La vulnerabilidad de siempre

Como ya hemos insistido desde este espacio, en El Salvador urge colocar al ser humano como centro de la actividad política. Cada año, con el invierno quedan al descubierto las fallas de siempre en materia de gestión del riesgo: falta de políticas y planes de prevención, gestión y mitigación de riesgos; así como carencia de recursos financieros, técnicos y humanos para desarrollar esta labor.

Según datos del Sistema Nacional de Estudios Territoriales, hay al menos 100 nuevas zonas de riesgo en El Salvador. Por ejemplo, más de 21,000 personas en el municipio de Mejicanos estarían en peligro ante la posibilidad de un deslave en el volcán de San Salvador, causado por las lluvias. En Soyapango, los habitantes de la comunidad 3 de Enero también corren peligro debido a la posibilidad de inundaciones y derrumbes, ante lo cual la alcaldía ha diseñado un plan de emergencias.

Sin embargo, este tipo de problemas amerita respuestas integrales y preventivas —no solo reacciones con efectos momentáneos— para evitar víctimas y daños materiales. Además, no se trata sólo de actuar a nivel municipal, sino de realizar un esfuerzo integrado e interinstitucional. Ello requiere coordinación efectiva, recursos suficientes, capacidad de gestión, efectividad operativa y, sobre todo, partir de la prevención como estrategia.

En otras palabras, se necesita un verdadero sistema nacional de prevención de desastres y gestión del riesgo. Una instancia que se dedique no sólo a labores de limpieza en quebradas, sino a obras de mitigación, a capacitación constante sobre riesgos en las comunidades vulnerables, a garantizar la participación ciudadana en la formulación de planes de prevención, por mencionar solo algunas tareas pendientes.

Pero lo que tenemos es un Sistema Nacional de Protección Civil reactivo, que limpia quebradas en la zona metropolitana de San Salvador hasta que la temporada lluviosa ha iniciado. Pese a denominarse "sistema", la interrelación y coordinación institucionales no son una realidad. En repetidas ocasiones, ha demostrado ser un agente que actúa cuando el país vive los desastres y tragedias, más que una entidad que responsablemente los previene. Hasta el momento, tampoco cuenta con un fondo de protección civil. Si bien diseña planes de alerta temprana, estos se implementan mediante procesos de consultoría, lo cual deja claro que el Sistema carece de los recursos técnicos, financieros y humanos para ejecutar su labor.

Hace falta, pues, un giro en el diseño de políticas públicas en materia de gestión del riesgo y prevención de desastres. Por suerte, ante la poca operatividad de las autoridades, la ciudadanía se organiza para demandar respuestas eficaces, como es el caso del Comité Coordinador Intercomunitario creado por los habitantes de la zona de Mejicanos.

La organización ciudadana y la participación activa en la gestión de sus derechos son clave en el país. Mediante esfuerzos de este tipo, la población da signos de esperanza; ante el poder estatal, la organización ciudadana funciona como el contrapeso ideal.