Elecciones y lucro, ¿quiénes hacen su agosto en campaña?

Las elecciones son costosas. Es un adorno caro para una sociedad oligárquica que adopta un revestimiento democrático-electoral que no altera ni un ápice las relaciones de poder. Un espectáculo oneroso para un país de pocos ganadores y una mayoría oprimida y perdedora. Entre los “exitosos” de este juego se cuentan los grandes propietarios y sus gerentes políticos de todos los colores partidarios. Al amparo estatal, gozan de privilegios inimaginables, succionan la riqueza social y nadan en el mar de la abundancia. En cambio los perdedores, que no tienen más que su pellejo para ganarse la vida, son quienes soportan todo el peso de la crisis y la brutalidad de la escasez. Son quienes con su trabajo producen la riqueza que se quedan otros y dedican buena parte de sus bajos ingresos a pagar impuestos: es el pueblo seducido e ilusionado con el espejismo electoral, engañado una y otra vez.

Los potentados buscan un entorno favorable para multiplicar sus capitales y tienen en las campañas electorales uno de sus mecanismos de influencia política. Cuando “donan”, estos eternos ganadores económicos y sociales invierten en un negocio redituable. Reciben a cambio políticas públicas, decretos, reglamentos, permisos, obras públicas y convenientes omisiones. Les interesa un óptimo “clima de negocios”, es decir, un sistema que les permita 1) Vivir del trabajo ajeno en las condiciones más favorables; 2) producir “externalidades negativas” sin regulaciones (es decir, depredar el medio ambiente y la salud impunemente, entre otros impactos; 3) Evitar al fisco y desviar su peso a la clase trabajadora y grupos subalternos 4) Disfrutar sus riquezas en santa paz. Todo legalmente, por supuesto, bajo el cobijo de una institucionalidad y legislación diseñadas adecuadamente. En este sistema de compra-venta de lo público no se omiten los caminos ilegales cuando es necesario, como en el affaire Taiwán¹.

Hay mucho dinero transado en la opacidad, más allá de lo que diga o deje de decir la Ley de Partidos Políticos. Un reporte de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (Funde) estimó que solo de gastos publicitarios para el lustro 2003-2008 se calculaban más de 19 millones de dólares², una cifra ofensiva para un país donde siempre se ponen de pretexto las finanzas de las empresas o el déficit presupuestario para mantener los salarios bajos y los servicios públicos esenciales en la precariedad. En contraste, el Estado, supuesto defensor del interés público, es muy generoso con los grandes capitalistas y sus intereses particulares: otorga legalidad a la explotación humana y ambiental, protege la gran propiedad privada de los medios de producción, otorga privilegios fiscales a los más ricos y construye obras públicas para valorizar las inversiones privadas. El conflicto de interés suele mostrarse sin tapujos. Solo entre el 7 de febrero de 2015 y mayo de 2016, Alianza Republicana Nacionalista (Arena) obtuvo 2 millones 992 mil dólares, buena parte de los cuales fueron erogados por miembros de las clases sociales dominantes³, acostumbrados a recuperar sus inversiones con creces.

Para algunos, este corrupto mecanismo de venta de “lo político” es una fuente de ganancias inmediatas, como por ejemplo, las grandes corporaciones mediáticas que se lucran con la venta de espacios publicitarios para que los candidatos se ofrezcan en el mercado político su propaganda trillada, repleta de melodrama. Dado que los medios de carácter “privado-comercial” concentran la señal televisiva y radiofónica, y el rating es un fuerte criterio del negocio publicitario, corporaciones como TCS, vinculada históricamente al gran capital, ofrece su mercancía-pauta a los distintos partidos políticos y gobiernos de turno. De esa manera, el oligopolio de los medios de comunicación se alimenta y reproduce. Los proyectos políticos que desfilan ante las cámaras privadas pueden vestirse de diferentes colores, pero han terminado subordinados al verde de la moneda extranjera que circula en El Salvador, medio de cambio que compra por adelantado las decisiones políticas.

Dado que El Salvador tiene un esquema mixto de financiamiento, también el Estado proporciona un monto al gasto de campaña mediante la “deuda política”, que en un sistema fiscal regresivo, termina cargándose al bolsillo popular, tradicional perjudicado de la acción de un Estado oligárquico. En 2015, por ejemplo, el ministerio de Hacienda entregó en concepto de “deuda política” la nada despreciable suma de $17,343,300.46⁴. ¿Cuánto de este monto extraído al público termina en el negocio privado de “la tele” o la gran prensa, escenario preponderante en la política contemporánea? ¿Es que acaso ese dinero sirve para que en las campañas se informe a los electores de una manera racional y fundamentada sobre las propuestas de los distintos proyectos políticos y sus alcances? No, las campañas se basan por lo general en la desinformación, la manipulación y el engaño. Presentan a los candidatos como marcas comerciales con mensajes superfluos carentes de sustancia. Un erario que abre sus puertas a la vana publicidad y recorta a la educación es la muestra clara de un sistema que se asienta sobre el fraude colectivo.

Como conclusión de esta crítica a la economía política de las campañas electorales es necesario proponer algunos cambios que no serán de agrado de clase dominante. Para que las elecciones sean democráticas tienen que permitir la posibilidad real de cambiar el rumbo del país y acompañarse de otros mecanismos de participación política para la toma de decisiones que puedan alterar las relaciones de poder desde el corazón de los territorios hasta el mismísimo sistema económico y social del país. Se debe sustraer la política del control de los más ricos y prohibir el financiamiento privado. Deben suprimirse los fines de lucro en la campaña y garantizar con fondos públicos (obtenidos con impuestos progresivos) una formación política sólida y una educación universal, igualitaria, pública y comunitaria que permita que sea el pueblo y las clases subalternas, no las actualmente hegemónicas, el auténtico sujeto de cualquier procedimiento electoral.

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¹ Efren Lemus y Óscar Luna. “Así se repartieron los milliones de Taiwán” reporte periodístico. https://www.elfaro.net/es/201410/noticias/16030/As%C3%AD-se-repartieron-los-millones-de-Taiw%C3%A1n.htm

² Ver en Contrapunto. http://contrapunto.com.sv/archivo2016/documentos/observatorio.pdf

³ Gabriel Labrador “Los $22.5 millones sin fiscalizar que pasaron por las cuentas de todos los partidos” (Reportaje). Periódico Digital El Faro, Domingo, 4 de julio de 2016. En https://elfaro.net/es/201607/el_salvador/18873/Seis-familias-acaparan-las-donaciones-al-partido-Arena.htm

⁴ La Prensa Gráfica. “Hacienda dará 17.5 millones a partidos por elecciones de 2015”. Edición 16 de mayo den 2015. En http://www.laprensagrafica.com/2015/05/16/hacienda-dara-174-millones-a-partidos-por-elecciones-2015