Escasa cultura de derechos humanos

A pesar de los esfuerzos meritorios de diversos sectores, la cultura de derechos humanos en El Salvador es escasa. Las expresiones de odio o desprecio hacia mujeres que expresan con libertad su opinión nos dejan ver que todavía un buen grupo de hombres, que agreden o callan ante las agresiones, no se ha dado cuenta de que todos y todas tenemos la misma dignidad. Salir con numerosos policías armados a supervisar una manifestación de mujeres que reclaman igualdad de derechos muestra la incomprensión y ridiculez de unas fuerzas de seguridad que parecen temerle al derecho de libre manifestación. En vez de eso, el Gobierno debería pedirle a la Asamblea Legislativa que reforme la Constitución y establezca un 40% como cuota de género a partir de las elecciones de 2024. Y en mayo la podrían ratificar los de la nueva Asamblea, aunque al vicepresidente no se le haya ocurrido el tema o no le guste.

A lo largo del año 2020, y en esto han coincidido todas las instituciones defensoras de derechos humanos, a las violaciones clásicas de los derechos económicos y sociales se ha añadido otra serie de abusos que limitan la libertad de movimiento, la seguridad jurídica y toda una serie de derechos garantizados por convenciones firmadas y ratificadas por El Salvador. El más reciente informe de derechos humanos del Idhuca no deja duda de ello. Otros informes insisten en lo mismo. El Gobierno, la PNC, la Fiscalía y el sistema judicial han sido, por comisión u omisión, los mayores violadores de derechos humanos.

En ciertos niveles gubernamentales se acusa de ideológicos a quienes defienden derechos humanos. O incluso, en su ignorancia, se burlan de derechos consagrados diciendo que quienes perdieron las elecciones tendrán que solicitar derecho de asilo. Caso aparte es el director de Centro Penales, que por su actuar da la impresión de que no conoce la ley penitenciaria de El Salvador. Asimismo, con múltiples violaciones de los derechos de los privados de libertad, ha demostrado una ignorancia absoluta de convenciones y estándares internacionales que señalan modos de proceder coherentes con la finalidad que tienen las prisiones. Será bueno recomendarle la lectura, además de la ley, del manual “Los derechos humanos y las prisiones”, publicado por la ONU.

La falta de cultura de derechos humanos tiene una larga historia. Una de sus causas fundamentales ha sido la indiferencia de instituciones estatales y, especialmente, de la clase política, que ni se ha preocupado demasiado por ellos, sobre todo en el campo de los derechos económicos y sociales, ni ha tratado con seriedad de corregir abusos institucionales. El control de la política por parte de grupos oligárquicos, y de militares a su servicio, silenció durante mucho tiempo los esfuerzos de algunos salvadoreños por impulsar los derechos de los pobres. La brutalidad de una guerra civil con múltiples y graves abusos ha dejado también una herencia que dura hasta ahora y que contemplamos en la tradición de impunidad, en las trampas judiciales y en el irrespeto a las leyes.

Los derechos humanos son, en primer lugar, una moralidad externa al poder. La famosa “moralidad notoria” de la que habla la Constitución no sería moralidad, ni mucho menos notoria, si no tuviera en cuenta los derechos humanos. Porque estos se fundamentan en los valores básicos de la persona. En la práctica, la moralidad notoria de muchos funcionarios no ha sido en nuestra historia más que fariseísmo notorio, es decir, apariencia de moralidad. Salir del fariseísmo y optar por respetar y trabajar sistemáticamente en favor de los derechos humanos es el único camino que tenemos para construir un desarrollo fraterno y capaz de potenciar las capacidades de nuestra población y ponerlas al servicio de todos. Crear cultura de derechos humanos nos hará mejores personas a todos.

* José María Tojeira, director del Idhuca.