Legitimidad democrática y capitalismo neoliberal

El triunfo electoral de Bukele y el curso que ha impreso al poder ejecutivo no solo tienen en jaque a los partidos tradicionales, sino también a los analistas, que no encuentran explicación convincente del fenómeno. El poder ejecutivo no se atiene a las formalidades institucionales ni parece tener mucho aprecio por los principios clásicos de la democracia. Simultáneamente, la solución autoritaria de corte militarista es cada vez más seductora. Si bien el rechazo de la política convencional es evidente, excepto para los partidos y sus dirigencias, aún no se vislumbra en el horizonte una práctica que la sustituya.

Tal vez la explicación de la excepcionalidad política actual se encuentre en otro lado: en la deteriorada relación entre el régimen democrático —basado en el imperio de la ley, las libertades individuales y la soberanía de la voluntad colectiva— y el sistema económico —fundado en la propiedad privada y la libre contratación—. El desmejoramiento continuo de las condiciones materiales de vida, no solo de las mayorías populares, sino también de las clases medias, genera indiferencia respecto al sistema democrático. Dicho de otra manera, las desigualdades creadas por el mercado son tales que han anulado el principio de igualdad democrática.

La solidez del régimen democrático se verifica en la capacidad para controlar las fuerzas del mercado capitalista y obligarlas a cumplir la función social de la propiedad privada, la cual se concreta en beneficios reales. La empresa privada agremiada rechaza el planteamiento como intervencionismo indeseado y perjudicial para la actividad económica. En este caso, la Constitución, que garantiza la función social de la propiedad privada, la trae sin cuidado. Los más extremistas tachan de comunismo semejante propuesta, aun cuando los beneficios reclamados no sean necesariamente iguales. Esta obcecada actitud de la empresa privada es la responsable directa del desprestigio de la democracia. En realidad, se trata de mantener las desigualdades dentro de límites aceptables como para no emigrar ni recurrir a la violencia para sobrevivir. La legitimidad de la democracia depende directamente de su poder para controlar el mercado y de cuán equitativamente distribuya la riqueza nacional a través de prestaciones sociales y servicios públicos. Entre más eficaz sea ese poder y esa distribución, más legítima será la democracia.

La globalización desreguladora neoliberal, una decisión política deliberada, ha despojado al Estado del poder para controlar el mercado. En realidad, el mercado se mueve al arbitrio de los capitales transnacionales. La finalidad de la globalización desreguladora es aumentar la tasa de acumulación de los grandes capitales, mientras la desigualdad se extiende y se agudiza. Paradójicamente, esta modalidad del capitalismo también ha despojado a los grandes capitales nacionales del poder de decisión. Las decisiones importantes son tomadas en instancias indiferentes a las consecuencias sociales. La apertura de “la ventana de oportunidades” de la que hablan el presidente Bukele y la ANEP no está en sus manos, sino en los centros de poder fuera de su influencia. Irónicamente, el capitalismo local aplaudió la desregulación, que servía bien a sus ambiciones, sin reparar en que perdía la dirección de la actividad económica.

Así, pues, la desregulación favorece la concentración del ingreso y la riqueza, mientras aumenta las desigualdades, es decir, creciente precariedad y miseria para las mayorías y estrecheces agobiantes para las clases medias. Desde esta perspectiva real, ninguno de estos dos sectores sociales tiene una buena razón para adherirse a la democracia. La ambición desmedida de unos cuantos, de dentro y fuera, ha hecho casi imposible la legitimidad democrática. La ciudadanía no se adhiere a un sistema político que no le proporciona beneficios materiales. Al contrario, se los niega activamente. No es descabellado pensar que esta sea la razón última por la cual los electores han abandonado al FMLN y Arena. Y difícilmente volverán a ellos mientras no comprueben que puede proporcionarle esos beneficios que les han negado en las últimas décadas. El futuro del gobierno de Bukele también se juega en la mejora real de las condiciones de vida de la gente.

La libertad que el Estado ha otorgado a la riqueza de unos cuantos privilegiados significa mayor autonomía para el capital, mayor empobrecimiento para las mayorías y mayor debilidad del régimen democrático. Los excesos del capitalismo y la no distribución justa de los resultados del crecimiento redundan en indiferencia o antipatía a la democracia. Qué sentido puede tener adherirse a un régimen político que estimula la acumulación de pocos, mientras descarta a los demás, tal como denuncia el papa Francisco. Eso es lo que han hecho Arena, por comisión, y el FMLN, por omisión. La laboriosidad salvadoreña, de la que el capital local se enorgullece cuando le da por el nacionalismo, no puede elevar el nivel de vida de manera tal que las necesidades básicas de la población estén aseguradas. No puede hacerlo, porque solo es reconocida por el nacionalismo hueco. No se traduce en subida de salarios ni en mejores prestaciones sociales y servicios públicos. Contrario a lo que sostienen la ANEP y sus socios, el capitalismo y la economía de mercado no fortalecen la democracia. La democracia es real y popular cuando controla la propiedad privada y el mercado, y contiene positivamente la desigualdad que estos provocan.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.