Encubrimiento, impunidad y olvido

La respuesta de la Fuerza Armada no sorprende. Era la esperada. Su comandante en jefe ha comunicado al juez de instrucción de San Francisco Gotera que en las 42 dependencias militares no existe información alguna sobre los operativos desarrollados entre 1980 y 1982. Lo extraordinario hubiera sido que la hubiera. El presidente Bukele se pliega así a lo mismo de siempre desde 1992. Tan dinámico en otros ámbitos nacionales, en el de la verdad y la justicia es igual a los mismos de siempre. Su indiferencia confirma su desinterés con la suerte de las víctimas de El Mozote y de otras masacres, que durante décadas han aguardado justicia.

Aparentemente, la documentación habría sido deliberadamente destruida. Si este fuera el caso, habría que pedir responsabilidades a los que lo ordenaron, ya que se trata de información oficial vital para el país. Sin embargo, el último ministro de Defensa negó la destrucción de los archivos relacionados a las masacres “supuestamente” cometidas por el Ejército, una “falsa acusación”, según él. La destrucción de documentos es práctica rutinaria en las dependencias gubernamentales salvadoreñas. En las naciones con institucionalidad democrática fuerte, está terminantemente prohibido destruir documentación oficial, incluso aquella que parece irrelevante, como borradores, agendas y minutas. Todo debe pasar al archivo nacional.

Los diputados, tan dados a reaccionar a la coyuntura con remiendos legislativos, han permanecido impasibles en este caso. Los legisladores y sus mentores tienen poco sentido de la historia, y en este caso, de la justicia debida. El olvido institucionalizado promueve la corrupción y la impunidad, y erosiona el empeño en promover la inversión y la actividad económica. Estas no pueden asentarse sólidamente sobre la impunidad. La corrupción les impedirá arrojar los resultados esperados. El país necesita urgentemente una ley sobre la preservación de la documentación oficial, incluida la militar y la de inteligencia.

Pero en el caso de El Mozote no todo está perdido. Existe documentación sobre ese y otros operativos militares en los archivos desclasificados por el Gobierno de Estados Unidos. Su embajada en San Salvador conoció directamente todos los operativos militares, hasta en sus detalles más pequeños: unidades militares implicadas, territorio cubierto, duración y valoración de los resultados, incluidos los asesinatos, las torturas, las violaciones sexuales y los desaparecidos. Así lo confesó un exgeneral ante un juzgado migratorio de Florida, en un intento desesperado por evitar su deportación. Otro exoficial salvadoreño lo ratificó ante el Congreso estadounidense. En uno de esos documentos desclasificados se lee: “A lo largo de cinco años y medio de ataques indiscriminados por parte de las FAES, ellos han causado la mayoría de las muertes civiles. Esto, incluye a los ‘escuadrones de la muerte’, que estaban en el apogeo de su actividad en 1980 y 1981” (C05651331).

Otro documento registra que los civiles asesinados en El Mozote “solo fueron 800”, “daños colaterales”, según el Ejército (C06534283). También reconoce que hubo “apremios físicos”, esto es, torturas. Un cable de la embajada expresa dudas sobre la masacre. Según su versión, el teniente coronel Monterrosa pretendía liberar a los civiles que “los subversivos mantenían cautivos en sus ranchos”. Pero “las FAES fueron recibidas con fuego nutrido, que salía de dichos ranchos”. Por tanto, aquel tuvo que responder para salvar la vida de los secuestrados. Pero el examen forense de las osamentas evidencia que la mayoría de las víctimas eran menores de edad, que los orificios de entrada de las balas se localizan en el hueso posterior de la cabeza y que las balas y los casquillos proceden de fusiles estadounidenses. Dados estos hechos, el ex ministro de Defensa no tiene por qué sentirse ofendido. Las ofendidas son las víctimas de los operativos del Ejército.

Así, pues, el presidente Bukele, como comandante en jefe del Ejército, y el juez de instrucción pueden solicitar al Gobierno de Estados Unidos la documentación existente sobre los operativos militares. Esa información es determinante para corroborar la declaración de los dos antiguos soldados que testificaron en el juicio de El Mozote y despejaría toda duda sobre la culpabilidad de los acusados. Asimismo, esa información arrojará luz sobre otras masacres. Dado que la inmensa mayoría de las víctimas de El Mozote son menores, no pedir esa documentación es incongruente con un Gobierno que ha hecho de la educación inicial una de sus prioridades.

La documentación en poder de Estados Unidos despejaría de una vez por todas temores como los del último ministro de Defensa, para quien “esos acontecimientos del pasado se han distorsionado mucho con el tiempo y en algunos casos se han convertido en leyenda”. Eso se hubiera evitado hace muchos años si el Ejército no se hubiera empeñado en ocultar sistemáticamente los hechos. Su apuesta y la de los Gobiernos pasados y la del actual es ganar tiempo para que tanto los criminales de guerra como sus víctimas sobrevivientes fallezcan de muerte natural. En vez de verdad, encubrimiento. En vez de justicia, impunidad. En vez de reconciliación, olvido.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.