Justicia para las víctimas

Mientras casi todas las miradas y la atención de muchos sectores estén puestas en la visita del quinto presidente estadounidense a nuestro país, en un rincón del mismo se estará desarrollando un evento que —poco a poco, contra viento y marea— se va abriendo paso y afirmando dentro de nuestra realidad como algo indispensable para alcanzar, de verdad, una unidad nacional sólida y perdurable. Se trata del Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador, que se llevará cabo del lunes 21 al miércoles 23 de marzo en el municipio de Arcatao, Chalatenango.

El Tribunal se viene realizando desde marzo de 2009 en el marco del Festival Verdad y es impulsado por varios comités de víctimas, sobrevivientes de antes y después del conflicto armado, junto con el Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Es una expresión concreta de la llamada "justicia transicional", mediante la cual se impone una condena moral y pública a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, delitos contra la humanidad y crímenes de guerra. Asimismo, sirve para continuar señalando el incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado al respecto.

El Tribunal constituye un espacio único en el país de denuncia selectiva de casos investigados y documentados, de acuerdo a las exigencias de la normativa internacional de los derechos humanos y del derecho Internacional humanitario. Pero, sobre todo, es una tribuna donde las víctimas hablan y son escuchadas, constituyéndose así en un acto reparador del daño causado.

No basta eso, pero es parte de un camino que debe recorrer nuestra sociedad y que además incluye la derogatoria o la anulación de la ley de amnistía, y el cumplimiento del mandato constitucional que tiene el Fiscal General de la República para que todas las víctimas de torturas, desapariciones forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos conozcan la verdad y encuentren justicia.

Asimismo, de parte del Estado, ese camino a recorrer supone la creación de centros para la atención psicológica gratuita de todas las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y sus familias; la creación de una entidad autónoma con participación decisiva de la sociedad civil, que entre sus acciones demande la recuperación de los archivos de la Comisión de la Verdad y los ponga a disposición de la población salvadoreña para que conozca su contenido; y la difusión amplia de la verdad sobre todo lo ocurrido en el marco de la violencia política y la guerra que asolaron al país, especialmente a través de programas de educación básica, como una de las formas para garantizar la no repetición de delitos similares.

Esas son algunas de las peticiones hechas por las víctimas a las y los jueces que integraron el Tribunal en 2009 y 2010. Para su realización en esos dos años y para la próxima instalación del mismo, se ha contado con la solidaria y decidida participación de juristas brasileños, españoles y salvadoreños de reconocida trayectoria en la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de las víctimas; también con personas que, sin ser profesionales en la materia, se identifican con el sufrimiento profundo de nuestra población afectada por la barbarie y la impunidad oficial.

La visión y versión oficiales durante la época estuvieron impregnadas de un alto grado de desvergüenza. No era la razón de Estado; era el cinismo de Estado. Solo así se explica que se haya afirmado que nunca sucedieron las masacres en El Despertar (enero de 1979), La Quesera (octubre de 1981), El Barío (abril de 1982) y El Mozote (diciembre de 1981), entre otras.

A casi veinte años del fin de la guerra, aunque ya se reconoce que esos crímenes y otros ocurrieron, las víctimas siguen sin conocer la verdad completa y sin obtener justicia. El Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador es, pues, una herramienta en sus manos para alcanzarlas.

Este Tribunal —afirmó el padre José María Tojeira el año pasado— "no sólo viene a hacer justicia. También viene, de alguna manera, a pagar una deuda; una deuda con las víctimas que nos han legado valores, que nos han legado capacidades profundas para mejorar y para ser mejores personas. Si queremos un país de personas dignas, hay que saber agradecer estos valores que las víctimas nos han legado. Y el agradecimiento debe convertirse siempre en compromiso de construir un país sin impunidad. La impunidad sigue siendo una de las plagas más terribles en El Salvador".