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El Salvador está viviendo momentos de mentira, cinismo y fariseísmo político. En los últimos días, se ha repetido mucho que todo se hace por "salvar" a la Corte Suprema de Justicia. Y este domingo se instaló la nueva Corte, desoyendo las sentencias de la Sala de lo Constitucional que inhabilitaban a los magistrados elegidos en 2006 y en 2012. Aunque se niega que haya un golpe de Estado, la instalación de los 10 magistrados (precisamente, los inhabilitados) tiene algunos de los ingredientes de lo ocurrido recientemente en Paraguay y hace tres años en Honduras. Los nuevos funcionarios tomaron posesión de sus cargos bajo un gran dispositivo de seguridad, a fuerza de pistola, como lo muestran claramente las fotografías de los periódicos; rodeados de manifestantes tanto a favor como en contra; con extensa cobertura informativa; y con la participación fundamental, pero tras bambalinas, de los otros poderes del Estado, es decir, la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República.
Para entender bien este lamentable episodio de la noche política salvadoreña, es útil repasar la actuación de la Sala de lo Constitucional a partir de la llegada de 4 de sus 5 magistrados a mediados de 2009. "Se ha nombrado una Sala de lo Constitucional muy profesional y creemos que el país va a ganar con la integración de esa Sala", dijo en aquel momento el coordinador general del FMLN, Medardo González. Y no se equivocó. El país ganó porque las sentencias de la Sala tocaron a los principales poderes del país, mal acostumbrados a torcer las leyes para su beneficio.
En 2010, la Sala obligó a La Prensa Gráfica a pagar un premio millonario que le había sido negado a la ganadora de un concurso relacionado con el Mundial de Fútbol de 1998. El periódico ofreció en ese momento un premio de 10 millones de colones a quien adivinara los resultados de los juegos del Mundial, pero luego no reconoció a la ganadora aduciendo que su boleta no apareció en los buzones. La señora entabló un largo proceso judicial que fue a parar a la Sala de lo Constitucional, que sentenció que el medio de comunicación debía honrar su palabra. La Sala tocó así a uno de los grandes poderes del país. También tocó privilegios del Ejecutivo cuando declaró inconstitucional la desviación de fondos sobrantes de las carteras de Estado hacia Casa Presidencial para uso discrecional del Presidente.
Otras sentencias de gran impacto fueron las que alteraron el sempiterno poder de los partidos políticos. La Sala sentenció la cancelación del PCN y del PDC por no haber alcanzado en la elección de 2004 el mínimo de votos exigido por la ley. También declaró inconstitucional la elección de dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral por ser estos representantes de partidos políticos (PCN y PDC) y no de la sociedad civil. Además, mediante otra sentencia eliminó la exclusividad de los partidos políticos en la representación de la ciudadanía abriendo paso a las candidaturas independientes. Y con otra más le redujo a los partidos el poder de decidir quiénes son los diputados, al propiciar que la ciudadanía vote directamente por las fotografías de sus candidatos preferidos. Como corolario, declaró inconstitucionales las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de los años 2006 y 2012 por adolecer de vicios legales.
Los que repiten el discurso del FMLN deben aclarar en qué benefician estas sentencias a la derecha del país, en específico a Arena. Nadie con mediana sensatez podrá negar que lo que han hecho los magistrados de la Sala es aplicar la Constitución y actuar en contra de los que manipulan las leyes, independientemente del color político o de su capacidad económica. Y esta es la verdadera razón de todo el problema. A la actual Sala no la quieren porque no les conviene. No la quieren porque ha propiciado cambios de fondo; cambios que no ha implementado el Gobierno ni el partido que los prometió. No la quiere ningún partido, pero Arena disimula porque en este juego sucio tiene rol destacado el FMLN.
Quitar de en medio a los magistrados era cuestión de tiempo. Manipularon sus sentencias para quitarles su mordiente transformadora; pretendieron frenarlos aprobando el decreto 743, que sancionó en tiempo récord el presidente Funes; y buscaron desarticularlos acudiendo a una Corte Centroamericana de Justicia desprestigiada y parcializada. Funes, que recomendó cumplir la sentencia de esta Corte venida a menos, para ser coherente, debería obedecer las recomendaciones de obligatorio cumplimiento de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para los casos del asesinato de Mauricio García Prieto y de la masacre en la UCA. Esas instancias tienen mayor reconocimiento y credibilidad, pero el Presidente las desoye porque, a diferencia de la Sala de lo Constitucional, no ha querido tocar a los poderosos del país.
Por eso, todo lo que se argumenta para quitar de en medio a la Sala es mentira. Este problema nunca ha sido jurídico, sino político. Este domingo se convirtió en un asunto de fuerza, y para ejercerla el Frente cuenta con sus allegados en la Asamblea y con el jefe del Ejecutivo, quien a su vez dispone de la Policía y del Ejército. Es, así, un insulto a la inteligencia y una infame mentira afirmar que todo se hizo para salvar a la Corte y por el bien del país. Y esta mentira, aunque a fuerza de repetirse termine siendo aceptada, siempre tendrá el peso oprobioso de la falsedad.
