Ética y libertad de prensa

En 2014, el Día Mundial de la Libertad de Prensa se ha centrado en la importancia de los medios de comunicación en el desarrollo, la seguridad de los periodistas y el Estado de derecho, y la sostenibilidad e integridad del periodismo. La fecha, el 3 de mayo, es considerada como una buena oportunidad para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, evaluar su situación en el mundo, defender a los medios de comunicación de los atentados contra su independencia y rendir homenaje a los periodistas que han muerto en el cumplimiento de su deber.

El Código de Ética de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), aprobado hace algunos años, plantea la necesidad de unificar el periodismo profesional con la responsabilidad ética. Y recoge en sus 39 artículos un conjunto de normas y criterios que deberían orientar seis tipos de relaciones propias de toda actividad periodística. Nos parece oportuno recordarlas en el contexto de esta celebración mundial, sobre todo considerando el rol crucial que puede tener el periodismo en el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho; fundamentales si aspiramos a una sociedad estable e incluyente.

En su relación con la sociedad, el Código señala que del periodista y de los medios que ofrecen noticias se espera que cumplan debidamente su función social, haciendo prevalecer los intereses de la colectividad. Esto implica observar siempre una clara distinción entre hechos y opiniones; difundir únicamente informaciones fundamentadas y evitar datos que puedan lesionar o menospreciar la dignidad de las personas, o el descrédito injustificado de instituciones públicas o privadas; informar de todos los acontecimientos dignos de relieve y evitar la descripción morbosa de la violencia; fomentar el diálogo abierto con los interlocutores y hacer efectivo el derecho de respuesta; defender el derecho de información evitando la discriminación de fuentes; rechazar contratos incompatibles con la integridad y la dignidad de la profesión; y promover al interior del medio de comunicación figuras de control que den validez y garanticen el cumplimiento de los valores éticos del quehacer informativo.

Ante las fuentes de información, exhorta a la objetividad, la exactitud, el secreto profesional y el respeto a la dignidad de las personas. Esto supone sustentar la información con fuentes fidedignas; acceder a ella sin recurrir a procedimientos ilícitos; respetar su confianza; respetar el derecho de las personas a su propia intimidad; y no prejuzgar, antes del proceso legal, los casos llevados ante un tribunal. Con respecto a la niñez, se pide que el periodista observe y garantice toda legislación internacional reconocida por el Estado salvadoreño, además de las leyes nacionales sobre los derechos del niño y la niña. Esto pasa por no publicar información que conduzca a identificar a las víctimas de maltrato y hechos de violencia, así como abstenerse de presentar imágenes o nombres de menores en conflicto con la ley.

Frente al funcionario público, se exige que el periodista haga prevalecer el derecho a la información por encima de cualquier restricción que pueda vulnerar la transparencia informativa. Esto implica rechazo y denuncia de todo tipo de soborno proveniente de funcionarios públicos o particulares que pretenda suprimir o alterar información de interés colectivo. Respecto al vínculo con las empresas de comunicación, del periodista se espera lealtad, en cuanto no sea incompatible con su conciencia profesional, las leyes y la libre expresión. En este plano, el periodista debe potenciar el derecho de respuesta, así como interesarse por que la empresa periodística proporcione condiciones adecuadas para su desempeño profesional. Finalmente, el Código nos habla de la necesidad de dignificar la labor periodística, lo que supone renunciar a otras actividades profesionales que pudieran ser incompatibles con la ética de la información. Asimismo, se exige el compromiso de garantizar la libre expresión y no crear noticias para satisfacer intereses de personas, empresas o instituciones.

Estas normas y criterios no son simples ideales de lo mejor que podría esperarse del periodismo. Pretenden enfrentar las restricciones o coacciones a la labor periodística provenientes de las distintas formas de poder y alertar de las posibles degradaciones o desviaciones que puedan producirse en las formas concretas de ejercerla. Sin duda, esta profesión enfrenta amenazas, unas obvias y otras más o menos sutiles y complejas. Por ejemplo, es un hecho que la estructura empresarial y la presión del mercado ejercen una poderosa influencia en la actividad de los medios, que a menudo se ven envueltos en tensiones derivadas de exigencias contrapuestas entre sí: las de obtener el máximo beneficio posible como empresas y las de prestar un servicio a la sociedad como medios de comunicación. Ante el predominio de la lógica empresarial, la ética de la comunicación y la deontología profesional se ven postergadas y se acrecienta la percepción colectiva de que los medios están más atentos a las exigencias del mercado que a sus responsabilidades sociales.

El antídoto para esta tendencia consiste en establecer un equilibrio, evitando que los criterios del mercado se impongan a los informativos. Para esto, es necesario reconocer y afirmar la naturaleza específica de la empresa informativa (ligada a un derecho humano fundamental: la comunicación), a diferencia de iniciativas empresariales y negocios de otra naturaleza. En consecuencia, tendrá que desarrollarse lo que se ha denominado "la ética de la empresa informativa", que implica disponer de mecanismos de autorregulación, tanto para el medio como para los profesionales y el público.

Por otra parte, en un contexto como el de la región centroamericana, la libertad de prensa no está exenta de sufrir violencia, sobre todo cuando se ejerce buscando la verdad, la transparencia y el bien colectivo frente a la mentira, el encubrimiento, la desinformación y la impunidad. Como se sabe, la violencia contra los periodistas se ha intensificado, principalmente en Guatemala y Honduras, dos de los 15 países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo. Sin embargo, no cabe duda de que un periodismo libre, ético y de calidad es fundamental para el desarrollo democrático de una sociedad. A los Gobiernos, por su parte, les compete —si son coherentes con el Estado de derecho— proteger la vida, la independencia y el pluralismo de los profesionales, así como garantizar el ejercicio libre de los medios de noticias, especialmente en contextos críticos y de alto riesgo.