Ante la sistemática vulneración de los derechos de las mujeres salvadoreñas, nosotras, mujeres trabajadoras de la academia, áreas administrativas, áreas de servicios y de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), nos unimos y sumamos nuestra voz para demandar al Estado, a las universidades y a la sociedad salvadoreña lo siguiente.
Al Estado:
- Demandamos protocolos de prevención de delitos de índole sexual (violación, acoso, tocamientos), pero también protocolos de atención y protección a las víctimas; así como mecanismos de penalización de este tipo de delitos, de reeducación de los victimarios y de resarcimiento a la persona ofendida.
- Demandamos la implementación y cumplimiento obligatorio de las disposiciones enmarcadas en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en todas las instituciones públicas y privadas de la República.
- Demandamos la creación de instituciones contraloras en la investigación, persecución y sanción de los delitos contra niñas, adolescentes, mujeres y mujeres trans, ante la inoperancia de las instituciones del Estado que deben garantizar el acceso pronto y eficaz a la justicia, pero que solo revictimizan a las mujeres y sus familias.
- Demandamos acceso a la educación no sexista y de calidad. Además, exigimos educación sexual científica, desprejuiciada y de acceso universal.
- Urgimos a las autoridades a modificar el marco legal y el sistema judicial que propician la discriminación y que penalizan injustamente a mujeres pobres acusadas de aborto, y que impiden el pleno goce del derecho a tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo.
- Demandamos que se procure justicia a las víctimas de feminicidios, acoso y violencia sexual y de género. En ese sentido, también exigimos que el Estado otorgue a dichas víctimas medidas de protección y acompañamiento que eviten la revictimización y garanticen su integridad física y psicológica.
- Demandamos reconocimiento del trabajo del cuidado como trabajo generador de bienestar en las estadísticas oficiales, pero también en las decisiones económicas relativas a seguridad social en salud y pensiones, y sobre todo en las prioridades de asignación del gasto público, de tal manera que el Estado asuma corresponsabilidad en los cuidados.
- Demandamos nuestro derecho a ciudades inclusivas y seguras. Es urgente replantear los espacios urbanos desde una perspectiva de género, que ponga en el centro la vida, que deje de lado el modelo de ciudades neoliberales que se concentran en la productividad y el consumo, y que procure espacios y trayectos que visibilicen y faciliten las tareas domésticas y de cuidado, de las cuales todas y todos somos corresponsables. De igual forma, demandamos nuestro derecho a la vivienda adecuada, a la tierra y a la propiedad, el cual es negado a la mayoría de mujeres, especialmente en el área rural, pues carecemos de seguridad de tenencia y de acceso a créditos de financiamiento.
- Demandamos la garantía del acceso al agua en cantidad y calidad. Las mujeres hemos sido históricamente las responsables de asegurar el aprovisionamiento de agua en los hogares, somos las que dedicamos más tiempo y energía a abastecer y cuidar el vital líquido. Por ello, somos también las más perjudicadas al no contar con la garantía del derecho humano al agua. Es por esto que demandamos al Órgano Legislativo la pronta aprobación de una Ley General de Aguas con enfoque de derecho humano y el reconocimiento constitucional de dicho derecho que garantice, hoy y en el futuro, el acceso al agua en cantidad y calidad, teniendo a la base que procurar este derecho significa también reducir las inequidades de género y ampliar las oportunidades de las mujeres.
- Exigimos a la Asamblea Legislativa la aprobación de una ley de identidad de género que permita que las personas trans sean reconocidas legalmente por el género con el cual se identifican.
- Demandamos al Ejecutivo la creación del reglamento de la Ley Especial para la Regulación e Instalación de Salas Cuna para los Hijos e Hijas de los Trabajadores y Trabajadoras, aprobada en mayo de 2018.
A las universidades:
- Demandamos espacios seguros para nosotras: sin acoso, sin riesgo de sufrir violencia sexual o de cualquier otra índole por parte de colegas, jefes o compañeros de estudio.
- Demandamos la creación de unidades de género y marcos normativos actualizados que incorporen, además del componente punitivo, un componente de acompañamiento y resarcimiento para la persona ofendida.
- Demandamos igualdad en el acceso a oportunidades de ascenso laboral, visibilización de nuestro trabajo académico e igualdad salarial.
A la sociedad:
- Exigimos respeto a la vida y a la dignidad de todas las mujeres y de la población LGTBI, especialmente de las mujeres trans.
- Demandamos que los hombres asuman corresponsabilidad en el trabajo doméstico y del cuidado.
- Demandamos que los hombres dejen de realizar prácticas irrespetuosas contra nuestra dignidad y nuestros cuerpos y que dejen de acosarnos en las calles.
- Exigimos relaciones interpersonales basadas en el respeto, el consentimiento y la autonomía.
- Demandamos a los medios de comunicación que realicen un tratamiento periodístico ético, que sea respetuoso con la identidad de las víctimas de agresiones sexuales y feminicidios, para así evitar una revictimización que alimente el círculo de violencia de género.
