La moralidad está de moda, la ética se olvida

Los líderes del país están confundidos: hablan de moralidad y se despreocupan de la ética. ¿Es esto posible? Todo parece indicar que sí. Se habla de moralidad, pero nadie se preocupa de que el Tribunal de Ética Gubernamental no esté constituido. El titular de la institución, que debería decirles al Presidente de la República, al de la Corte de Cuentas y al Ministerio Público que están faltando gravemente a la ética pública, prefiere entrar en la moda de la moralidad y adelantar criterio contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Rodolfo González. Tanto la Corte como la Asamblea Legislativa acumulan la mayoría de denuncias recibidas en el Tribunal de Ética. Sin embargo, son las dos únicas instituciones que han cumplido con la ley nombrando cada una a uno de los cinco magistrados que deben estar en el Tribunal. En otros sectores parece existir una voluntad clara y deliberada de no darle vida a la instancia, porque de lo contrario no se explica que hayan pasado ocho meses sin que se nombre a los tres magistrados que faltan.

Una reflexión sobre la práctica real de nuestro liderazgo nacional nos termina diciendo que si no hay caso judicial en contra, no hay problema de moralidad. Tal vez por eso no se quiere derogar la ley de amnistía de 1993, a pesar de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quizás en las mentes de nuestros legisladores existe la idea de que si se derogase la ley, crecería la inmoralidad en el país, al ser juzgados algunos de los que asesinaron, masacraron, autorizaron la tortura o violaron a las mujeres detenidas por motivos políticos. Por si acaso, nuestros diputados defienden con la ley de amnistía la moralidad notoria de todos aquellos que podrían ser llevados a juicio. Porque sin juicio abierto, por lo visto, no hay problema de moralidad.

El Presidente de la República, en una de sus acertadas intervenciones en la vida pública, pidió que se revisara la figura de militares ya fallecidos que la Fuerza Armada mantiene como héroes, pero que simultáneamente están señalados como autores materiales o intelectuales de masacres. Nada se ha hecho hasta el presente. Aunque las víctimas son inobjetables, estos victimarios gozan de buena salud moral y siguen presentes no solo en las dependencias de la Fuerza Armada; por ejemplo, en las inmediaciones de un centro comercial se levanta un monumento a la moralidad notoria de una persona acusada de dirigir escuadrones de la muerte y de ser el autor intelectual del asesinato de monseñor Romero. Los contrastes entre moralidad y ética son abundantes, y reflejan la paradoja de un país en el que la ética pública está por los suelos, mientras la moralidad se califica sistemáticamente como notoria en todo aquel que no tiene un juicio formal pendiente.

Nadie sabe con claridad qué quisieron decir los firmantes de la Constitución cuando estipularon en esta que los funcionarios deberían tener moralidad u honradez notoria. El caso es que muy poca gente cree que dicha moralidad sea el objetivo prioritario de nuestros políticos. De hecho, jamás se ha realizado una investigación seria sobre la moralidad de los políticos, ni se han elaborado criterios de moralidad claros para ellos. Los debates hoy de moda en torno a la moralidad del magistrado González no engañan a nadie. La catadura ética de nuestro liderazgo político no está mejorando con este debate. Al contrario, debajo del discurso pomposo y moralista de gente que tiene la cola pateada en demasiados terrenos, se advierte un doble propósito: la venganza contra un grupo de personas que se tomaron en serio la Constitución y el deseo de quitarle fuerza a una Sala de lo Constitucional que ejerció control sobre los poderes ejecutivo y legislativo. Esos poderes a los que tanto les gusta actuar arbitrariamente. Pero sépanlo, señores políticos, que por más que hablen ustedes de moralidad, ni la venganza ni la arbitrariedad caben dentro de la moral o de la ética pública.