Escasa honradez notoria

Han pasado poco más de dos años desde los comicios legislativos y electorales del 2015. Con otro período electoral a la vista, siempre es necesario revisar las actuaciones, Probidad y la ética de los candidatos que resultaron electos y que están en proceso de convertirse nuevamente en candidatos para el período 2018-2021.

Para este ejercicio, se revisó la lista de funcionarios sancionados por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) hasta febrero de este año. (http://www.teg.gob.sv/phocadownload/portal/sancionados/Registro%20de%20Personas%20Sancionadas%20febrero%202017.pdf).

Por ejemplo, en septiembre de 2015, Ezequiel Milla Barrera, alcalde La Unión por el partido Arena, fue sancionado por el TEG por utilizar vehículos institucionales para transportar a sus hijos a su centro de estudios. Además la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia también reveló, el año pasado, que Milla estaba siendo investigado para determinar si su patrimonio había crecido desde que comenzó a ser alcalde. La Corte de Cuentas de la República también abrió un juicio de cuentas en contra de Milla y parte de su concejo municipal por otorgar viáticos en exceso y por la contratación de un servicio de telefonía sin realizar proceso de licitación.

El 13 de enero de 2016, Tomás Minero, alcalde de Ciudad Delgado por el FMLN, también fue sancionado por el TEG por permitir la colocación de un rótulo de ALBA en vehículos de la alcaldía. De igual forma, el alcalde del municipio de Colón, por Arena, también fue sancionado por utilizar bienes de la alcaldía para actos de proselitismo. En esta lista también figura el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, por haber contratado a un familiar para dirigir el Instituto Municipal de los Deportes (Imder).

En la lista de los sancionados también se encuentra el diputado de Arena, David Reyes, quien aceptó que su hermana utilizó un carro de la Asamblea Legislativa para realizar un viaje a Nicaragua. Sin embargo, antes de aceptarlo, Reyes negó la acusación y aseguró que la noticia era falsa. Finalmente, el Tribunal de Ética Gubernamental lo sancionó con una multa de $6 mil.

Una de las últimas sancionadas por el TEG fue la diputada de Arena, Mayteé Iraheta, por influir en la contratación de su hermana en la Asamblea Legislativa.

Como vemos, las sanciones del TEG solo son monetarias y no impiden que los funcionarios de elección popular que han sido sancionados participen en los próximos comicios electorales, pero es importante que la ciudadanía asuma un papel más activo en la contraloría de los funcionarios que han elegido para evitar corrupción, clientelismo, nepotismo, falta de transparencia y otras faltas. No se puede dejar que solamente otras instituciones del Estado vigilen a sus funcionarios, sino que es urgente que la ciudadanía participe en el “saneamiento” de la Asamblea o de las alcaldías negándose a reelegir a funcionarios que incurran en actos antiéticos o de corrupción o que hayan usufructuado el aparato del Estado para satisfacción de sus mezquinos intereses.