Las garantías básicas del árbitro electoral

El árbitro electoral en Honduras ha fallado. Son evidentes los cuestionamientos que el Tribunal Supremo Electoral de ese país ha recibido en tres aspectos vitales en la gestión y transparencia de los comicios del pasado 26 de noviembre: el procesamiento de los votos; la transmisión de resultados; y la reacción ante señalamientos de fraude electoral. Ha pasado más de una semana de las elecciones generales y ante la falta de resultados firmes han ocurrido las expresiones más marcadas de una crisis política: suspensión de la garantía constitucional de libre circulación, despliegue militar para reprimir las manifestaciones en las calles y el silencio cómplice del jefe de gobierno hondureño que buscó la reelección bajo maniobras jurídicas censurables. En pocas palabras son las muestras de un régimen político con características autoritarias.

Las elecciones transparentes y competitivas son consideradas como uno de los componentes básicos en un régimen democrático, es evidente la existencia de otros elementos constitutivos a la democracia que la ciencia política viene indagando en los últimos años y se refieren a modelos económicos de distribución de riquezas, desempeño institucional y participación vinculante de la ciudadana; pero en esta oportunidad delimito a la dimensión electoral por la relevancia del árbitro (TSE) ante los sucesos de Honduras y el escenario -con sus propias características y sin la pretensión de presentar similitudes- que asume el Tribunal Supremo Electoral de las elecciones en 2018 y 2019 en nuestro país.

En la entrevista que El Faro hace a Marco Ramiro Lobo, magistrado suplente del TSE de Honduras, se mencionan fallos de este organismo que podrían constituirse indicios de fraude: la caída del sistema de transmisión de resultados por horas y luego el sospechoso cambio de tendencia cuando tenían el 57% de actas procesadas; el silencio del tribunal -hasta que comienza la presión de observadores internacionales y medios de comunicación- para emitir postura con evidencia ante las preocupaciones y denuncias de la Alianza de Oposición a pesar que la instancia dispone de protocolos o mecanismos de acción al momento del escrutinio preliminar. Que un magistrado del tribunal tenga dudas o sospechas del proceso de escrutinio en las elecciones pone en relieve la fragilidad de una institución fundamental del sistema político para cumplir su tarea: realizar elecciones transparentes que sean respetadas por los contendientes.

Con las salvedades en las características del caso hondureño pero el árbitro electoral de nuestro país debe tener en consideración los fallos de su homólogo para las elecciones de 2018 y 2019 en los tres aspectos citados al inicio: para el procesamiento de votos resulta esencial que las actas de cada JRV se registren correctamente de no ser así tendremos incertidumbre de los datos, eso causa tensión entre los partidos. Además, la transmisión de resultados con actualizaciones frecuentes es importante para divulgar lo que ocurre a la prensa, observadores y ciudadanía; por lo tanto la empresa que sea seleccionada debe ofrecer esas garantías con los programas y dispositivos informáticos necesarios, por lo tanto simulacros previos a las elecciones del 4 de marzo brindarán fortaleza para hacer ajustes y enviar mensajes de seguridad en el trabajo. La capacidad de reacción es una característica que el organismo colegiado deberá preparar para el día de la jornada electoral porque ante cualquier eventualidad generada por el escrutinio o acusaciones entre partidos, los magistrados podrán sustentar sus decisiones con la suficiente información técnica, normativa y de procesos que el TSE debe ofrecer en sus argumentos.