Elitismo competitivo a la deriva

Los regímenes políticos de democracia liberal tienen dos elementos imprescindibles, sin los cuales no se les puede considerar como tales. Por un lado está la realización de elecciones libres, justas y competitivas, como método para designar a los gobernantes. Por otro lado, está la rendición de cuentas, como mecanismo de control político sobre los gobernantes y funcionarios públicos. Como este último es deficitario en El Salvador, hablamos de elitismo competitivo antes que de democracia.

En El Salvador, la historia electoral democrática comenzó en 1994 como producto de la finalización del conflicto armado y de los acuerdos de paz que lo hicieron posible. Desde entonces, sin interrupciones en sus respectivos mandatos electorales y respetando el calendario electoral contemplado en la Constitución de 1983, se realizaron 5 elecciones presidenciales y 8 elecciones de diputados y concejos municipales. Los resultados se respetaron pese a que cada vez con más frecuencia y con mayor intensidad se interpusieron recursos hasta llegar a pedir la nulidad, no solo del escrutinio sino del mismo proceso electoral en 2015. A raíz de este tipo de recursos, la Asamblea Legislativa electa ese año se instaló sin los diputados del departamento de San Salvador. Un mal escrutinio fue la causa de este hecho.

Las elecciones de diputados y concejos municipales de 2018 van a desarrollarse en un contexto más difícil que las de 2015. La crisis de las finanzas públicas ha tenido ya un impacto en la gestión que lleva a cabo el TSE. La crispación entre el FMLN y Arena enrarece el ambiente electoral. La apertura de juicios por enriquecimiento ilícito a funcionarios de gobiernos de ambos partidos está siendo utilizada electoralmente por ambos partidos. La percepción de la Sala de lo Constitucional como aliada de Arena, Anep y Fusades, por parte del FMLN, deslegitima desde ya cualquier resolución que aquella emita en materia de resultados electorales en 2019 y 2019. La reconfiguración del TSE, a raíz de una sentencia de la Sala, y los desencuentros entre algunos de los magistrados complican la autoridad moral que dicho tribunal debía gozar.

El elitismo competitivo instaurado a raíz de los acuerdos de paz de 1992 parece estar llegando a su final. Ello podría ocurrir por un posible fracaso en la gestión electoral en 2018 y 2019; o por un colapso del sistema de partidos ante la percepción del alcance generalizado de la corrupción entre la clase política y la emergencia de movimientos ciudadanos antipolítica. Ninguna de las dos alternativas es deseable porque sus resultados suelen ser peores.