Lecciones de una polémica

Las apariencias engañan. Una medida en sí misma buena y necesaria, como aumentar la disponibilidad de fondos de las municipalidades, es, en realidad, una decisión perversa, o populista si se quiere, porque carece de viabilidad financiera. Los diputados de Arena y del FMLN, junto con muchos de sus alcaldes, celebraron estruendosamente la elevación del Fondo de Desarrollo Económico y Social (Fodes) en dos puntos porcentuales como si de un gran triunfo se tratara. Indudablemente, el desarrollo y la seguridad ciudadana pasan por el fortalecimiento del gobierno municipal, lo cual demanda aumentar el financiamiento, pero también replantear las competencias del gobierno central y local. Pero los diputados que aprobaron el aumento no están interesados en el bienestar de las comunidades, sino en facilitar más dinero a sus alcaldes para que ejecuten obras vistosas, no necesariamente útiles, que les agencien los votos suficientes para impedir el triunfo local de Nuevas Ideas en 2021. No “piensan en la gente” como asegura el FMLN, sino en los votos. Si la gente les preocupara, hace tiempo que habrían definido las competencias de los dos gobiernos y los habrían proveído de financiamiento.

El interés electoral los ha llevado a obviar la inviabilidad financiera del incremento. Es inaudito que un partido como Arena, atormentado por el creciente aumento del déficit fiscal y la deuda, haya aprobado una medida que no solo los elevará todavía más, sino que también aumentará el interés de los préstamos. En realidad, ninguno de los dos partidos se ha ocupado del aumento progresivo del endeudamiento de las municipalidades, lo cual pone en peligro la estabilidad de las finanzas nacionales. La empresa privada organizada, que justifica su presencia en el ente rector del agua por su conocimiento particular de los números, guarda conveniente silencio sobre una decisión con un componente financiero de primer orden. Es inaudito que partidos como Arena y el FMLN, que dicen combatir la corrupción, hayan aprobado una medida que, muy probablemente, aumentará el flujo para el enriquecimiento ilícito. Los diputados de esos partidos no pueden garantizar que el refuerzo financiero sea invertido en obras de beneficio comunitario.

Los dos puntos porcentuales fueron aprobados sin el correspondiente aumento del ingreso fiscal. Por tanto, están desfinanciados. La viabilidad de esta y de otras novedades depende de una reforma fiscal progresiva y de la erradicación de la evasión y la elusión. Recortar el gasto público, como alegan algunos alcaldes, es insuficiente. De todas maneras, es interesante observar cómo todos apuntan a la partida secreta, la cual, aunque abultada, es limitada; pero se abstienen de exigir recortes en el gasto legislativo y militar.

Los diputados actuaron con la misma trivialidad cuando redujeron las horas de servicio de los estudiantes de medicina, algo necesario y muy humano, pero no aumentaron las plazas, un vacío que anuló el recorte. Estas decisiones hacen dudar de su capacidad para legislar y de la utilidad de sus numerosos asesores. En lugar de revisar la legislación del tránsito terrestre en su totalidad, la emprenden contra los conductores del transporte público. Aunque no les falta razón en esto, es la ley en su conjunto la que debe ser reformada con criterios modernos. Pero eso parece estar fuera de su alcance. Así como lo está también la justicia transicional y el agua. Prefieran poner parches aquí y allá. Y eso después de muchos meses de sesudas deliberaciones.

Arena y el FMLN han comprendido que en dos años pueden perder el control de los gobiernos locales. Piensan que pueden evitarlo con obras municipales llamativas. Pero no han comprendido que las picardías y triquiñuelas difícilmente convencerán al voto que puede salvarlos de otra debacle. Además, tienen en contra la ineficiencia, el despilfarro y la corrupción predominante en muchas comunas, incluso en las más grandes y pobladas. En un año, poca obra se observa. Hay indicios de que el electorado quiere probar también en este nivel otra cosa, con la expectativa de que algo comience a cambiar.

Ciertamente, las alcaldías necesitan fondos, pero antes deben definirse sus competencias en relación con el gobierno central y también los controles, dado que la gran mayoría de municipalidades dedica la inmensa mayor parte del dinero destinado al desarrollo económico y social al gasto corriente, en concreto, a salarios, no a inversión. El gobierno central padece del mismo mal. El desfinanciamiento plantea la necesidad perentoria de la reforma fiscal, incluido el impuesto predial y patrimonial. El peso de la carga no debe caer indiscriminadamente sobre el consumo general, tal como proponen las instituciones financieras internacionales con la complacencia del gran capital, sino justamente sobre este. Entonces, sí hablará la empresa privada agremiada y lo hará con voz muy alta. La polémica de los dos puntos porcentuales evidencia que sin dicha reforma es casi imposible invertir más en infraestructura y en la gente.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.