El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) ha dado la razón a El Salvador. Y no solo la razón, sino que ha obligado a Pacific Rim a pagar una parte de los costos del litigio. Se ha puesto al fin freno a los intereses desbocados de una empresa minera sin escrúpulos que pedía una enorme indemnización por el hecho de que no se le permitió abrir minas a cielo abierto en el país. De nada servía la oposición de los campesinos, de los grupos y sectores ambientalistas, de la Iglesia católica y otras iglesias. Pacific Rim-Oceana Gold llegó incluso a editar publicaciones llamando mentirosos, enemigos de los pobres, etc. a quienes se oponían a la minería. La insistencia en la seguridad de la minería verde contrastaba con los constantes derrames de sustancias contaminantes en los proyectos mineros. Desde 2014, ha habido derrames de sustancias tóxicas (sulfato de cobre, cianuro y otros venenos) en Perú, Argentina, México, Estados Unidos y otros países. Las empresas mineras, por supuesto, fueron las protagonistas. Si mencionáramos los casos de derrames contaminantes habidos desde 1990, no cabría la lista en este artículo. Pero la mentira y el afán de riqueza tenían empresarialmente más poder que la terrible amenaza que constituye para un país tan pequeño como el nuestro la posibilidad de un derrame en las partes altas del río Lempa. Empresas apoyadas por el Gobierno de Canadá, al menos en el momento de máxima tensión en que los campesinos reclamaban el freno de las prospecciones en el departamento de Cabañas.
En esta lucha hay que honrar en especial a la gente sencilla que en medio de un relativo desamparo no abandonó nunca su lucha. Algunas personas fueron asesinadas; Ramiro Rivera entre los más conocidos. La resistencia popular no se echó para atrás, incluso en esas circunstancias claramente alentadas y propulsadas por los intereses mineros. Nuestra gente no se asustó frente a la amenaza y la muerte, a pesar de que las autoridades no la respaldaron con la investigación y la diligencia necesarias. La victoria en el CIADI no ha sido tanto gubernamental y política, sino sobre todo popular. Exceptuando algunas instituciones fuertes como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, los poderes habituales de El Salvador no se complicaron demasiado en el tema. Algunos de nuestros empresarios llegaron a tener una posición intermedia, viendo pros y contras, pero sin pronunciarse. Al final era difícil encontrar a alguno que se opusiera públicamente a las empresas mineras. Y mucho menos de modo corporativo.
Los campesinos, aun viendo cómo la minera compraba intereses y personas, a veces de su mismo vecindario, se mantuvieron siempre firmes en su oposición. Son ellos los que le hicieron un verdadero favor a El Salvador, sin que seamos capaces de agradecerles. Un verdadero favor, porque en el caso de un derrame de tóxicos en la cuenca del río Lempa, los perjudicados no serían solamente los habitantes de las zonas aledañas, sino las tres cuartas partes del país. Gente sencilla nos ha librado de un desastre nacional, y no los tanques de pensamiento o los poderes terrenales que mandan. Ciertamente, los pobres fueron mucho más coherentes que algunos propietarios de medios de comunicación que pasaron, con más interés en el dinero que en la ética, los anuncios mentirosos de la minería verde. Más patriotas los campesinos que algunos grandes empresarios que no tuvieron problemas en presentarse en público con Frank Giustra, millonario dueño de Pacific Rim- Oceana Gold. Este millonario canadiense, calificado como filántropo, dona algunos de sus millones para fines sociales, siempre administrados desde la riqueza y el poder. Y gana con sus donaciones la simpatía de políticos, a los que no les importa que el dinero esté manchado con la sangre de mineros.
En este contexto de agradecimiento, viene a la memoria la reunión de más de quinientos campesinos en la UCA; llegaron al Auditorio “Ignacio Ellacuría” para un conversatorio en el que participó, entre otros, el entonces ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Hugo Barrera, quien, hay que decirlo, animó en aquel momento a los campesinos a seguir luchando contra la minería. Esa reunión masiva y de potente voz campesina sirvió posteriormente como prueba para rebatir, en el CIADI, la afirmación de la Pacific Rim de que nunca se habían reunido más de 30 o 40 personas para protestar contra la minería. Esos campesinos que dedicaron tiempo, que se movilizaron, que salieron de su ambiente para defender sus intereses y los de El Salvador, son los que ahora merecen el agradecimiento nacional.
Una mención especial merece el abogado Luis Parada. Este salvadoreño es el coordinador del equipo de abogados del bufete Foley Hoag, que representa a El Salvador contra Pacific Rim. Parada ha estado viniendo sistemáticamente al país para hablar con todos, desde la gente más sencilla a la más encumbrada. Algunos no le quisieron recibir, pero nunca se desanimó. Excapitán de la Fuerza Armada y abogado titulado en Estados Unidos, hombre de un profundo humanismo, y con esa cualidad de ser salvadoreño y vivir y trabajar profesionalmente en el Norte, ha sido una pieza fundamental en este arbitraje. Sobre su dimensión humana baste con decir lo siguiente. La mayor parte de su vida militar la pasó vinculado a la guerra civil. A principios de este año, participó con un general norteamericano, un expresidente salvadoreño y un excomandante de las FPL en un foro en Nueva York sobre los Acuerdos de Paz. Cuando salió el tema de la masacre en la UCA, tanto el exmandatario como el exguerrillero se pronunciaron en favor de que no hubiera juicio para los militares, ni siquiera por graves violaciones a derechos humanos. Luis Parada y el general norteamericano, Mark Hamilton, se pronunciaron por la verdad y por el enjuiciamiento. El excapitán y ahora abogado dijo, entre otras cosas, lo siguiente: “Quienes hicieron ese crimen le hicieron un grave daño al país y es necesario un esclarecimiento. Hasta ahora nadie se ha hecho cargo ni ha aceptado su responsabilidad”. Todo un buen ejemplo de un hermano cercano sobre cómo debe encararse el abuso de las transnacionales en el mercado y el abuso de la fuerza estatal dentro de nuestro país.