El Tribunal de Ética

El Tribunal de Ética Gubernamental salvadoreño se crea en el contexto de la lucha contra la corrupción. En efecto, es una de las exigencias de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como de la Convención Interamericana contra la Corrupción y del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. Nace, pues, en 2006, en el contexto de tratados internacionales de los que El Salvador es signatario. Pero además era necesario, indispensable, diríamos, en nuestro país. La falta de ética en algunos funcionarios ha sido endémica, y la preocupación real por la ética, tanto en el sector público como en el privado, no ha sido nunca prioritaria. Al nuevo tribunal le competía no solo supervisar el comportamiento de los funcionarios, sino crear conciencia de lo que eran deberes éticos, y muchas veces advertir de incompatibilidades entre ciertas responsabilidades públicas y algunas actividades privadas.

El Gobierno actual mejoró la Ley de Ética Gubernamental, añadiéndole al Tribunal la opción de actuar de oficio y posibilitando analizar la conducta de los funcionarios después de terminar su cargo. Sin embargo, el Tribunal carece todavía de cuatro de los cinco magistrados que por ley lo presiden. ¿Es desinterés por la ética? ¿Tan difícil es encontrar personas aptas para el cargo? Más allá de las causas que mantienen al Tribunal en una relativa acefalía, el hecho de que no se haya nombrado a los magistrados puede contemplarse como una falta de ética. En efecto, no hay razones para dejar sin la adecuada dirección a un Tribunal que la gente necesita para crecer en confianza y seguridad ciudadana. Entre los principios éticos que la ley contempla está el de "cumplir con diligencia las obligaciones del cargo o empleo público". Prescindir durante más de tres meses del nombramiento de los funcionarios que deben dirigir el Tribunal de Ética es, sin duda, faltar a ese principio de la diligencia. Si la diligencia es una virtud, el defecto contrario es la pereza. ¿Tenemos funcionarios perezosos en las más altas esferas de la representación estatal?

El Tribunal de Ética, incluso con la ley de 2006, inferior en calidad a la actual, jugó un papel importante en algunos casos, el más significativo vinculado al campo de la salud pública. La ciudadanía, si por algo clama, es por la ética de los servidores públicos. De hecho, se pueden sufrir con relativa paciencia las dificultades que surgen de crisis internacionales, guerras, catástrofes naturales. Pero lo que no toleran los pueblos es la prepotencia del poder, el creer que porque se tiene poder público, se tiene también derecho a prebendas y ventajas. Si los políticos ocupan el último lugar en las encuestas de confianza ciudadana es precisamente por las pruebas repetidas de ausencia de ética en varios de sus representantes. Muchos son los ciudadanos —no solo en El Salvador, sino en todo el mundo— que piensan que es cierta la famosa frase del historiador británico Lord Acton: "El poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente". Y por eso mismo creemos que el cultivo de la ética es indispensable en todos los campos del poder. Y por supuesto en el sector público, donde los funcionarios están, como el Estado, al servicio de la persona, de la sociedad. Solo hay verdadera democracia cuando el poder tiene límites. Y la ética es la que debe orientar los límites.

En nuestro país, la ética no ha sido ni la disciplina ni, mucho menos, la virtud más cultivada. Y por lo mismo es urgente no jugar con lo que toca a ella. No hay ética cuando no se cree en la igual dignidad de la persona humana. Y existe un serio déficit ético en lo público cuando son las mismas estructuras estatales las que garantizan derechos superiores a unos ciudadanos frente a los otros. Nuestro sistema de salud, que discrimina entre los que cotizan al Seguro Social y los que no, o el sistema de pensiones, incapaz de universalizarse, nos muestran un estilo de funcionamiento estatal reñido con el respeto a la igual dignidad de la persona. El estilo consumista de nuestra sociedad tiende también a valorar más a las personas por lo que tienen que por lo que son. El dinero también es poder y el consumo se vuelve con frecuencia un factor de discriminación social. Incluso el trato de funcionarios o empleados públicos es diferente cuando se denotan señales de dinero que cuando se es manifiestamente pobre. La ética, como muchos otros conjuntos de valores, avanza más aprisa cuando las instituciones encargadas de velar por ella funcionan. Dificultar el funcionamiento del Tribunal de Ética, simplemente porque los servidores públicos encargados de nombrar a los magistrados no cumplen con sus responsabilidades, es un pésimo ejemplo para un país que expresamente necesita con urgencia más ética en el campo de lo público.