El Salvador, una sociedad injusta

Recientemente se dio a conocer el Informe sobre Desarrollo Humano, El Salvador 2013, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El documento pretende constituirse en un instrumento de reflexión tanto para la clase política como para la ciudadanía. Su idea fuerza es imaginar un nuevo país y hacerlo posible. Se parte de una constatación problemática: "Pese a las mejoras de las últimas décadas, El Salvador sigue siendo un sociedad injusta debido a que en la carrera por alcanzar el bienestar no coloca a todos sus hijos e hijas en el mismo lugar en la línea de salida, ni premia equitativamente sus esfuerzos". De ahí que el texto quiera ser una invitación a la sociedad salvadoreña para que encuentre espacios y mecanismos de diálogo, que permitan discutir y llegar a acuerdos sobre los temas y problemas fundamentales de la nación.

Se identifican tres ámbitos clave para revertir esta sociedad injusta y para crear condiciones de verdadero desarrollo humano: el hogar, la escuela y el mercado laboral. El principio rector que se aplica a ellos es que cambiar el patrón de la historia salvadoreña y avanzar en el consenso de políticas públicas, cuya prioridad sea el bienestar de la población, supone reconocer quiénes son los salvadoreños, cómo se valoran mutuamente, cómo se relacionan y cómo toman decisiones. En consecuencia, el punto de partida que se propone para repensar la sociedad es la gente: sus historias, trayectorias y desafíos. A manera de ejemplos emblemáticos de cómo el funcionamiento de la sociedad influye en las decisiones individuales y afecta el destino de las personas, en el informe del PNUD se narran y analizan dos historias reales: la de María y la de Elena.

María es del campo. Ella y su familia viven como colonos en una finca. La casa que habitan es de adobe y tiene techo de teja. De su infancia, ella recuerda claramente su vida en extrema pobreza. De los siete hijos que tuvieron sus padres, dos murieron de varicela, pues no habían sido inmunizados; otro de neumonía, una de las enfermedades con mayor prevalencia entre los niños salvadoreños; el menor murió de un golpe cuando se cayó de la hamaca en que dormía. Sobrevivieron ella y dos hermanas; sin embargo, María se fue de la casa a los diez años enojada con su madre, quien la sacó de la escuela después de que sus dos hermanas mayores quedaran embarazadas. Actualmente, a la edad de 20 años, trabaja como jornalera en una finca. Gana $3.50 diarios, el equivalente al salario mínimo rural. Carece de seguridad social y de prestaciones laborales. Su marido también trabaja en la agricultura, y juntar los ingresos de ambos es necesario para la subsistencia.

Por otra parte, Elena tiene 23 años y vive en la ciudad. Espera un hijo y le tocará ser la responsable de su hogar. Juan, su marido, se fue ilegalmente a Estados Unidos en busca de una oportunidad para trabajar. Dos meses después de su partida, Elena no ha tenido noticias de Juan. Está preocupada, y tiene razón para estarlo. Ella sabe que cientos de las miles de personas que emigran cada año son deportadas, mueren o desaparecen en el trayecto. Así, se preocupa por Juan y lo extraña, pero, en el fondo, siente alivio por su partida. Desde que perdió el trabajo, Juan no era el mismo: le gritaba y la amenazaba casi a diario. En alguna ocasión, llegó a golpearla. Elena es bachiller; con doce años de educación, supera el promedio educativo nacional. Cuando se graduó, estaba llena de ilusiones, pero pronto se dio cuenta de que no había trabajo para ella en la zona norte del país. Decidió mudarse a la ciudad y encontró trabajo en una farmacia del centro. No tiene contrato ni prestaciones. Vive en una colonia populosa y peligrosa: las pandillas la asedian todos los días. Además, se enfrenta a la inseguridad del transporte público. Pasa un promedio de tres horas al día en el bus, entre su casa y el trabajo, y la han asaltado varias veces. Pero no tiene otra opción para desplazarse.

Según el informe del PNUD, las historias de María y de Elena pueden ser como las de muchos salvadoreños. Ambas representan, como mujeres, al 53% de la población nacional. En el caso de María, los materiales de las paredes (adobe) y del techo (teja) de su vivienda, por ejemplo, corresponden a los del 29% y 46% de los hogares rurales, respectivamente. El nivel educativo de la joven es el que logra una persona promedio en el área rural (4 años), y el motivo por el que abandonó la escuela (la prohibición de sus padres) es una razón de peso para el 14% de los menores que desertan del sistema educativo.

Por su parte, Elena, en tanto jefa de familia, comparte la situación del 35% de los hogares del país. Asimismo, pertenece al 37% de las mujeres que son violentadas por sus parejas. Las condiciones laborales de ambas son bastante comunes: el 73% de los trabajadores del país carecen de acceso a los sistemas de seguridad social. Para los autores del documento, estas dos historias son ejemplos de personas que no son libres para decidir porque casi cualquier acción compromete su desarrollo humano y el de sus hijos; personas que se ven obligadas a tomar decisiones que no les permiten avanzar para lograr un nivel de vida digno; personas que viven en una sociedad injusta.

La conclusión fundamental del informe es que El Salvador necesita reinventarse y, para ello, debe cambiar de rumbo de forma radical y comprometer a los diferentes actores sociales en el esfuerzo de buscar consensos y sellar pactos para construir una nueva realidad para los salvadoreños y salvadoreñas. ¿Cuáles deben ser las líneas de acción prioritarias para ese propósito? Ese será el tema que veremos más adelante.