Fuentes de corrupción

En repetidas ocasiones he tocado el tema de los sobresueldos con políticos tanto de Arena como del FMLN. Siempre animé a las personas con las que hablé a insistir en sus partidos en que pusieran mejores salarios a los ministros (no sabía que los fiscales también cobraban) y otros altos funcionarios del Gobierno. El miedo era siempre a las críticas que podrían recibir si se les doblaba públicamente el sueldo a este tipo de empleados. Que un ministro ganara menos que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia o un diputado con puesto directivo me parecía ridículo. Y más ridículo todavía que tuvieran que pagarle en sobre oculto, sin registro y sin poder transparentarlo en la declaración de renta (algo a todas luces ilegal). No sabía el monto que se entregaba; pensaba que andaba entre los 2,000 y los 2,500 dólares. Desde mi ingenuidad, suponía que a todos se les daba lo mismo. No me imaginé esas cifras arbitrarias que, según Luis Martínez, oscilaban, al menos en lo que a él correspondía, entre los 10 mil y los 20 mil dólares.

Vinculada a esta actividad sabía que estaba la partida secreta. Una crítica mía bastante fuerte a dicha partida, publicada en un periódico, me valió una carta de Mauricio Funes manifestando su inconformidad. Sabía también que de esa partida se pagaba ilegalmente al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Y digo ilegalmente porque toda institución del Estado debe aparecer en el Presupuesto Nacional. Y el OIE, desde que fue creado por decreto ejecutivo en 1992, apoyándose en una ley que le daba al Presidente la facultad de organizarlo y dirigirlo, nunca apareció. E incluso después, cuando fue necesario, a partir de un reclamo constitucional, refundarlo desde una decreto legislativo, continuó fuera del Presupuesto, cometiendo con ello todos los Gobiernos y las sucesivas Asambleas Legislativas una violación a la Constitución. Si se quisiera mantener en secreto el presupuesto del Organismo, incluso con respecto a la Asamblea Legislativa, habría que hacer una reforma constitucional.

Este modo de actuar, tanto en los sobresueldos como en los gastos del OIE que salen de la misma partida, denominada “secreta” por la gente, se presta sin duda a que se produzca corrupción. Ciertamente, la transparencia y la claridad de las cuentas se enturbia y puede incluso desaparecer. Además, conlleva una especial dependencia de los funcionarios. Si un Fiscal General recibe entre 10 mil y 20 mil dólares extra de parte del Ejecutivo, tiene una dependencia mayor del mismo que si tuviera un salario autónomo. Un ministro que recibe un sobresueldo que puede ser varias veces superior a su salario oficial tiene una dependencia tanto del partido como del Ejecutivo demasiado fuerte. Es cierto que no todos los ministros han tenido sobresueldos. Pero la tendencia ha sido a darlos, aunque algunas personas los hayan rechazado.

Pese a que en nuestro país hay muchas cuestiones pendientes, la de la transparencia es fundamental para ganarse la confianza ciudadana. La gente tiene la experiencia de que los fondos se utilizan mal. Las publicaciones sobre las mentiras y los gastos oscuros de Guillermo Gallegos no solo lo ensombrecen a él, sino en buena parte a la Asamblea Legislativa, incapaz de censurarle. Una comisión de ética parlamentaria que tenga la capacidad y la voluntad política de medirles las costillas a algunos diputados es imprescindible para mejorar la imagen de la Asamblea. Los delitos y faltas cometidos por los ciudadanos deben tener sanción. Pero los de los diputados y funcionarios deberían ser juzgados con mayor rigor, por estar al servicio de la ciudadanía y traicionar la exigencia constitucional de “notoria honradez”. Esa “notoria honradez”, más allá de los delitos, exige una supervisión intraparlamentaria seria. No se puede decir que se hará un viaje, recibir dinero para ello, no viajar y después quedarse con el dinero. Los rateros, sean diputados o delincuentes callejeros, no pueden ser tildados de honradez notoria. Aunque viendo la definición principal de ratero que da la Academia de la Lengua, resulta difícil aplicarla a un diputado. El diccionario dice que ratero es “el que hurta con maña y cautela cosas de poco valor”. Un diputado que miente para quedarse con dinero no tiene maña, ni es cauteloso, ni generalmente se apropia de cosas de poco valor.

Un remedio de largo plazo es invertir más en educación. Conocer responsabilidades, recibir formación en valores, además de mejorar la calidad de la enseñanza nacional, es una urgencia en El Salvador. Pero también hay que actuar en el plazo inmediato. Corregir la costumbre de los sobresueldos o de los presupuestos indeterminados, como el de la OIE, y crear una comisión de ética en la Asamblea son medidas que deberían tomarse de inmediato. No es, por supuesto, suficiente para corregir toda la serie de problemas cuyas causas se llaman desigualdad, bajos salarios, pobreza y violencia. Pero al menos contribuiría a ganar confianza ciudadana en que las cosas funcionan desde las leyes, normas y valores de la democracia, y no desde el capricho y la arbitrariedad. Y la confianza ciudadana al final es la que puede volcar la situación del país hacia un desarrollo sostenible. Un amigo mío —del FMLN, por cierto— habla siempre de la necesidad de buscar una correlación de fuerzas positiva para mejorar la situación de país. Si no hay confianza ciudadana, ni la correlación de fuerzas nos llevará a buen fin.