinero dedicada a educación se estanque o incluso disminuya.

En efecto, en el presupuesto nacional propuesto para 2017 aparece una asignación para educación ligeramente inferior a la de 2016. Algunos podrán decir que solo son 300,000 dólares menos en una cantidad global de casi 942 millones. Pero el tema no es el monto de la reducción. El problema es que no avanzamos después de contemplar conjuntamente, incluido el criterio del ministro del ramo, que la situación del sistema educativo es realmente deficiente. Podríamos tolerar, y eso con dolor, que a causa de la crisis se nos dijera que en vez de los 1,200 millones anuales que tocaría invertir según el Plan El Salvador Educado, este año solamente se aplicaría el 10% del aumento necesario (120 millones). Pero no aumentar nada parece una burla al trabajo realizado, al tiempo dedicado a discusiones y debates, a las esperanzas generadas al ver a un excelente Ministro de Educación que reconoce los problemas y anima a la búsqueda de soluciones.

A parte de las graves deficiencias de cobertura en educación preescolar y en el bachillerato, hay serios problemas tanto en la calidad como en la justicia salarial. Si hoy quisiéramos dejar en buen estado las escuelas existentes —entendiendo por ello tener nítidas las ventanas, las puertas, las paredes, los techos, los cielos rasos, los pizarrones, los baños, los muros, los suelos de las aulas— habría que invertir aproximadamente unos 500 millones de dólares. Es evidente que sin un refuerzo presupuestario las escuelas públicas seguirán deteriorándose, nuestros maestros se sentirán mal pagados y la calidad continuará siendo baja. Hoy podemos decir que el sistema educativo, en su totalidad y hasta la finalización del bachillerato, solo forma adecuadamente, en cuanto contenidos, a un 20% de los niños y niñas que nacen cada año. Cuando se habla de la transmisión intergeneracional de la pobreza —un problema no solo de El Salvador, pero también nuestro al fin de cuentas—, se apunta a la incapacidad del sistema educativo de desarrollar adecuadamente las capacidades del niño. Porque no podemos crear desarrollo apoyándonos exclusivamente en una quinta parte de la población, que bastante problema tendrá con conseguir lo adecuado para vivir dignamente.

Ciertamente, debemos ser realistas: es probable que en el Plan El Salvador Educado se hayan filtrado nuestros ideales en favor de una educación universalizada y de calidad que de una vez por todas nos ayude a salir de este subdesarrollo plagado de desigualdad, violencia y pocas perspectivas de futuro. Pero más allá de si la suma de 12,500 millones repartidos en diez años excede las posibilidades reales, lo cierto es que hay que comenzar a entrarle al tema de la educación. Es una tarea que une. En el Consejo nos encontramos personas de muy diversas tendencias y filiaciones políticas. No había división a la hora de hacer análisis, de buscar soluciones, de presentar propuestas. El liderazgo del Ministro de Educación se respeta y se apoya. Frenar expectativas y esperanzas, y, lo que es peor, entrar en una parálisis en el tema educativo no tiene sentido. Nadie en su sano juicio puede oponerse a ver la educación como un camino hacia un futuro más desarrollado o menos violento. Puede haber razones de austeridad que fuercen a rebajar los presupuestos o a frenar su crecimiento. Pero no en educación ni en salud.

Aún es tiempo de cambiar decisiones, de cambiar el presupuesto de educación en la línea de El Salvador Educado. Un aumento de entre 100 y 200 millones es lo mínimo que podríamos esperar. Y ese dinero podría orientarse a la apertura de centros para la primera infancia. O a aumentar sistemáticamente la presencia de niños y niñas en la educación preescolar. O a adecentar físicamente las escuelas del campo, algunas de ellas en situación desastrosa. No bastará para todo, pero es necesario impulsar proyectos nuevos. Las tareas son muchas y la cantidad de la que hablo es muy pequeña para las necesidades existentes. Pero hay que comenzar. No puede ser que a finales de 2019, con un nuevo Gobierno, se vuelva a llamar a un grupo de notables, o de expertos, o de gente con experiencia, que comiencen a elaborar un nuevo plan de reforma educativa. Comenzar ya es una obligación de todos los que nos sentimos ciudadanos de El Salvador y debería serlo también de todos los partidos políticos sin excepción. El presupuesto está ahí y pronto comenzará el debate. Aumentar lo que se dedica a educación es indispensable.