Los militares de antes

Por supuesto, hubo buenos militares. Pero durante la guerra se imponían los que violaban derechos humanos. Al menos conseguían que no se les acusara y quedar abrigados siempre por un manto de impunidad, hicieran lo que hicieran. Solo cuando había presión internacional cedían ligeramente y entregaban a alguno que otro que pagara por las culpas de jefes impunes. Hoy, la Fuerza Armada no es ya como la que vimos en el pasado. Queda alguno que otro con costumbres de antaño, pero no hay duda de que son más profesionales. Sin embargo, los militares del pasado, especialmente los que cometieron crímenes y quienes los respaldaron, insisten en permanecer como protagonistas del verdadero espíritu militar. Un error garrafal que muestra hasta dónde llega la ceguera de aquellos a quienes la brutalidad de la guerra les deformó la razón.

En efecto, un grupo, que se autodesigna como “los veteranos militares”, y en el que no están todos los veteranos, sino solamente los más recalcitrantes, pretende representar no solo al Ejército, sino a toda su historia. Y para ello publican un campo pagado, denunciando “esfuerzos para desprestigiar al soldado como tal y a la Fuerza Armada en general”. Un campo pagado que es en la práctica un anónimo y que viola la normativa de La Prensa Gráfica sobre publicación de comunicados. La afirmación de que se quiere desprestigiar al Ejército da risa, porque sugiere que hay una escalada contra la Fuerza Armada, cuando todas las quejas contra los militares han ido siempre acompañadas por nombres y apellidos, y por el detalle de los acontecimientos en los que las personas mencionadas se vieron involucradas en actividades ilegales.

En los juicios de deportación de Estados Unidos contra el general García se presentó una lista de 59 masacres cometidas por miembros de la Fuerza Armada durante el período en que el militar fue ministro de Defensa (1979-1983). Se puede suponer que el comunicado de los veteranos se refiere a este tipo de situaciones, o al juicio iniciado en torno a la masacre en El Mozote, cuando habla de campañas de desprestigio. Pero un juicio (la ignorancia legal de los militares de antes puede ser supina) nunca es una campaña de desprestigio, sino un esfuerzo democrático por resolver un problema. Y tal vez por ser los juicios un recurso democrático es por lo que el Ejército casi nunca abrió procesos contra jefes que violaban los derechos humanos. Porque en aquel entonces no funcionaba como una institución democrática.

Cuando a esa supuesta campaña se le llama “conspiración”, solo falta agregarle el calificativo “comunista”. Sería cómico que catalogaran de esa manera a los jueces norteamericanos que despacharon del país del norte a veteranos de alta graduación. Pero viniendo de estos veteranos ignorantes, todo sería posible. Porque el comunicado rezuma mucho de aquella ideología de la Seguridad Nacional que veía conspiraciones en todas partes. Ya los obispos latinoamericanos en Puebla, en 1979, condenaban ese estilo político-militar cuando decían que “las ideologías de la Seguridad Nacional han contribuido a fortalecer, en muchas ocasiones, el carácter totalitario o autoritario de los regímenes de fuerza, de donde se ha derivado el abuso del poder y la violación de los derechos humanos”. Pero el tema de los derechos humanos es tabú en los comunicados de este tipo de veteranos, en contraste con la Fuerza Armada actual, que, en vez de denigrarlos, los defiende y enseña en sus cursos de formación y ascenso.

Por supuesto, en el comunicado público anónimo de los así llamados veteranos, que como decimos no representan a todos ellos, no podía faltar la recomendación de que “no se abran heridas de hechos históricos”. Si por abrir heridas de hechos históricos se entiende abrir juicios por delitos de lesa humanidad, es evidente que los veteranos firmantes están en contra tanto del ordenamiento jurídico internacional como del ordenamiento nacional actual. Para provenir de exmiembros de una institución castrense “obediente, profesional, apolítica y no deliberante” (artículo 211 de la Constitución), la recomendación es ilógica y poco menos que rebelde. Carente de lógica, porque se supone que quienes han sido educados en la obediencia deberían estar abiertos, más allá de su opinión personal, a la legislación vigente. Irracional, además, porque las heridas provenientes de actos arbitrarios y violentos no se cierran a base de impunidad, sino a través de juicios con garantías adecuadas para los acusados y que tienen en cuenta los derechos de las víctimas. Qué más quisieran los delincuentes que se les diera perdón y olvido a todos sus delitos, bajo la lógica de que llevar a alguien a juicio es abrir heridas.

Y hay también una porción de rebeldía ante el orden jurídico vigente. Los derechos humanos son parte de nuestro ordenamiento jurídico, tanto a raíz de pactos internacionales como por nuestra propia legislación. Y las violaciones de dichos derechos deben ser llevadas a juicio, en la medida en que algunas de ellas son imprescriptibles, como deben ser llevadas a juicio todas aquellas violaciones actuales de los derechos humanos. Quienes nos movemos en el campo de dichos derechos deseamos que se avance en una ley de justicia transicional que permita beneficios y penas más suaves para quienes cooperen en las tareas de establecer la verdad y dignificar a las víctimas del pasado pidiéndoles perdón por los sufrimientos ocasionados. La hombría y el valor, la dignidad militar incluida, no se construyen sobre el ocultamiento de hechos, sino sobre el reconocimiento de la realidad y la capacidad de mostrar actitudes de cambio frente a los delitos del pasado. Y eso pasa por la petición de perdón y el reconocimiento de la dignidad de las víctimas. Lo contrario no es más que rebeldía estéril o forma larvada de amenaza para quienes buscan verdad, justicia y mecanismos de reconciliación.