Gustavito desnuda al país

Gustavito, el hipopótamo que saltó a la fama por lo inexplicable de su muerte, ha exhibido con claridad meridiana la realidad, tanto dentro como fuera del país. Su deceso figura en la prensa internacional como una muerte más de las miles que ocurren en El Salvador. Muertes no investigadas y, por tanto, sin responsable y sin justicia. La versión oficial atribuye la muerte del animal a una especie de ejecución sumaria, como la de un pandillero más, perpetrada por desconocidos con armas corto punzantes y piedras. Sin duda, les debió costar lo suyo matar a un paquidermo tan voluminoso como agresivo con un procedimiento así de primitivo. Pero en este país —como suelen decir en el futbol cuando no tienen explicación para algo— puede pasar cualquier cosa.

En un segundo momento, apareció otra versión, ratificada en lo fundamental por la necropsia. Gustavito padecía de graves trastornos intestinales desde hacía más de dos semanas y murió a causa de una hemorragia pulmonar. Tal vez de haber contado con seguro privado de salud, no habría muerto prematuramente. Al parecer, no es el único huésped del zoológico sin la debida atención veterinaria. La necropsia señala, además, la ausencia de lesiones externas. Pese a ello, el Gobierno sigue en sus trece. La Fiscalía, fiel a su tradición, da más credibilidad a la versión oral de los funcionarios que a la evidencia científica, dizque por consideración a ellos, es decir, a quienes tienen el poder.

Los decires de los policías, no respaldados por evidencia comprobable, son suficientes para enviar a cualquiera —sobre todo si es joven— a la cárcel y al juez. En la misma tradición de la Fiscalía, muchos jueces se resisten a exigir o a aceptar evidencia científica. Hay unos que se presentan a la sala de audiencias con la sentencia escrita, antes de escuchar los argumentos de descargo. Así, pues, muchas sentencias se basan en decires policiacos y de los mal afamados testigos criteriados, detenidos que, a cambio de privilegios, se avienen a incriminar a quien fiscales y policías señalen. Pareciera que uno de los indicadores del éxito represivo es la cantidad de capturados en las redadas, donde también caen muchos inocentes, sacrificados en aras de una falsa idea de eficacia policial.

La inesperada muerte de Gustavito ha conmocionado a la opinión pública. Muchos lamentan la muerte del hipopótamo, quizás influidos por los medios de comunicación, que le han dedicado amplios espacios al hecho. Algunas voces protestan contra el maltrato animal y piden transformar o cerrar el zoológico. La conmoción e indignación desproporcionadas contrastan con la indiferencia con la que esa misma opinión pública y esa misma prensa observan cómo se apilan los cadáveres de los asesinados, cómo aumentan las ejecuciones sumarias, cómo proliferan las acusaciones infundadas y cómo se hacinan las cárceles. Hemos llegado a tal grado de inhumanidad que nos indigna más la muerte de un animal que la de miles de seres humanos. Frecuentemente, la mascota es más cuidada y querida que los próximos en necesidad. Sin aprobar el maltrato animal, es evidente que algo anda mal en nuestra realidad humana y en nuestro cristianismo, porque el evangelio de Jesucristo manda expresamente no matar, y orar, bendecir y rezar por los enemigos.

El talante autoritario del Gobierno ha dado con la solución ideal para proteger a los animales a su cargo: militarizar el zoológico. A partir de ahora, los militares también garantizarán “el buen vivir” de los animales. Desde siempre, los Gobiernos se han empeñado en resolver los problemas sociales con la militarización. El escándalo de Gustavito y, en general, del zoológico es lo que le faltaba a esta administración al borde de la quiebra financiera, entregada a las exigencias del Fondo Monetario Internacional y de sus aliados locales, y empeñada en reprimir indefinidamente.

Las autoridades, como no podía ser menos, lamentan la suerte de Gustavito y prometen investigar a fondo. Pero las investigaciones son tan exhaustivas que nunca concluyen. La verdad es que no están interesadas en investigar, mucho menos cuando conocen de antemano quiénes son los responsables. En un caso de incompetencia profesional como este, la responsabilidad directa recae en los funcionarios a cargo del zoológico y en sus superiores inmediatos. Por eso, autoridades y voceros hacen malabarismos para compaginar la evidencia científica con la mentira institucional. En cualquier país con cierto sentido ético y de la vergüenza, esos funcionarios habrían renunciado desde el momento en que se conoció el resultado de la necropsia. En El Salvador, el esclarecimiento de los escándalos y los crímenes se abandona al tiempo y a la desmemoria. Por eso, al último dictador se le han rendido honras fúnebres de jefe de Estado. Nada nuevo en El Salvador.