El salario justo

De nuevo, a tres años del último aumento del salario mínimo, volvemos a hablar de subirlo. Toca hacerlo el año que viene y lo mejor sería que la decisión quedara acordada ya este año. Por supuesto, todos deberíamos estar convencidos de que el salario nunca debe ser mínimo. El modo de llamar a este salario es vergonzoso, porque el ingreso para una vida en dignidad no debe partir del mínimo posible. El salario nunca debe ser mínimo, sino justo; “decente”, dice la Organización Internacional del Trabajo. Reducir las condiciones de vida a lo mínimo ya sabemos qué es lo que significa en nuestro país: condenar a la gente a la pobreza. Y el salario es hoy el instrumento indispensable para que la mayoría de la población tenga una vida digna. Pensar en el salario como un mecanismo de reposición de las calorías gastadas, e imaginar que con otro tanto de lo que cuesta reponer calorías se pueden cubrir el resto de las necesidades, es simple y sencillamente burlarse de los pobres. Lamentablemente, así tratamos de calcular el salario mínimo.

La mayoría de nuestra gente no ha salido de la pobreza ni por el salario mínimo, ni por los famosos subsidios, ni por la calidad de los servicios públicos. Son los mismos pobres los que emigrando y enviando remesas han contribuido más a que la pobreza disminuya en El Salvador. Aun así, la mayoría que sale de la pobreza pasa a un estado de vulnerabilidad angustiante en el que un accidente, una enfermedad grave de un familiar cercano, la pérdida del trabajo o la suspensión del TPS en Estados Unidos puede devolver a una familia completa al estado de pobreza. El FMLN dio un paso relativamente importante hace tres años al pasar de los nueve salarios mínimos existentes, que se movían entre los 109 dólares mensuales y los 250, a un nuevo rango que va desde los 200 a los 300. Pero el paso es insuficiente, y más tras los tres años transcurridos.

El Centro para la Defensa del Consumidor presentó recientemente un excelente estudio sobre el costo de la vida en El Salvador, para ayudar a la reflexión sobre el salario que preferiríamos llamar “justo” en vez de “mínimo”. Para una familia de cuatro personas que quiera llevar una vida decente, sin lujos, el gasto mensual que tendría, según el Centro, sería de 658 dólares tanto en el campo como en la ciudad. La cantidad contrasta claramente con los cálculos de la Dirección General de Estadística y Censos (Digestyc). Para esta institución estatal, el costo de la Canasta Básica Ampliada para una familia de cuatro sería de aproximadamente 427 dólares mensuales en el año 2018. Haciendo el cálculo caprichoso e injusto de una canasta básica más barata en el campo, para la Digestyc, una familia de cuatro personas saldría de la pobreza con 272 dólares al mes. Por supuesto, a base de reducir la canasta básica se sale más rápido de la pobreza que exigiendo un salario decente, digno, justo, o como lo queramos llamar.

Los números nos dicen que si queremos una vida digna el salario básico debería llegar al menos a los 500 dólares mensuales. Podemos decir que dado que sería un aumento demasiado grande, deberíamos llegar al menos a los 400 dólares este año. Menos sería claramente injusto. Mientras en el Primer Mundo el costo de los salarios alcanza la mitad del gasto total de muchas empresas, entre nosotros suele oscilar entre el 20 y el 25%. Llegar a un 35% del monto total de los salarios mínimos (llevarlos a 400 dólares a todos) no implicaría un aumento muy grande en los costos empresariales. Subir menos ese salario que a los empresarios les gusta llamar “mínimo” es continuar con un sistema de explotación violatorio con los derechos básicos de las personas e impedir el desarrollo de las capacidades de un buen porcentaje de nuestros niños. Pero eso no parece importarles demasiado ni a ciertos empresarios, ni a ciertos sindicalistas minoritarios, pero mafiosos y con menos conciencia social que los patronos. Si al igual que en las multas, el salario de los funcionarios públicos se rigiera por un salario máximo estipulado, por ejemplo, en diez salarios mínimos, sin duda habría muchas menos dificultades para subir el salario de base a una cantidad decente. Sin embargo, muchos de nuestros funcionarios también piensan que la gente común tiene muchos menos derechos que ellos.

* José María Tojeira, director del Idhuca.